En los últimos días asistimos a una peligrosa e inconfundible escalada de la administración estadounidense contra Cuba, una ofensiva que no surge de la nada ni responde a coyunturas aisladas, sino que se inserta con precisión en el largo historial de agresiones del imperialismo norteamericano contra cualquier nación que ose desafiar su hegemonía en el continente americano, y particularmente contra aquellas que, como Cuba, han decidido ejercer su soberanía política, económica y militar al margen de los dictados de Washington, confirmando una vez más la vigencia de aquella advertencia de José Martí: “El pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve”.
Lo que hoy se presenta como una serie de medidas “nuevas” no es más que la intensificación de una guerra híbrida que se prolonga ya por más de sesenta y seis años y que ha incluido, sin excepción, todas las formas imaginables de violencia estructural y directa: un bloqueo económico, comercial y financiero de carácter criminal, diseñado explícitamente para provocar hambre, enfermedad y desesperación en la población —como reconocía sin ambages el memorando Mallory de 1960 al plantear la necesidad de “provocar el desaliento y la insatisfacción mediante la penuria económica”—; atentados terroristas organizados o tolerados desde territorio estadounidense; incursiones armadas como la invasión de Playa Girón; la introducción deliberada de plagas y epidemias; la financiación, entrenamiento y protección de grupos contrarrevolucionarios; campañas mediáticas de desinformación masiva; y un sinfín de operaciones encubiertas orientadas a un único objetivo estratégico, el cambio de régimen en la isla.
En este contexto, la actual administración de Donald Trump no ha hecho sino redoblar la apuesta, incorporando nuevas medidas coercitivas que agravan hasta límites insoportables las condiciones materiales del pueblo cubano, como el férreo control de las importaciones de petróleo, una decisión que no puede interpretarse de otro modo que como un acto de guerra económica total, al impedir el acceso a un recurso absolutamente esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad moderna, desde el transporte hasta la generación eléctrica, pasando por la producción de alimentos y la sanidad, empujando deliberadamente a la población hacia niveles de mera subsistencia.
Sin embargo, lejos de reconocer el carácter devastador de estas políticas, Washington intensifica su discurso propagandístico culpabilizando cínicamente al gobierno cubano de las consecuencias de un cerco que ellos mismos imponen, desplegando una maquinaria mediática que busca generar una matriz de opinión favorable a una intervención más directa, apelando a la desestabilización interna y a la incitación abierta a una rebelión popular contra la dirigencia revolucionaria, en una lógica que recuerda la célebre máxima de Noam Chomsky: “La propaganda es a la democracia lo que la porra al Estado totalitario”.
En este marco se inscribe la última maniobra, que reproduce de forma casi calcada el guion ya ensayado contra Venezuela, consistente en la fabricación de acusaciones penales contra figuras clave del Estado cubano, en este caso el general Raúl Castro Ruz, a quien se pretende responsabilizar del derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” hace más de tres décadas, ocultando deliberadamente el hecho de que dichas aeronaves habían violado reiteradamente el espacio aéreo cubano y desobedecido las advertencias de la defensa aérea, lo que convierte este episodio en un acto legítimo de soberanía nacional, tal y como establece el derecho internacional.
Esta construcción artificial de criminalidad no busca justicia ni verdad, sino sentar las bases para justificar acciones de carácter extraterritorial, incluyendo la posibilidad de secuestro o asesinato selectivo, prácticas que ya han sido normalizadas en la política exterior estadounidense bajo el eufemismo de “operaciones quirúrgicas”, y que ahora se ven respaldadas por un inquietante despliegue militar en la región, con la presencia de un portaaviones, un destructor y buques logísticos cuya función excede con mucho la mera disuasión.
Todo ello apunta a una estrategia que pretende evitar los mecanismos formales de declaración de guerra, permitiendo al Ejecutivo actuar con rapidez y sin control democrático, en una lógica imperial que desprecia abiertamente el derecho internacional, confirmando lo que ya señalara Fidel Castro: “El imperialismo no tiene más ley que la fuerza”.
No obstante, este cálculo ignora un elemento fundamental que ha demostrado ser decisivo durante décadas: el alto nivel de conciencia política y antiimperialista del pueblo cubano, forjado en la resistencia cotidiana frente a la agresión externa y en un proceso revolucionario que ha priorizado la educación, la salud y la dignidad por encima de los intereses del capital, en consonancia con la afirmación de Ernesto Che Guevara de que “no se puede confiar en el imperialismo ni un tantico así”.
Cuba no es un Estado fallido ni una sociedad desarticulada, sino un proyecto político profundamente arraigado en su población, que ha demostrado una capacidad de resistencia excepcional frente a condiciones extremas, y que difícilmente se doblegará ante una ofensiva que, lejos de debilitar su cohesión interna, tiende a reforzarla.
Resulta, por tanto, particularmente obsceno que se intente presentar a Cuba como una amenaza o como un régimen criminal, cuando su historial internacionalista constituye uno de los ejemplos más notables de solidaridad entre pueblos en la historia contemporánea, materializando en la práctica la consigna martiana de que “Patria es humanidad”.
Desde las campañas de alfabetización que erradicaron el analfabetismo en tiempo récord, hasta el envío de brigadas médicas a decenas de países en situaciones de emergencia, pasando por la formación gratuita de miles de profesionales sanitarios del Sur Global, la decisiva intervención militar en Angola que contribuyó a la derrota del apartheid sudafricano, o la acogida de miles de niños afectados por el desastre de Chernóbil, Cuba ha demostrado en la práctica que otro modelo de relaciones internacionales es posible, basado no en la explotación sino en la cooperación y la dignidad humana.
Frente a este legado, el silencio —cuando no la complicidad— de muchos países resulta no solo decepcionante, sino profundamente revelador del grado de subordinación que aún impera en el sistema internacional, donde los intereses de las grandes potencias siguen dictando las agendas políticas incluso de aquellos Estados que se han beneficiado directamente de la solidaridad cubana, confirmando la vigencia del análisis leninista del imperialismo como fase superior del capitalismo.
En este sentido, la ofensiva actual debe entenderse también en el marco de una reconfiguración geopolítica más amplia, en la que el declive relativo de la hegemonía estadounidense impulsa a sus élites a redoblar el control sobre su “patio trasero”, garantizando el acceso a recursos estratégicos y asegurando cadenas de suministro que sostengan su capacidad de intervención en otros escenarios, como Oriente Próximo, en un momento en que el surgimiento de un mundo multipolar cuestiona abiertamente su dominio.
A ello se suma el peso específico de los intereses de la oligarquía cubano-estadounidense, integrada plenamente en las estructuras de poder de Washington y representada por figuras como el secretario de Estado Marco Rubio, cuyo proyecto no es solo ideológico sino profundamente material: la restauración de un modelo neocolonial que les permita apropiarse de los recursos, las empresas y el patrimonio de la isla, revirtiendo las conquistas de la Revolución.
Ante este panorama, la respuesta que Cuba necesita no es la compasión retórica ni la ayuda puntual, sino un compromiso político y económico real por parte de la comunidad internacional, que implique la denuncia activa del bloqueo en todos los foros, la ruptura de relaciones con quienes lo sostienen, y la implementación de mecanismos efectivos para sortear sus efectos, incluyendo el suministro de combustible y el desarrollo de infraestructuras energéticas alternativas.
Algunos actores como Rusia y China han dado pasos en esta dirección, pero el esfuerzo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la agresión, y resulta especialmente llamativa la tibieza de gobiernos como el español, que pese a sus constantes apelaciones a los lazos históricos con América Latina, no han asumido una posición firme en defensa de Cuba.
Finalmente, esta escalada debe ser interpretada como una advertencia clara al conjunto de naciones latinoamericanas: la política de apaciguamiento frente a Estados Unidos no ofrece garantías de seguridad, sino que alimenta una dinámica de subordinación que tarde o temprano se traduce en nuevas agresiones.
La historia reciente es elocuente en este sentido, y demuestra que cualquier país que intente ejercer su soberanía puede convertirse en objetivo de la maquinaria imperial.
Por ello, la única salida viable pasa por la unidad regional, la articulación de un bloque político y económico capaz de resistir las presiones externas, y el fortalecimiento de las instituciones multilaterales del Sur Global.
Porque lo que está en juego no es solo el futuro de Cuba, sino la posibilidad misma de construir un orden internacional basado en la justicia, la igualdad y la autodeterminación de los pueblos: o se rompe el cerco imperialista mediante la acción colectiva y decidida, o se acepta la perpetuación de un sistema de dominación que condena a la mayoría de la humanidad a la explotación y el saqueo; no hay término medio, no hay neutralidad posible, no hay excusas que puedan ocultar la responsabilidad histórica de quienes, pudiendo actuar, optan por el silencio; como advirtió Fidel Castro, “la historia absolverá a los pueblos que luchan”, y Cuba, pese a todo, lucha, resiste y vencerá.
