La oposición vecinal crece en Carrascosa del Campo (Cuenca) ante la propuesta de construcción de una planta de biometano y biofertilizantes a las afueras del municipio. El proyecto, impulsado por la empresa Biofertilizantes CH4, S.L.U., contempla una instalación con capacidad para tratar 140.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y ganaderos, junto con infraestructuras asociadas como una línea eléctrica de alta tensión y un ducto de casi 3 kilómetros.
Desde el pasado 28 de diciembre, el proyecto se encuentra en fase de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, a cargo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Sin embargo, vecinos y organizaciones ecologistas han iniciado una intensa campaña de rechazo por los graves impactos sociales y ambientales que, aseguran, tendría sobre el entorno inmediato del pueblo.
Uno de los aspectos más controvertidos es la ubicación elegida para la planta, muy próxima al núcleo urbano y a espacios emblemáticos como la Fuente de Villaverde, lugar habitual de paseo, caza, ocio familiar y convivencia.
Desde la Plataforma Vecinal Campos del Paraíso, promotora de la movilización, denuncian que el entorno elegido no es un espacio industrial aislado, sino parte del paisaje vivido por los vecinos. En sus palabras: “Este proyecto no se plantea en un polígono industrial aislado, sino en un paraje que forma parte de la vida diaria del pueblo. Para nosotros no es un suelo cualquiera: es territorio vivido”.
Tráfico pesado e impactos no evaluados
Otro de los impactos más preocupantes señalados por el colectivo vecinal tiene que ver con el tráfico de camiones asociado a la actividad de la planta. Según el propio estudio del proyecto, su funcionamiento requeriría la entrada de unos 7.000 camiones al año, es decir, más de 22 camiones diarios, una cifra que se duplicaría al contabilizar también las salidas, alcanzando casi 50 movimientos diarios, de lunes a sábado.
Los vecinos denuncian que el Estudio de Impacto Ambiental no especifica los itinerarios reales, ni analiza el impacto acústico del tráfico o los riesgos para la fauna silvestre en los caminos rurales que utilizan deportistas, agricultores o cazadores. Tampoco se evalúan adecuadamente los atropellos a fauna, pese a que, recuerdan, es uno de los principales factores de mortalidad de especies silvestres en España.
Olores persistentes y riesgo para el agua
La proximidad de la planta a viviendas habitadas es otro motivo de alarma. Según denuncian, el estudio no incluye un modelo de dispersión de olores ni tiene en cuenta los vientos dominantes en la zona, lo que hace temer que los episodios de mal olor afecten de forma directa al vecindario. En este sentido, los vecinos advierten que “en un pueblo pequeño, los episodios de olor no son una molestia puntual: se convierten en un problema diario”.
Además, alertan sobre el riesgo de contaminación de acuíferos, ya que el proyecto no analiza de forma suficiente las consecuencias de posibles fugas de lixiviados ni el efecto del uso posterior de los biofertilizantes. También critican que la balsa prevista para estos residuos líquidos no cuenta con rampa de escape, lo que podría suponer una trampa mortal para la fauna silvestre de la zona.
La planta de biometano se suma, según denuncian los vecinos, a una larga lista de infraestructuras impuestas que fragmentan el territorio sin aportar beneficios reales al municipio: desde la línea de Alta Velocidad, hasta parques solares, eólicos y trasvases.
En este contexto, desde la Plataforma expresan su hartazgo: “Nos quieren convertir en un territorio de sacrificio. Carrascosa no puede seguir asumiendo infraestructuras que perjudican a la salud y al entorno sin ningún beneficio para el pueblo”.
Alegaciones y movilización ciudadana
Ante esta situación, el colectivo vecinal ha anunciado que presentará alegaciones formales al proyecto, impulsará reuniones informativas, pondrá en marcha campañas de sensibilización y, si fuera necesario, convocará movilizaciones públicas.
Exigen al Gobierno regional que revise en profundidad el proyecto, sus impactos acumulados y garantice un proceso de participación real antes de seguir adelante con la tramitación.
El mensaje final de los vecinos es rotundo: “No vamos a aceptar que se decida desde un despacho algo que afecta directamente a nuestra salud, a nuestro entorno y a nuestra forma de vida”.
