La Guardia Civil, a través del SEPRONA de la Comandancia de Ciudad Real, ha investigado al propietario de un desguace situado en el término municipal de Alcázar de San Juan por supuestos delitos continuados de falsificación de documentos públicos y contra los recursos naturales y el medio ambiente. La actuación se enmarca en la operación “Fulcat”.
Según ha informado la Benemérita, la trama consistía en certificar falsamente la descontaminación de vehículos al final de su vida útil cuando, en realidad, estos eran acumulados sin procesar en una zona de las instalaciones que carecía de autorización administrativa, denegada previamente por su proximidad a un humedal protegido (ZEPA).
Inspecciones y hallazgos
Los hechos se remontan a una inspección rutinaria realizada en octubre de 2025, en la que los agentes del SEPRONA detectaron graves irregularidades en la gestión del desguace. Ante la magnitud de los hallazgos y la gran cantidad de vehículos almacenados, se llevó a cabo una segunda inspección conjunta con técnicos del Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
En esta actuación se confirmaron numerosas deficiencias en la gestión de vehículos fuera de uso, especialmente en lo relativo a su descontaminación obligatoria. Los investigadores comprobaron que los automóviles eran depositados a la intemperie, lo que provocaba su deterioro y el vertido de residuos peligrosos directamente sobre el terreno.
Además, se constató que los gases fluorados de los sistemas de aire acondicionado no se extraían ni reciclaban adecuadamente, liberándose en algunos casos directamente a la atmósfera. Estas emisiones, consideradas residuos peligrosos por su elevado potencial de efecto invernadero, están sometidas a un protocolo estricto de recuperación y tratamiento debido a su impacto en la capa de ozono y en el calentamiento global.
Posible impacto ambiental y competencia desleal
La investigación también apunta a que esta actividad no solo vulneraba la normativa medioambiental, sino que podía generar una situación de competencia desleal frente a otros gestores de residuos y desguaces que sí cumplen la legislación vigente.
Para determinar con precisión el alcance de los daños, la Unidad Técnica de la Jefatura del SEPRONA está elaborando un informe pericial que permitirá cuantificar las emisiones directas de gases a la atmósfera y valorar el impacto ambiental generado.
Las diligencias policiales han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, que deberá determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.
