La Diputación de Ciudad Real ha desmentido las acusaciones del Grupo Popular, que ha afirmado este miércoles que la institución provincial tiene «bloqueados 7,69 millones de euros por haber incumplido su Plan Económico y Financiero» –una situación que el PP apunta que el Ministerio de Hacienda había reflejado en un informe–, y ha asegurado que cumple «con las exigencias» financieras de la Administración a pesar de admitir que no ha ejecutado el mencionado plan.
«En 2016, la Diputación cumplió tanto con el techo de gasto como con la estabilidad financiera impuesta por el Gobierno de España, y a día de hoy no ha recibido ninguna comunicación del Ministerio de Hacienda», ha reiterado la Diputación a través de una nota de prensa en la que ha indicado que incluso es «una de las instituciones más saneadas de España».
En este sentido, ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que «sólo se sancionará a las administraciones públicas cuando se incumpla la regla de gasto o la estabilidad presupuestaria».
Por ello, la vicepresidenta de la Diputación de Ciudad Real, Lidia Molina, espera que «dado que no se ha recibido requerimiento alguno por parte del Ministerio, que no se sancione a la institución provincial, puesto que a pesar de que no ejecutó en 2016 el Plan Económico y Financiero aprobado en 2014 para los ejercicios 2015 y 2016, sí cumplió con los parámetros exigidos por el Ministerio».
DEUDA CERO
La vicepresidenta ha recordado que la Diputación de Ciudad Real tiene «deuda cero» y que cerró el ejercicio 2016 con un remanente de 60 millones de euros y un superávit de 24 millones de euros, así como que también paga a sus proveedores antes del período marcado por la Ley.
Así, ha recordado que el pasado ejercicio se liquidaron más de 45 millones de euros –casi el 50 por ciento del presupuesto– para el fomento del empleo y la generación de riqueza, 37 millones en inversiones en los municipios de la provincia y 5 millones en atención a las personas –ayudas de emergencia, cooperación al desarrollo y servicios asistenciales–.
