La Guardia Civil ha investigado a una vecina de Almansa de 56 años como presunta autora de un delito contra la flora y fauna después de localizar en el patio interior de una vivienda un ejemplar de tortuga caimán o aligátor (Macrochelys temminckii) cuya tenencia legal no pudo acreditar.
La investigación comenzó cuando efectivos de la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Paprona) de Almansa tuvieron conocimiento de la presencia del animal en un domicilio de la localidad.
Tras realizar una inspección, los agentes comprobaron que se trataba de una tortuga caimán, una especie exótica originaria de Estados Unidos e incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).
Según la Guardia Civil, los agentes solicitaron a la propietaria la documentación que acreditara tanto la procedencia como la tenencia legal del animal, pero esta no pudo justificar documentalmente que su adquisición y posesión se ajustaran a la normativa.
Ante esta situación, la Paprona intervino la tortuga y adoptó las medidas necesarias para garantizar su custodia, poniendo además los hechos en conocimiento de los organismos competentes.
La Guardia Civil advierte de que la tortuga caimán puede resultar peligrosa por la fuerza de su mordedura, por lo que su manipulación requiere precauciones. Su liberación en los ecosistemas españoles está prohibida por el riesgo que podría representar para el medio natural y para las personas.
Además de las diligencias penales, la poseedora del animal ha sido denunciada por varias presuntas infracciones administrativas relacionadas con la normativa sobre contrabando, protección y bienestar animal y tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Las diligencias por un presunto delito contra la flora y fauna han sido remitidas a la Sección Civil e Instrucción Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Almansa. Según la información facilitada por la Guardia Civil, este delito puede estar castigado con penas de seis meses a dos años de prisión o multa de ocho a 24 meses, además de las correspondientes inhabilitaciones.
