Las Cortes de Castilla-La Mancha debatirán este viernes las 263 enmiendas parciales de Partido Popular, PSOE y Podemos admitidas a trámite el pasado martes por la Mesa de las Cortes a la Ley de Presupuestos 2017.
De las 263, 24 se presentaron conjuntamente por PSOE y Podemos, y 239 son del PP, que vio rechazadas 72 de sus enmiendas por diversos motivos, siendo el bloque «más numeroso», según la secretaria primera de la Mesa, Josefina Navarrete, «la falta vinculación inmediata con los ingresos públicos» y que su contenido «no es propio de una enmienda de Ley de Presupuestos».
El Partido Popular espera que la comisión de este viernes, que tendrá lugar a las 10.00 horas, se desarrolle con «tranquilidad y normalidad»; mientras que el PSOE ha señalado que «ha tomado la palabra» al PP sobre esa «normalidad» y que, «si se cumplen los procedimientos, lo lógico es que el 31 de agosto se aprueben los presupuestos» de Castilla-La Mancha.
Las enmiendas del PP, según han explicado sus portavoces, incluían la limitación del salario de «los altos cargos de la Junta» a lo que cobran los consejeros o la dedicación de 2,5 horas de los funcionarios de la región a formación.
También incluye el PP entre sus enmiendas una dotación para la reapertura del Hospitalito del Rey en Toledo, a favor de la agricultores –para ecológicos o para abordar el problema de los conejos–, para que aparezcan «por ley» los compromisos con los funcionarios públicos o para que las intervenciones quirúrgicas «se reduzcan de los 180 días actuales a 90 días de espera».
Entre las enmiendas presentadas por grupos parlamentarios de Podemos y PSOE destaca la creación de un nuevo concepto dotado con 1,5 millones de euros para financiar grupos de investigación en las universidades radicadas en la región.
Las otras 23 enmiendas son al articulado y muchas de ellas sirven para sustentar aspectos del acuerdo entre PSOE y Podemos para desbloquear la negociación presupuestaria. Dos de ellas están destinadas a favorecer a zonas deprimidas o con problemas de despoblamiento, no sólo estableciendo parámetros de discriminación positiva en cuanto a la captación de ayudas y políticas regionales sino también con partidas presupuestarias específicas.
Otra de las novedades pasa por la exclusión de la obligación de descontar el 1% cultural en aquellos contratos referentes a acciones y políticas de emergencia ciudadana, lo cual queda también blindado vía enmienda a los presupuestos.
