La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha solicitado a diversos organismos regionales, nacionales y europeos la relación completa, desde 1987 (fecha de la declaración de sobreexplotación del Acuífero 23) a la actualidad, de las ayudas, subvenciones, transferencias y cofinanciaciones percibidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana provenientes de la Administración General del Estado (ministerios y organismos autónomos); Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Unión Europea (fondos FEADER, FEDER, LIFE, Next Generation…).
Para cada actuación requiere: identificador de expediente y proyecto; norma y convocatoria de concesión; importe concedido, obligado y ejecutado por ejercicio; finalidad u objeto y actuaciones ejecutadas; grado de cumplimiento de objetivos previstos y justificación; datos de cofinanciaciones; existencia de sobrantes/remanentes y destino final de los mismos y unidades gestoras y centros de coste implicados.
Requieren liquidaciones presupuestarias anuales
Además, desde AIVE solicitan liquidaciones presupuestarias anuales vinculadas a dichas ayudas (documentos contables y resúmenes de ejecución) indicando aplicaciones presupuestarias y trazabilidad, programas y actuaciones, y referencia de las normas, instrucciones o circulares internas aplicadas para la gestión y cierre de estas ayudas y subvenciones.
En caso de insistencia de datos en determinados periodos se solicita certificación de tal circunstancia y remisión al órgano que custodie la información, haciendo referencia a la contestación de la Confederación sobre la falta de información del periodo 1987-2002 alegando que “no están disponibles por limitación de la aplicación informática utilizada”.
El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, indica que los regantes tienen derecho a conocer cómo y en qué y se han destinado los presupuestos y subvenciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana desde la declaración del Acuífero 23 como sobreexplotado.
Hace unas semanas, la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ya reclamó a la Confederación el importe total recaudado por sanciones impuestas desde 1987, en concepto de infracciones relacionadas con el uso del agua y prácticas de riego.
