El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, y la decana del Colegio de Economistas de Albacete y representante de la Institución de Mediación, Paloma Fernández, han suscrito un convenio de colaboración para ofrecer a los albaceteños la prestación de un servicio de mediación como medio de solución pacífica de controversias con el fin de reducir la litigiosidad, así como sus costes.
Fruto de este convenio, tal y como ha explicado Manuel Serrano, la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Albacete aporta sus medios y recursos disponibles sin que suponga ninguna contraprestación económica para el Ayuntamiento.
El alcalde de Albacete ha agradecido a la Institución de Mediación del Colegio de Economistas de Albacete su disposición a colaborar con el Ayuntamiento con el fin de ofrecer a los albaceteños la mediación como un método de resolución extrajudicial de conflictos mediante el cual el profesional mediador, independiente y neutral, ayuda a las partes enfrentadas a resolver sus controversias llegando a un acuerdo en un espacio pacífico y de diálogo.
Manuel Serrano ha explicado que las derivaciones serán realizadas por los servicios sociales municipales y en el caso de que los interesados, por nivel de renta, estén dentro de los baremos de Justicia Gratuita, la mediación no tendrá coste alguno para los mismos ni para el Ayuntamiento.
En los casos en los que los interesados no estén dentro de los baremos de Justicia Gratuita, se someterán, previa aprobación de presupuesto por los interesados, a las tarifas generales establecidas por la Institución que, en caso de aceptación, serán asumidas por los interesados, en ningún caso por el Ayuntamiento.
El alcalde de Albacete ha señalado que la Institución de Mediación se compromete a realizar cualquiera de los procesos de Mediación que se le encomienden con mediadores cualificados, estando el proceso dirigido por dos mediadores durante todas las sesiones.
El límite máximo de sesiones será de seis y la duración de cada sesión será de una hora y media como mínimo, estableciéndose el límite máximo de tiempo del proceso, con independencia de las sesiones, en tres meses.
Manuel Serrano ha recordado que este convenio tiene una duración de dos años, prorrogable por años naturales hasta un máximo de cuatro.
