La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha sacado pecho por la notable mejoría de todas las estadísticas al cumplirse un mes del decreto que cerró perimetralmente todos los municipios de la región, adelantó el toque de queda y clausuró la hostelería, medidas ya relajadas y que han provocado aplacar los peores momentos de la tercera ola de la pandemia.
En rueda de prensa, ha recordado que el lunes 18 de enero, momento en el que se elevaron las restricciones, la Incidencia Acumulada de casos a 14 días era de casi 1.300 por cada 100.000 habitantes, y cuatro semanas después se ha reducido a 314.
De 1.400 camas hospitalarias ocupadas por pacientes COVID se ha pasado a poco más de 700; y el último registro ha reportado menos de 300 nuevos contagios en la jornada de este miércoles. Con estos datos, se ha preguntado qué hubiera pasado si no se hubieran tomado medidas, considerando que la situación de colapso hubiera llegado a los hospitales de la región.
«Evitarlo era el objetivo de las medidas. Lo hemos hecho con mucho sufrimiento de la economía. Se han salvado vidas, se han reducido los contagios, y poniendo en una balanza la economía y la salud, hemos puesto las medidas cuando ha sido necesario», ha zanjado.
Así, ha avanzado una desescalada «cautelosa y prudente», y de cara al Consejo de Gobierno del próximo sábado se analizarán las medidas propuestas por el Comité de Expertos con la vista puesta en relajar el nivel de restricciones del 3 al 2.
«Lo haremos si los expertos nos dicen que ya es posible, y sólo en ese momento lo haremos. Las conclusiones políticas están basadas en criterios sanitarios y lógicamente intentando salvar vidas, que se contagie la menos gente posible, y eso necesita una dosis de paciencia».
