En la actualidad política española, el ruido ensordecedor de los escándalos de corrupción ocupa portadas, tertulias y debates parlamentarios; se nos bombardea con nombres, cifras y tramas, como si el problema central del país fuera exclusivamente moral y no estructural. Nos oponemos, sin ambages, a la corrupción y a los corruptores: todo el peso de la ley debe caer sobre quienes utilizan las instituciones para enriquecerse a costa de lo público. Sin embargo, mientras el foco mediático se fija obsesivamente en estos casos —que deben investigarse y castigarse—, se despliega en paralelo una ofensiva mucho más silenciosa pero infinitamente más dañina: los recortes sociales. Porque, aunque no ocupen titulares con la misma intensidad, siguen ahí; determinan la vida cotidiana de millones de personas y, peor aún, se planifican nuevos ajustes que profundizarán la desigualdad. Como advirtiera Karl Marx, “la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases”; y en esta coyuntura, esa lucha adopta la forma de una transferencia sistemática de recursos desde la mayoría social hacia una minoría privilegiada.
Por otro lado, no faltan expertos dispuestos a revestir de tecnocracia cada decisión política que perjudica a la mayoría. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presentada como un organismo neutral y técnico, actúa en realidad como un instrumento de disciplina económica al servicio de una lógica profundamente ideológica. Esta institución exige recortes de hasta 15.000 millones de euros en gasto público hasta 2028; y lo hace utilizando un lenguaje aséptico, aparentemente objetivo, que oculta las consecuencias reales de sus propuestas. Cuando hablan de “ajuste fiscal” o de “reducción del gasto”, no se refieren, ni por asomo, a disminuir el presupuesto militar —que no deja de crecer—, ni a cuestionar las subvenciones a grandes empresas o los privilegios fiscales de las élites; hablan, en cambio, de recortar en pensiones, sanidad, educación y ayudas sociales. Es decir: en los pilares que sostienen la vida de la mayoría. Como señalaba Lenin, “el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra”; y la AIReF encarna con claridad esa función, actuando como garante de los intereses del capital frente a las necesidades populares.
Asimismo, conviene recordar el origen de esta institución para desmontar su pretendida independencia. La AIReF fue creada tras el rescate bancario de 2012, en el contexto de las imposiciones de la Unión Europea; no surgió de una demanda democrática interna, sino como una condición externa para asegurar el cumplimiento de políticas de austeridad. Su papel, desde entonces, ha sido el de vigilar las cuentas públicas con el objetivo de garantizar que los gobiernos mantengan una senda de reducción del gasto social. Se trata, en esencia, de un “policía fiscal” que supervisa y corrige cualquier desviación que pueda beneficiar a la mayoría social. Resulta particularmente indignante que este aparato se financie con dinero público: es decir, que quienes sufren los recortes paguen, vía impuestos, a quienes los diseñan y los imponen. La metáfora es tan cruda como certera: pagar al verdugo.
De igual modo, la ofensiva no se detiene en las cifras ya planteadas. La AIReF exige ahora más “ambición” al Gobierno, lo que en su lenguaje significa recortes adicionales del 0,6% del PIB en 2027 y del 0,3% en 2028. Traducido a
términos concretos: 10.000 millones de euros el próximo año y 5.000 millones el siguiente. Estas cantidades, lejos de ser abstracciones contables, representan hospitales que no se construirán, aulas masificadas, pensiones que pierden poder adquisitivo y familias que verán reducidas las ayudas de las que dependen.
Por consiguiente, la pregunta clave no es cuánto se recorta, sino de dónde se recorta. Y la respuesta es tan reveladora como previsible: no saldrá del gasto militar. La Unión Europea ha decidido que el aumento del presupuesto en defensa no compute dentro de los límites de déficit; es decir, se concede carta blanca para incrementar el gasto en armamento sin que ello obligue a compensaciones en otras partidas.
Los datos más recientes confirman que esta tendencia no es una hipótesis, sino una hoja de ruta ya escrita. La propia AIReF ha advertido de que, incluso aplicando la cláusula de escape europea para el gasto en defensa, España necesitará ajustes equivalentes a cinco décimas del PIB en 2026, seis décimas adicionales en 2027 y tres más en 2028; en términos absolutos, esto supone más de 23.000 millones de euros en recortes acumulados según la regla de gasto nacional. Resulta revelador que el propio organismo calcule que la mayor parte de ese ajuste, cerca de 15.000 millones de euros, no se exigirá hasta 2027 y 2028, es decir, después de las próximas elecciones generales: la disciplina fiscal se programa para cuando el coste político recaiga sobre otro Gobierno, pero el sacrificio social seguirá siendo el mismo. Mientras tanto, la propia AIReF reconoce que el gasto en defensa, junto con el envejecimiento de la población y los intereses de la deuda, será uno de los principales motores del déficit público en los próximos años; sin embargo, ese gasto queda sistemáticamente al margen de las recomendaciones de ajuste, blindado por la cláusula de escape que la propia España solicitó a Bruselas.
Mientras se reclama esta austeridad selectiva, el presupuesto militar español continúa su escalada sin obstáculo alguno. El Ministerio de Defensa ha confirmado que España mantendrá en 2026 una inversión equivalente al 2% del PIB, lo que sitúa el gasto militar por encima de los 34.000 millones de euros, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. A ello se suman casi 21.000 millones de euros en licitaciones de defensa adjudicadas solo en el último año, en el marco de un plan industrial que el propio Gobierno presenta como motor de crecimiento económico. La contradicción no puede ser más flagrante: cuando se trata de armamento, se habla de “inversión” y de “estímulo”; cuando se trata de pensiones, sanidad o educación, se habla de “gasto” que hay que “contener”. El lenguaje, lejos de ser neutral, cumple una función ideológica precisa: naturaliza como inevitable lo que en realidad es una decisión política deliberada sobre a quién se protege y a quién se sacrifica.
En paralelo, otros organismos internacionales se suman a esta ofensiva con discursos aparentemente técnicos pero profundamente ideológicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha exigido recientemente a España la retirada de las ayudas destinadas a mitigar la subida de precios; en otras palabras, propone que la ciudadanía asuma directamente el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles.
Conviene detenerse en el detalle de estas exigencias, porque revelan con claridad cuál es la prioridad real del organismo. El FMI no se limita a pedir el desmantelamiento de las ayudas energéticas: reclama además una “mayor reforma de las pensiones”, advierte de la presión que el envejecimiento de la población ejercerá sobre las cuentas públicas y pide “reforzar el papel del consejo fiscal independiente”, es decir, otorgar aún más poder a organismos como la AIReF para imponer disciplina presupuestaria. Todo ello se plantea, además, en un informe que reconoce que la economía española crece con fuerza, por encima de la media de la eurozona, y que no hay indicios de una burbuja inmobiliaria similar a la de 2008. La paradoja es evidente: incluso cuando los indicadores macroeconómicos son favorables, la receta sigue siendo la misma, ajustar el gasto social, nunca el armamentístico. El crecimiento económico, en este relato, no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría, sino en una nueva oportunidad para profundizar el ajuste “mientras se puede”.
Finalmente, frente a este panorama, existe una alternativa clara: la redistribución de la riqueza. Blindar las pensiones en la Constitución como un derecho fundamental, limitar por ley el precio de la vivienda, nacionalizar los mercados energéticos y establecer controles efectivos son medidas necesarias para proteger a la mayoría social.
Estas propuestas no son utopías inalcanzables, sino decisiones presupuestarias plenamente posibles si existiera voluntad política para priorizarlas. Si España destina ya más de 34.000 millones de euros al gasto militar y se plantea, en el marco del plan europeo de rearme, movilizar cifras aún mayores en los próximos años, queda claro que el problema no es la falta de recursos, sino la dirección que se decide darles. Una fiscalidad más progresiva, que grave de forma efectiva las grandes fortunas y los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, permitiría financiar sin recortes los pilares del Estado del bienestar. La diferencia entre ambos modelos no es técnica, sino de clase: quién paga la factura del ajuste y quién queda exento de contribuir a él.
En suma, mientras la atención se centra en los escándalos de corrupción —que deben ser combatidos con firmeza—, se desarrolla una ofensiva estructural contra los derechos sociales que afecta a millones de personas. Los recortes no son una necesidad técnica, sino una decisión política; y, como tal, su recorte, puede, debe ser cuestionado y combatido.
