El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado este lunes a quienes estos días le «están criticando mucho» -incluso dentro de sus filas- por oponerse al nuevo modelo de financiación autonómica, que el PSOE rechazó en el Congreso de Sevilla la ordinalidad porque se considera un «privilegio».
Desde la localidad conquense de Quintanar del Rey, el presidente castellanomanchego ha advertido de que algunos compañeros que hoy le están criticando, «hace unos años» decían lo mismo que él. «En el último Congreso del PSOE en Sevilla la propia ponencia rechazó dos enmiendas a favor de la ordinalidad en España», ha incidido.
En ese momento, ha recordado, ERC -«esos que se reúnen a hurtadillas mucho antes que los presidentes elegidos en las autonomías con el Gobierno y con el presidente»- salieron «protestando» porque decían que el Congreso del PSOE «había tumbado la ordinalidad».
«Quiero que sepa todo el mundo que si se si se está defendiendo la ordinalidad, se está haciendo en contra de lo aprobado en las resoluciones del Congreso del PSOE», ha sentenciado García-Page, quien ha defendido que «más allá de las cuentas o los cuentos que nos quieran plantear», ha dicho, «nosotros lo que necesitamos es un sistema que, como mínimo, sea transparente».
Ha afeado la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del pasado viernes, una comparecencia que al presidente de Castilla-La Mancha le sonaba a «aquello del finiquito en diferido» de la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal. «Todo el mundo sabía lo que quería decir, pero no podía explicarlo», ha ironizado.
«Que no nos engañen, que ya somos veteranos, que ya llevamos mucho tiempo en esto, no, que no cuela», ha declarado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha afirmado que, «aunque se ponga más cantidad en el menú del día que nos ofrecen a la mayoría, se está estableciendo un menú a la carta para algunos», un modelo que ya de entrada es «injusto», ha sentenciado.
En esta línea, ha apuntado que mientras «un modelo establezca privilegios para unos, no puede terminar de ser bueno para el conjunto». Además, ha enfatizado que «sólo faltaría» que después de 11 años de retraso, no se pusiera más dinero. «Eso es lo normal y lo justo», pero «eso se encubre la trampa que significa amparar un privilegio como la ordinalidad». «No vamos a caer en esa trampa».
UN DEBATE QUE NO SALDRÁ ADELANTE
Durante su intervención, el presidente socialista ha insistido en que este debate -el de la financiación- no tiene «ninguna posibilidad de salir adelante», un debate que, según ha lamentado, «ha terminado por unir a toda la derecha en España y por fraccionar a buena parte de la izquierda en el conjunto de España».
Así, ha expresado que la propuesta lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez «ataca de raíz» el planteamiento central de cualquier partido como el que él representa, «que es luchar contra los privilegios». Además, ha censurado que el Gobierno de Sánchez, que no ha podido sacar un solo presupuesto a lo largo de la legislatura, esté haciendo unas previsiones para 2027.
Unas previsiones que «sólo han conocido los que han podido negociar», ya que él -ha reprochado- no ha sido de los «afortunados» en poder negociar. Por ello, «sólo hablan a favor los que han estado en el ajo y porque se llevan buena parte de la tajada».
Dicho esto, ha remachado que él no se somete a argumentarios ni a consignas, sino que su obligación es defender Castilla-La Mancha. A los que dicen que Castilla-La Mancha recibirá más dinero con este nuevo modelo de financiación, García-Page les ha insistido en que «nos ponen un mejor postre en el menú del día, pero estamos viendo cómo otros pueden elegir a la carta». «Otros llevan menú VIP y eso hace que el sistema ya de entrada sea tramposo», ha advertido.
Este sistema, ha avisado, hará que «cuando vengan vacas flacas», algunos «habrán blindado su situación», pero «los demás tendremos que estar que teniendo cerrar institutos, universidades y, probablemente, también hospitales». «El tema es muy serio, muy gordo».
RUIZ MOLINA
De su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha insistido en su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España, que considera «injusto, acordado bajo el chantaje independentista, regresivo y sin garantías sobre el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos de las comunidades autónomas con menos recursos».
En rueda de prensa celebrada este lunes para valorar la nueva propuesta de financiación autonómica, el consejero ha incidido, además, en que se trata de un modelo «que nunca hubiera defendido un gobierno socialista y español», por lo que desea que sirva de «punto de partida» para una negociación con los territorios.
Tras lamentar que el Ejecutivo autonómico solamente haya podido realizar una primera aproximación a la propuesta de financiación a través del dossier de prensa del propio Ministerio, ha denunciado que el modelo es fruto de un acuerdo «bilateral» entre el Estado y los independentistas catalanes «después de que ERC haya dado su visto bueno», y que por tanto ha sido negociado «bajo el chantaje de los independentistas, cuyo único objetivo es tener el privilegio frente a los demás».
Respecto al incremento de la financiación de las autonomías en la cesión de IVA e IRPF, Ruiz Molina ha recordado que entre los ejercicios 2009 y 2023, los ingresos del Estado se han incrementado en más de un 94 %, mientras que los de las comunidades autónomas lo han hecho en un 65 %. «No se trata de que todos ganemos porque la tarta sea más grande, sino que el trozo de la tarta sea distribuido de manera justa», ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que esta metodología «se ha limitado a trocear la riqueza nacional entre los territorios para dar satisfacción a los independentistas, más que para sufragar el coste real de los servicios de las comunidades autónomas».
«Se trata de una propuesta claramente regresiva, en la medida que consagra la ordinalidad defendida siempre por los independentistas, lo que significa que las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria tienen derecho a disponer de mayor volumen de recursos», ha advertido. Consecuentemente, a juicio del titular de Hacienda, «con este modelo se está defendiendo que quien más tiene más recibe». «Yo me pregunto si esto es defendible por un gobierno socialista y español», ha remachado.
El consejero ha recordado que lo que defiende Castilla-La Mancha es un modelo de financiación que base las aportaciones a la bolsa común en función de la capacidad de cada territorio, para recibir en función de sus necesidades, a través de un buen diseño de la población ajustada. Respecto a este concepto de «población ajustada», Ruiz Molina ha subrayado que la modificación que se introduce en el nuevo modelo no ha recogido en ninguna de las propuestas realizadas anteriormente, incluido el sobrecoste que supone para Castilla-La Mancha su superficie y dispersión de población.
Ruiz Molina ha reconocido que Castilla-La Mancha recibiría un incremento de financiación de 1.248 millones de euros con la propuesta del Gobierno, pero ha subrayado que lo importante no es ese incremento, «sino el resultado final». «Y en base a los cálculos de la Consejería de Hacienda, Castilla-La Mancha seguiría estando por debajo de la media de financiación del conjunto de las comunidades autónomas», ha concluido.
