El juicio por el ‘caso Morate’, por el que la Fiscalía pide un total de 48 años de prisión al considerarle culpable del asesinato de su expareja y de una amiga de ésta en verano de 2015, arrancará en la Audiencia Provincial de Cuenca el lunes, 23 de octubre, con jurado popular, en una sesión en la que se ha solicitado el análisis de más de 40 pruebas.
Se solicita igualmente para dirimir la responsabilidad de Sergio Morate el testimonio de 27 testigos, al margen de la comparecencia de hasta 20 agentes de Policía Nacional que intervinieron a lo largo del proceso de detención.
HECHOS JUSTICIABLES
La detención de Morate por este doble crimen se remonta a agosto de 2015 –fue detenido en Rumanía– y desde esta fecha se encuentra en prisión preventiva.
Así como que, tras poner fin a la relación, el acusado, que no asumió dicha decisión, comenzó a gestar, a partir de ese momento, la idea de poner fin a la vida de Marina Okarinska. Posteriormente, fue adquiriendo todos los medios necesarios, incluso cal viva, para ejecutar el plan de poner fin a la vida de Okarinska y deshacerse posteriormente de su cadáver.
De igual modo, el juez tendrá que enjuiciar si Morate acabó también con la vida de Laura del Hoyo, y si posteriormente trasladó los cadáveres de Marina y Laura hasta el paraje denominado ‘El Bodegón’, en el término municipal de Palomera (Cuenca) marchándose posteriormente a Rumanía, donde fue detenido el pasado 13 de agosto de 2015.
Se determinará de igual manera si los hechos expuestos son constitutivos de dos delitos de asesinato y si concurren las agravantes de parentesco, de cometer el hecho por razones de género, de abuso de superioridad, de ejecutar el hecho aprovechando las circunstancias de lugar que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente o de abuso de confianza.
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusaciones del pasado mes de febrero, solicitó un total de 48 años de prisión para el acusado, así como una indemnización de 50.000 euros al marido de quien fuera la pareja de Marina, 200.000 euros para sus padres, y 30.000 euros más para su hermana; a lo que hay que sumar otros 200.000 euros para los padres de Laura y otros 30.000 para sus hermanas, lo que eleva el total a 510.000 euros.
La representación procesal de Morate solicitó la libre absolución del acusado pues, a su parecer, el auto de apertura de juicio oral «infringía los derechos fundamentales» de Morate, «vulnerándose el principio de presunción de inocencia».
Las acusaciones particulares presentaron escrito de conclusiones acusando a Morate de dos delitos de asesinato, mientras que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, personada como acusación particular, se adhirió a las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal.
