El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a abonar desde el pasado viernes un total de 25,6 millones de euros a agricultores y ganaderos de la región, correspondientes a la Política Agraria Común (PAC) 2025 y a ayudas para la reestructuración de viñedo. Así lo ha anunciado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación Regional de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam), celebrada en la sede de Fedeto.
Según ha detallado Martínez Lizán, estos abonos buscan garantizar liquidez al sector primario de la región. «Para afrontar los retos agronómicos que tenemos», ha afirmado el consejero, subrayando la importancia de estas ayudas para los profesionales del campo.
Del total anunciado, 19 millones de euros corresponden a la PAC y comenzaron a abonarse el pasado viernes, beneficiando a 11.000 expedientes de agricultores y ganaderos. Además, ese mismo día se iniciaron los pagos de otros 3,2 millones de euros destinados a casi 300 beneficiarios que están reestructurando cerca de 1.000 hectáreas de viñedo en Castilla-La Mancha, según ha informado la Junta a través de una nota de prensa.
En las últimas semanas, también se ha hecho efectivo un pago de 3,4 millones de euros dirigido a ganaderos de vacuno de cebo. Sobre este punto, el consejero ha destacado que se ha «adelantado el pago varias semanas al período habitual», lo que supone un alivio adicional para los beneficiarios.
Con estos nuevos pagos, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural alcanza ya el 90 por ciento del total de las ayudas previstas para la campaña 2025, elevando el importe global abonado hasta los 558,3 millones de euros. Martínez Lizán ha puesto en valor la eficacia «no solo del Gobierno regional sino también del trabajo que realizan los técnicos de Administración».
El acto, celebrado en la sede de Fedeto, ha servido para poner de manifiesto el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector agrario y ganadero, en un contexto marcado por la necesidad de afrontar nuevos retos y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones.
