La Guardia Civil ha detectado alrededor de 50 infracciones relacionadas con el uso fraudulento de gasóleo bonificado en la provincia de Albacete tras intensificar en los últimos meses los controles específicos contra este tipo de prácticas.
Las actuaciones han sido desarrolladas por efectivos del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de Albacete, dentro de un plan dirigido a reforzar la vigilancia sobre los Impuestos Especiales en materia de hidrocarburos, con el objetivo de evitar fraudes, proteger los intereses económicos del Estado y garantizar la competencia leal entre los sectores autorizados a utilizar este tipo de carburante.
En el marco de esta campaña, los agentes han llevado a cabo unos 250 controles tanto en carreteras principales como secundarias de la provincia. Estos dispositivos han permitido inspeccionar cerca de 500 vehículos no agrícolas, entre turismos, furgonetas y camiones.
Durante las inspecciones, los guardias civiles realizan extracciones de muestras del combustible de los depósitos para comprobar si se está utilizando gasóleo bonificado tipo B o C en vehículos no autorizados. Este carburante, destinado principalmente a maquinaria agrícola, se identifica inicialmente por su característico color rojizo, aunque posteriormente las muestras son analizadas en laboratorios acreditados.
Las muestras recogidas se precintan y se remiten a la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Albacete, encargada de su análisis y de la tramitación administrativa de las posibles sanciones.
Según las investigaciones, en los casos detectados el combustible procedía de depósitos agrícolas propiedad de los propios infractores, lo que evidenciaría un uso irregular para reducir de forma ilícita los costes fiscales del combustible.
Las infracciones se encuadran en la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, y las sanciones pueden oscilar entre el doble y el cuádruple del valor del combustible defraudado, dependiendo de factores como la capacidad del depósito o las características del vehículo. Estas multas pueden alcanzar cantidades económicas relevantes para los responsables.
