La consejera de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez, y el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, han salido en defensa de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), conocida como Ley Celaá, ante las críticas vertidas este jueves por PP y Ciudadanos en las Cortes, donde han denunciado que la reforma educativa del Gobierno de Sánchez pretende cerrar los centros de educación especial y erradicar la escuela concertada.
Ha sido durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha que se celebra este jueves, donde se ha debatido, a petición de Ciudadanos sobre las implicaciones de la Ley Celaá en la región.
La consejera ha negado que se vayan a cerrar las escuelas concertadas y los centros de educación especial y ha explicado que de lo que habla la ley es de dar una respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, que debe ser coherente con su discapacidad, ha dicho. Tendrán derecho a tres modelos educativos, uno que habla de centros ordinarios, otro que habla de centros de educación especial y otro que habla de una modalidad combinada, ha apuntado.
La consejera de Educación también ha dejado claro que la ley «en ningún caso» habla de la politización de la inspección educativa. En cuanto a la evaluación, ha explicado que esta ley devuelve a la evaluación la función que tiene, una función que «no es segregar, estigmatizar ni señalizar» ni al alumnado ni a los centros.
Sobre la educación diferenciada, a la que hace referencia el PP, ha aseverado la consejera que la educación tiene que tener como fin y como base la igualdad de todos, «igualdad que no significa mediocridad, sino que significa buscar la excelencia y la calidad para todo el alumnado» independientemente de su condición social.
Finalmente, ha defendida que la LOMLOE supone «un salto enorme» hacia un modelo educativo «más contemporáneo, más avanzado, más equitativo y más inclusivo», al tiempo que ha dejado claro que las administraciones tienen la obligación de cumplir con las leyes, «independientemente de que les gusten más o menos», ha zanjado.
CS Y LA LEY «TÓXICA» DE CELAÁ
La portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha cargado contra la reforma educativa del Gobierno conocida como ‘Ley Celaá’ que, a su juicio, ha «empeorado» la última ley educativa. «La ley Celaá es una más, tal vez la peor, pero una más de esa larga lista de reformas educativas que se producen en este país cada vez que hay alternancia en el Gobierno», ha lamentado Picazo.
Ha criticado al PSOE y PP por ser «incapaces» de consensuar una ley «sensata y eficaz», alejada de «intereses partidistas». Una ley, ha dicho, que «tuviera luces largas». «Es el mayor fracaso del bipartidismo que hemos vivido en este país y lo han pagado miles de estudiantes», ha advertido Picazo, quien ha calificado de «tóxica» la Ley Celaá, que es producto –ha asegurado– del «pasteleo» del PSOE con Pablo Iglesias y con los partidos separatistas.
«Esta ley es un ataque a la libertad educativa», y además busca «eliminar» tanto la educación concertada como la educación especial y no garantiza, a su juicio, la igualdad, la equidad y la calidad porque, según ha avisado, rebaja los criterios de excelencia y el nivel para que todos pasen de curso. Asimismo, Picazo ha señalado que esta ley tiene puntos en común con la ‘Ley Wert’, del PP, ya que «no ha habido diálogo social y la gente ha tenido que salir a la calle para defender la ley educativa».
PP Y EL «ATAQUE FRONTAL» A LA DEMOCRACIA
De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha denunciado que esta ley suprime las libertades educativas consagradas en el artículo 27 de la Constitución Española y con ello «impide» a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos.
Además, ha censurado, elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador.
Considera que la LOMLOE «un ataque frontal» a la Democracia y «un freno» para que el sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos «más modernos e innovadores». «Pocas leyes en los últimos años han suscitado tantas polémicas como la Ley Celaá», ha indicado Prieto, quien ha dicho que esta ley quiere acabar con la educación concertada, permite obtener el título con asignaturas pendientes y pretende cerrar las escuelas de educación especial y derivar a sus alumnos a colegios ordinarios.
PSOE Y UNA LEY «PLURAL»
Por su parte, la diputada socialista Diana López ha defendido que la LOMLOE va a hacer que el sistema educativo español vuelva a ser un sistema educativo igualitario y de calidad, pero además «moderno e innovador» y capaz de responder a las demandas actuales de la sociedad.
Ha criticado el discurso «radical» de la oposición y ha negado que esta ley se haya aprobado sin consenso. «Es una ley plural» que garantiza el 5 por ciento del PIB a educación. Además, ha asegurado es una ley que apuesta por un modelo educativo de equidad e inclusivo. «Es una ley con muchas bondades», ha aseverado la diputada socialista, quien ha pedido a PP y PSOE que dejen de «mentir» y lanzar bulos y ‘fake news’ porque las escuelas concertadas y la educación especial no se van a cerrar.
Esta ley, según ha manifestado, garantiza el equilibrio entre la escuela pública y la concertada, al tiempo que ha vuelto a mostrar su defensa a ultranza del castellano, pero también defiende la pluralidad de los territorios. Además, ha indicado, la asignatura de Religión va a seguir ofertándose pero no contará para el expediente académico.
RESOLUCIONES
PSOE, PP y Ciudadanos han presentado distintas resoluciones al respecto. Los socialistas, cuya propuesta ha sido aprobada, piden garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo para sus hijos, dentro de los ofertados por la Administración Autonómica en la Red de Centros sostenida con fondos públicos, atendiendo a los criterios de admisión que la administración educativa establezca para cada año académico; y continuar garantizando la dotación de recursos suficientes a los Centros de Educación Especial.
Ciudadanos, cuya resolución ha sido rechazada, solicita, por su lado, mantener la oferta de educación concertada y que, ante las diferentes declaraciones realizadas por el Gobierno, se aclare la redacción de la Disposición Adicional cuarta, con el fin de aclarar el futuro de la educación especial en España, ante la «incertidumbre» creada en centros, padres, alumnos y profesionales, defendiendo desde Ciudadanos un modelo mixto donde centros ordinarios, centros ordinarios con aulas específicas y centros especializados se integren en el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva que vele siempre por el interés superior del menor y por la elección de las familias.
El PP, cuya resolución ha sido rechazada, solicita apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en la Constitución como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano; al tiempo que pide extender la gratuidad a Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas.
