El partido Sumar ha advertido de que 20.972 contratos de alquiler vencerán en Castilla-La Mancha a lo largo de 2026, lo que representa un 19,37 % del total de arrendamientos en la región y podría afectar a unas 51.172 personas inquilinas, según estimaciones basadas en datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
De acuerdo con estos cálculos, el alquiler medio podría incrementarse en 1.131 euros anuales por contrato, lo que supondría un impacto económico significativo para las familias afectadas.
Ante esta situación, Sumar Castilla-La Mancha ha instado al Ejecutivo autonómico a tomar medidas urgentes. Su coordinadora regional, María Cañadillas, ha pedido al Gobierno de Emiliano García-Page que actúe «de forma inmediata» y declare «las zonas de mercado tensionado que sean necesarias», para poder aplicar límites al precio del alquiler.
Cañadillas ha señalado que, aunque Castilla-La Mancha no suele aparecer en el foco del debate sobre la vivienda, existen zonas con presión creciente sobre el mercado inmobiliario, como en Cuenca o Toledo, donde —según Sumar— el auge del uso turístico de las viviendas está dificultando el acceso a una vivienda estable a precios asequibles.
«Seguir convirtiendo casas en hoteles y pisos turísticos es lo que está inflando el precio de la vivienda en zonas donde la población no crece, pero sí lo hace el uso turístico del parque inmobiliario», ha afirmado.
Sumar pide también una regulación más clara del alquiler turístico y un mayor compromiso institucional para garantizar el derecho a la vivienda, especialmente en un contexto donde la renovación de miles de contratos podría traducirse en subidas generalizadas de precios.
