El Pleno de la Diputación ha aprobado esta mañana una serie de puntos con acuerdos que afectan a diferentes servicios de la institución provincial dentro del proceso de reordenación de recursos humanos que se ha iniciado desde el área de Personal, así como diferentes ayudas nominativas al mundo del deporte y a ayuntamientos de la provincia. Aunque todos los asuntos han salido adelante por unanimidad, se ha asistido a un intenso debate político protagonizado, en el caso de los asuntos de personal, por el diputado del Equipo de Gobierno Carlos Martín de la Leona, y por la diputada Vanessa Irla, por las filas socialistas.
Irla ha recordado cómo Martín de la Leona en el anterior mandato insistió en la aprobación de la relación de puestos de trabajo, una cuestión que, según ha dicho, en este ejercicio parece haber olvidado e inclinarse por promover acuerdos de forma aislada, a lo que el diputado que gestiona el Área de Personal ha contestado que se está abordando una reordenación de los servicios y de las plantillas, que no se trata de una RPT. Ha añadido que es cierto que pidió varias veces que se aprobara, pero porque había sido encargada a una empresa, se había abonado la cantidad de 50.000 euros y no se ejecutó. Ha añadido que al final se comprobó que suponía un gran perjuicio para los trabajadores de la Diputación. Martín de la Leona ha recordado que entonces se dijo que en el verano de 2022 iba a estar negociada y aprobada la relación de puestos de trabajo, de ahí sus preguntas en Pleno.
Para Martín de la Leona, ahora la realidad es otra, porque entre 2023 y 2024 se van a cubrir 170 plazas, 103 por oposición libre, 19 por promoción interna y 48 por estabilización. Ha asegurado que en este último proceso también se incluye al personal de la Casa de Acogida.
La concesión de ayudas nominativas desde el área de Deporte, que también han sido aprobadas por unanimidad, ha derivado en el turno de intervenciones en un debate sobre el apoyo de la Diputación a los pueblos. Milagros Calahorra, diputada de Deportes y vicepresidenta primera, ha reiterado que apoyan todos los proyectos que consideran de interés sin tener en cuenta quién los presenta ni de qué municipio provienen.
Según el portavoz socialista, José Manuel Bolaños se beneficia principalmente a los municipios con más de 10.000 habitantes, lo que a su juicio contradice el discurso del presidente de que la Diputación, Miguel Ángel Valverde, que favorecen a los pueblos más pequeños.
Por su pare, Valverde ha defendido con firmeza las políticas objetivas de distribución de subvenciones y ha rebatido las acusaciones de parcialidad. Ha aclarado que los datos que facilitó en la sesión anterior, referentes a las cuantías de ayudas por habitante, fueron recabadas en el servicio de intervención y reflejan el reparto hasta el 1 de septiembre de 2024. Y ha reiterado que las cifras demuestran que la mayor parte de las benefician a los pueblos pequeños, un principio que, a su juicio, ha guiado siempre la acción de la Diputación y en la actualidad también.
Ha reconocido, no obstante, que existe un desequilibrio que afecta a los municipios de tamaño intermedio, los que, según ha dicho, no reciben un trato completamente justo en comparación con las localidades más pequeñas. Sin embargo, ha defendido la equidad del reparto en términos generales y ha puntualizado que los datos que comunicó son correctos. Además, ha anticipado que habrá ajustes en las cifras a medida que se otorguen nuevas subvenciones en los meses restantes del año, pero ha querido dejar claro que la tendencia no cambiará significativamente.
Con esta respuesta Valverde ha desmontado la crítica de Bolaños subrayando que el reparto de fondos sigue criterios objetivos, alejados de cualquier subjetividad o favoritismo político. “Lo que hay hasta ahora es una mayor ayuda a los pueblos, cuanto más pequeños son”, ha afirmado.
Por otro lado, en el turno de ruegos y preguntas la oposición se ha interesado por el desarrollo del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del agua, la gestión del impuesto de residuos y la Agencia de Reto Demográfico.
Valverde ha hecho referencia a las intervenciones relacionadas con el PERTE del agua, explicando que el desarrollo de este proyecto se está llevando a cabo por la empresa pública Emaser, junto con Aqualia y la propia Diputación. “A los municipios afectados por la realización de obras en sus redes de abastecimiento se les pidió la aprobación para la intervención en sus redes”, ha afirmado. No obstante, ha aclarado que para aquellos municipios cuya gestión del agua no recae en estas entidades, las actuaciones no afectarán a su patrimonio. “La actuación que se iba a hacer en el resto de municipios es el estudio hidrogeológico de sus términos municipales y la elaboración del plan de emergencia que va a ser de obligado cumplimiento”, ha señalado.
Ha justificado la decisión de agrupar entidades e instituciones basándose en la experiencia de convocatorias anteriores, ya que “se ha demostrado que las agrupaciones han tenido mayor grado de éxito a la hora de ser receptoras de ayudas”. Y se ha mostrado proclive a estudiar y ver “si podemos proponer también algunas intervenciones que pueden ser similares en municipios que no forman parte de esta primera adjudicación”.
Con respecto a ruego de que se intensifique el Programa Nutricional a Mayores, Valverde ha recordado que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que debe prestar el servicio y que ha dejado de aportar recursos. Y ha sido tajante al afirmar que “es realmente notable, como diría un político muy conocido, realmente notable, se ve que es algo que realmente está doliendo, como se aleja totalmente de las políticas que ustedes preconizan, y ahora culpan a la Diputación de no prestar el servicio”. “¿Cómo que debe la Diputación prestar este servicio?, si tenemos que pedir hasta un informe de sostenibilidad y otro de no duplicidad?”, ha aseverado antes de asegurar que es la la Junta quien debe ocuparse de este colectivo, no la institución provincial. Cosa bien distinta es que la Diputación haya decidido seguir poniendo recursos en solitario para que los mayores que tienen autonomía puedan seguir residiendo en su entorno.
Otro de los puntos clave del debate ha sido la gestión del impuesto sobre residuos y el impacto que ha tenido en los municipios pertenecientes a CONSERMANCHA. Valverde ha mencionado que la Diputación de Toledo ha otorgado una subvención a estos municipios, pero ha matizado que “el impuesto lo tienen que pagar los generadores de los residuos, que en este caso son los habitantes”. Además, ha señalado que la anterior administración provincial sabía de la obligatoriedad de implementar este impuesto desde 2023, pero “se mantuvo callada” debido a las elecciones de junio de ese año, lo que calificó como un “acto de irresponsabilidad”. Para mitigar el impacto, ha anunciado que en los presupuestos de 2025 se propondrá una ayuda de gasto corriente para los ayuntamientos afectados.
La cuestión de la despoblación también se ha puesto sobre la mesa a raíz de una batería de preguntas que ha formulado la oposición sobre el funcionamiento de la Agencia de Reto Demográfico. La vicepresidenta segunda, Sonia González, le ha recordado a Bolaños que no tendrán ningún inconveniente en contestar en comisión todas las preguntas que consideren oportuno trasladar. También ha añadido que están trabajando para lograr fondos europeos para la realización de proyectos. Valverde, por su parte, ha cuestionado la Ley de Despoblación impulsada por el Gobierno regional, a pesar de los “buenos resultados” que se atribuyen desde la Junta.
“Desde luego con abandonar planes como el apoyo nutricional, con no sacar convocatorias de ayudas para las escuelas infantiles y con no equiparar los convenios con los ayuntamientos para el sostenimiento de las plazas de residencias públicas, así no se lucha contra la despoblación”, ha sentenciado el presidente de la Diputación para concluir diciendo que desde la institución provincial harán todo lo posible para cubrir esas carencias del gobierno regional y ha dicho que esperan tener al grupo socialista de su lado, “porque quien debe es quien debe, los demás estamos algunas veces para cubrir lo que los que deben no hacen, pero esto tiene lógicamente un límite, no sólo presupuestario sino también legal”.
