Los gobiernos de todas las comunidades autónomas han aceptado este jueves la propuesta de reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, tras la conferencia sectorial celebrada con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El acuerdo, alcanzado por unanimidad, permitirá que las regiones reciban los importes en los próximos meses y comiencen las actuaciones durante el segundo semestre del año.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha confirmado el consenso al término de la conferencia sectorial, destacando que se trata de un acuerdo “importante por su contenido pero también por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía”, al haberse logrado que diferentes administraciones “remen juntas”. Rodríguez ha subrayado que este pacto supone una buena noticia “sobre todo para la ciudadanía” que espera propuestas “eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud”.
Durante la rueda de prensa, la ministra ha recordado que el proceso ha requerido “muchos meses de trabajo, de diálogo”, y ha puesto en valor la participación no solo de las administraciones públicas, sino también de la sociedad y los agentes del sector, con la recepción de hasta 400 propuestas de entidades sociales. El plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, lo que, en palabras de Rodríguez, demuestra que “cuando se quiere y se trabaja en él”, es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.
El Ministerio ha asegurado que el reparto de los fondos no se verá afectado por los diferentes procesos electorales ni por un eventual adelanto electoral en el Gobierno central. Las comunidades autónomas que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los importes para el mes de julio. Desde el departamento ministerial se espera que este acuerdo “marque un punto de inflexión” para que las comunidades autónomas “colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda” en la aplicación de las medidas de la Ley de Vivienda, con el objetivo de bajar los precios del alquiler y “frenar la especulación”.
El plan cuenta con una dotación de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente. La propuesta mantiene los criterios de reparto previos: el 40% del presupuesto se destina a vivienda protegida, el 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente mediante ayudas específicas y el 30% restante a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas. Además, se introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de modo que los inmuebles adquiridos y promovidos con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos de forma permanente.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 prevé que el Estado asuma el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que implica un esfuerzo mayor para las autonomías respecto a planes anteriores, en los que su aportación era del 25%.
El plan se enmarca en la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger. Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para evitar la especulación, condicionando la financiación a que las viviendas sirvan siempre al interés general, incorpora una cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda. El Consejo Asesor de Vivienda analizará anualmente el cumplimiento del plan, y se establecerán canales de transparencia y acción con carácter semestral para el seguimiento de las actuaciones.
En cuanto al reparto regional, Andalucía es la comunidad con mayor dotación presupuestaria, con 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid (1.113 millones) y Cataluña (1.015 millones). Otras regiones como Castilla y León, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Asturias, Murcia, Cantabria, Extremadura y La Rioja también verán incrementados sus fondos respecto al plan anterior. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán 7 millones de euros cada una.
La ministra Isabel Rodríguez ha insistido en que el plan realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central “no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público”, articulando canales de transparencia y acción con carácter semestral para el seguimiento de los proyectos.
