La Sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo celebrará el próximo martes, 9 de junio, el juicio contra P.M.G., acusada de un delito de agresión sexual continuada a un menor de 14 años en el año 2022. La Fiscalía solicita para la acusada una pena de diez años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, prohibición de acercarse a la víctima y libertad vigilada durante diez años tras la pena de cárcel.
Según el escrito de acusación, P.M.G. conoció a la víctima, A., cuando este tenía 13 años y ella 22, en el año 2021, a través de una aplicación de videojuegos. A partir de ese momento, ambos comenzaron a forjar una amistad cada vez más estrecha. El documento señala que la acusada llegó a preguntarle a A. si quería ser su novio y le manifestó que estaba enamorada de él.
En agosto de 2022, P.M.G. se desplazó a la localidad donde residía el menor y se alojó durante varios días en la casa familiar de este. Posteriormente, el menor y su hermana visitaron la localidad de la acusada y se alojaron en el domicilio de P.M.G.
En septiembre de 2022, la acusada viajó en dos ocasiones a la localidad del menor, quedándose a residir en una casa de alquiler en la segunda visita. Desde el primer momento en el que P.M.G. llegó en agosto de 2022, cuando ella tenía 23 años y el menor 14, y hasta marzo de 2023, ambos mantuvieron relaciones sexuales completas, en la mayoría de las ocasiones en el domicilio de A., siendo conocedora la acusada de la edad del menor.
La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual y solicita, además de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, la prohibición de acercarse al menor a una distancia inferior a 30 metros respecto de su domicilio y cualquier lugar que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio durante doce años.
Asimismo, se solicita que se imponga la medida de libertad vigilada, conforme al artículo 192 del Código Penal, por un periodo de diez años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que la acusada indemnice al menor con 12.000 euros, aplicando el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
