El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo al nuevo trasvase aprobado por la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que contempla el envío de 180 hectómetros cúbicos de agua al Levante durante los próximos tres meses. La Junta considera que esta decisión pone en riesgo las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que esta derivación de agua supone aproximadamente el 11 % de la capacidad actualmente almacenada en ambos embalses, lo que, a su juicio, supone “dilapidar un recurso escaso”.
Gómez ha advertido además de que una reducción significativa de las reservas podría tener consecuencias para el desarrollo de la región, ya que en situaciones de escasez podrían emitirse informes desfavorables para inversiones o proyectos urbanísticos en Castilla-La Mancha.
La consejera también ha señalado que todavía quedan pendientes de trasvasar otros 135 hectómetros cúbicos, lo que, según el Ejecutivo autonómico, genera dudas sobre la viabilidad técnica y ambiental de seguir enviando agua al Levante.
En este sentido, ha afirmado que ni el Levante ni Murcia necesitarían actualmente esos recursos ni dispondrían de suficiente capacidad de almacenamiento, por lo que cuestiona la decisión adoptada por el Gobierno central.
Ante esta situación, el Ejecutivo regional insiste en la necesidad de modificar las reglas de explotación del trasvase y no descarta emprender acciones judiciales. Gómez ha recordado que Castilla-La Mancha ya ha planteado recurrir por el incumplimiento del real decreto que regula la planificación hidrológica, aprobado en 2023.
Desde la Junta reiteran que seguirán defendiendo la protección del río Tajo y de los recursos hídricos de la región, al considerar que son fundamentales para el desarrollo económico y ambiental de Castilla-La Mancha.
