El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un decreto que permitirá a las familias de la región acceder a ayudas públicas para contratar a una persona que cuide de sus hijos menores de 14 años o de familiares en situación de dependencia. La medida, dotada con un millón de euros, busca facilitar la conciliación laboral y familiar, así como avanzar en la igualdad y la regularización del sector de los cuidados.
La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha explicado que el objetivo es que compaginar trabajo, crianza y cuidados sea viable para las familias, “quienes tienen que hacer malabares” para atender todas sus responsabilidades. Padilla ha subrayado que “sabemos que, sin apoyo, la conciliación no es real y se hace cuesta arriba”, y ha detallado que las ayudas podrán cubrir, en determinados casos, hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional, en función del nivel de renta de cada familia.
Durante la presentación de la medida, Padilla ha destacado la “doble o, incluso, triple utilidad” de la iniciativa. Por un lado, facilita la conciliación real y permite a muchas familias “organizar mejor su vida”. Por otro, actúa como una “palanca” de igualdad, ya que la carga de los cuidados sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres. “Contribuye a que no tengan que renunciar a sus empleos ni reducir su jornada por esa responsabilidad”, ha señalado.
El decreto establece que las ayudas estarán vinculadas a la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo, con contrato formal y alta en la Seguridad Social. Según Padilla, esto contribuye a reforzar “el trabajo con derechos” en el ámbito de los cuidados y a avanzar en la regularización de un sector “que con frecuencia permanece en la economía sumergida”.
El esquema de ayudas, que contará con un millón de euros de presupuesto, está previsto para desarrollarse a lo largo de tres años. En el primer año, la cobertura puede alcanzar el 100 por ciento del salario mínimo; en el segundo, el 75 por ciento; y en el tercero, el 50 por ciento, siempre ajustándose a los ingresos familiares. De este modo, se pretende facilitar tanto el inicio como la consolidación de los contratos.
Padilla ha incidido en el componente social de la medida, que prioriza a las familias con menos recursos y eleva la cuantía hasta el 80 por ciento en el tramo de renta más alto en el caso de los hogares monoparentales, “al frente de los que, en la mayoría de los casos, se encuentra una mujer”. “Contar con ayuda en casa no debería ser un privilegio”, ha subrayado la portavoz, insistiendo en que no debe depender del nivel de ingresos “sino de las necesidades reales de cada hogar”.