El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Modesto Belinchón, detalló esta mañana en rueda de prensa el contenido de la moción que el PSOE presentará al Pleno Municipal que se celebrará mañana y en la que se insta al Gobierno de España a derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
Un Ley que, tal y como expuso Modesto Belinchón, evidencia “el desconocimiento del Gobierno del PP de la realidad municipal, de ahí la fuerte contestación municipalista a su puesta en marcha, por suponer un deterioro al modelo territorial local y, sobre todo, un menosprecio a la Autonomía Local reconocida por la Constitución”.
Asimismo, como consecuencia de este marco jurídico, argumentó el portavoz socialista, “los municipios estamos infrafinanciados. Necesitamos un sistema de Participación en los Tributos del Estado más estable en el que se eviten las liquidaciones negativas. Pero, además, la administración local asume competencias y tareas que, en muchos casos, no son de su competencia, pero a los que tiene la obligación moral de dar solución”.
De ahí que en la moción del Grupo Socialista también se abogue por la revisión de la Ley de Bases de Régimen Local, impulsando un nuevo modelo de financiación local, pues “el PSOE apuesta por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial debe cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente”, aseveró el edil socialista.
Por este motivo, prosiguió, “no podemos estar de acuerdo con el planteamiento que hace en este momento el Gobierno del PP respecto a los objetivos de déficit generales para el año 2018, porque el modo con el que quiere abordar esta tema sigue sin posibilitar a los ayuntamientos el cumplimiento del papel que debemos desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de empleo y todos los servicios de proximidad que deberíamos consolidar”.
Un hecho que evidencia, aseveró, que es “necesaria una reforma, pero una reforma institucional del Régimen Local requiere pleno conocimiento de la efectiva situación de las circunstancias municipales, y en ningún caso, debe obedecer exclusivamente a criterios financieros que, al parecer, han sido la única razón de fondo que ha justificado la LRSAL”.
En este punto, el concejal socialista recordó que el conjunto de los ayuntamientos de España cerró 2016 con un superávit situado en el 0,64% del PIB, más de 7.000 millones de euros, mientras que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas en su conjunto cerraron con un déficit del 4,37% del PIB nacional.
Pero “en virtud de la aplicación de esta Ley, que pedimos derogar a través de esta moción, ayuntamientos como el de Albacete, que ha cerrado los últimos seis ejercicios presupuestarios con un superávit total de 15 millones de euros ha tenido que destinarlos íntegramente, obligado por la Ley, a amortizar deuda, cuando ese dinero podría haberse invertido para generar más empleo, proyectos y programas de ámbito social o la creación de infraestructuras que, o bien dieran respuesta a las necesidades de la ciudad y las personas que viven en ella o para mejorar nuestras oportunidades de desarrollo”.
Por último, Modesto Belinchón aseguró que el “Gobierno central no debe imponer límites a los fines que cada Ayuntamiento, en uso de su plena autonomía financiera, pueda destinar el superávit que se pueda generar en cada ejercicio presupuestario a promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud. Igualmente, se debe modificar la regulación que se establece para la aplicación de la tasa de reposición de efectivos en la Administración Local de forma que la tasa de reposición alcance el 100% para la recuperación de los empleos perdidos, más de 120.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años, porque las entidades locales tienen que contar con los recursos de personal suficientes para atender adecuadamente los servicios públicos y los programas dirigidos a la ciudadanía”.
