Los equipos multidisciplinares de In Género atendieron a 1.622 personas en Castilla-La Mancha y realizaron intervención en 359 espacios de prostitución durante 2025.
El 51,02 % de las personas atendidas se encontraba en situación administrativa irregular y otro 16,53 % tenía procesos de regularización en trámite. Un 35,16 % no disponía de tarjeta sanitaria o la tenía en trámite.
«Esta realidad condiciona el acceso al empleo, la vivienda, la estabilidad económica y determinados recursos y derechos básicos».
Así lo ha indicado la coordinadora autonómica de In Género en Castilla-La Mancha, Julia Dafina Ionescu, y la responsable del área jurídica de la entidad, Rosario Porras Sánchez, quienes han expuesto las principales conclusiones del trabajo desarrollado durante el último año, que ejecuta a través de unidades móviles y servicios especializados de atención social, psicológica, jurídica, sanitaria y laboral.
«Los derechos reconocidos deben convertirse en derechos accesibles», ha señalado Julia Dafina Ionescu durante la presentación, subrayando que los datos de 2025 muestran que todavía persisten obstáculos importantes para muchas de las personas atendidas.
Según informa en nota de prensa la organización, el informe refleja una realidad claramente feminizada, ya que más del 98 % de las personas atendidas fueron mujeres cis y trans. La mayoría procedía de países de América Latina, principalmente Colombia, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
Además, más del 90 % de las personas atendidas mantenía económicamente a familiares gracias a sus ingresos, una realidad que evidencia el peso de las responsabilidades familiares en muchos procesos migratorios.
En materia de acceso a derechos, el informe señala que el 75,27 % de las personas atendidas estaba empadronado. Sin embargo, un 35,16 % no disponía de tarjeta sanitaria o se encontraba con trámites pendientes para su obtención, lo que dificulta el acceso normalizado al sistema público de salud.
La entidad también ha puesto en valor la importancia de la intervención directa en terreno para la detección de situaciones de especial vulnerabilidad.
Durante 2025, los equipos especializados detectaron indicadores de posible explotación sexual en el 13,80 % de las personas atendidas y posibles situaciones de trata en el 1,17 % de los casos.
In Género ha insistido en la necesidad de seguir reforzando la coordinación entre administraciones públicas, recursos especializados, entidades sociales y fuerzas y cuerpos de seguridad, con el objetivo de garantizar respuestas eficaces, accesibles y adaptadas a la realidad de las personas atendidas.
La entidad agradece también el apoyo de las instituciones y entidades financiadoras que han contribuido al desarrollo de sus programas en Castilla-La Mancha.
