El 92,39 % del profesorado de Castilla-La Mancha considera que la elevada ratio en las aulas y el incremento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dificultan seriamente la posibilidad de ofrecer una enseñanza adecuada. Así lo ha denunciado este martes el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM), que alerta de un malestar “profundo y sostenido” entre los docentes que pone en riesgo la calidad del sistema público educativo en la región.
Durante una rueda de prensa, el sindicato ha presentado las conclusiones de un estudio regional elaborado a partir de la macroencuesta estatal de STEs-i. Entre los datos más relevantes, destaca que en las dos últimas décadas el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo ha crecido un 208 %, sin que los recursos humanos y materiales se hayan incrementado de manera proporcional.
“La inclusión no puede quedarse en el papel. Sin recursos suficientes, las ratios elevadas y la diversidad en las aulas se convierten en una carga imposible de gestionar para el profesorado y en una pérdida de oportunidades para el alumnado”, han señalado desde STE-CLM.
El informe también pone el foco en el deterioro del clima de convivencia en los centros educativos. Un 85,11 % del profesorado percibe un aumento de la conflictividad, mientras que el 88,27 % detecta más agresiones por parte del alumnado y el 81,81 % por parte de las familias. Esta situación, según el sindicato, está provocando elevados niveles de estrés y un aumento de las bajas relacionadas con la salud mental.
“La falta de protocolos claros y de respaldo efectivo cuando se producen agresiones deja al profesorado en una situación de vulnerabilidad que no es aceptable en un servicio público esencial como la educación”, ha subrayado la organización sindical.
Como ejemplo de esta realidad, STE-CLM ha dado a conocer un caso reciente en el que una sentencia de la Audiencia Provincial ratifica la condena impuesta a varios menores por una agresión a un profesor. El docente afectado, identificado como J.M., ha destacado que “espero que esta sentencia anime a otros compañeros y compañeras a denunciar aquellas conductas que son constitutivas de delito. El alumnado tiene que aprender que los actos tienen consecuencias. Denunciar también es educar”.
El estudio recoge además otros factores que alimentan el malestar docente, como la excesiva burocracia (denunciada por el 96,43 % del profesorado), la falta de recursos materiales y humanos (73,38 %), la pérdida de poder adquisitivo —con una merma cercana al 21 % desde 2010— y la sensación de escaso reconocimiento social e institucional, compartida por más del 85 % de los encuestados.
Solo el 58,56 % del profesorado considera que su trabajo es “digno y adecuado”, una percepción que el sindicato atribuye directamente a la sobrecarga laboral, la conflictividad en las aulas, la precariedad y la falta de respaldo institucional.
STE-CLM ha advertido de que este escenario favorece el abandono progresivo de la profesión docente, en línea con las alertas de la UNESCO, que señala que el abandono del profesorado se ha duplicado en la última década. Una tendencia que, según el sindicato, ya empieza a notarse en la cobertura de plazas y en la calidad educativa.
“Dignificar la profesión docente no es solo una cuestión laboral, es una condición imprescindible para garantizar una educación pública de calidad y una sociedad cohesionada”, han defendido.
Ante esta situación, el sindicato ha anunciado el inicio de una campaña de dignificación de la docencia, que se desarrollará a lo largo del curso con la difusión periódica de los resultados de la encuesta y su traslado a la Administración educativa. El objetivo es recuperar el prestigio social de la profesión y promover medidas reales que mejoren las condiciones de trabajo en los centros.
STE-CLM insiste en que las políticas educativas deben ir acompañadas de recursos suficientes, especialmente en la reducción de ratios, el refuerzo de plantillas, la atención a la diversidad y la implantación de medidas de convivencia y prevención de conflictos que no recaigan únicamente sobre los centros educativos.
