La palabra “polarización” se ha instalado en el debate público como un comodín tramposo, un refugio semántico al servicio de la ideología dominante que pretende diluir responsabilidades y repartir culpas como si estuviésemos ante dos bloques simétricos que se agreden con la misma intensidad y con los mismos medios. Pero basta descender del plano abstracto al terreno material de los hechos —a los nombres propios, a los episodios concretos, a las relaciones de poder que los sostienen— para comprobar que no estamos ante un fenómeno equilibrado, sino ante una dinámica dirigida, alimentada y explotada por la derecha política española, con el PP y Vox como principales vectores de esa tensión. No se trata de percepciones subjetivas ni de relatos interesados: se trata de una acumulación de hechos que, analizados desde una óptica de clase, dibujan una estrategia coherente de intimidación, desgaste y deslegitimación del adversario político, funcional a la reproducción del orden existente.
Ahí está el caso de Gabriel Rufián, obligado a ocultar su identidad en espacios públicos para evitar agresiones físicas que ya se han producido. No hablamos de una hipótesis, hablamos de la coerción directa sobre un representante político que expresa posiciones incómodas para el bloque dominante. Ahí está Rita Maestre, víctima de la difusión de sus datos personales —una práctica de señalamiento que remite a formas de control social propias de momentos de reacción— con el objetivo de facilitar el acoso en su propio domicilio, incluyendo la irrupción de individuos que la hostigan con demandas sexuales. Ahí está Sarah Santaolalla, que ha necesitado escolta policial ante un acoso persistente que ha cruzado la frontera de lo digital para materializarse en su vida cotidiana. Y ahí está el episodio de aquel individuo encarcelado por planificar el asesinato de Pedro Sánchez, un sujeto que no solo fantaseaba con la violencia, sino que disponía de un arsenal y declaraba abiertamente su intención de ejecutar un disparo preciso. No es una metáfora: es la expresión desnuda de la violencia política en su forma más cruda.
Estos nombres no son excepciones, son síntomas de una estructura. A ellos se suman los seis individuos imputados por colgar, apalear y vejar un muñeco que representaba a Pedro Sánchez frente a la sede de Ferraz, en una escenificación de violencia simbólica que cumple una función disciplinaria: señalar al enemigo y naturalizar su castigo. Se suma la actividad constante de provocadores mediáticos como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, que han hecho del acoso verbal, la intimidación y la humillación pública una forma de intervención política integrada en el aparato ideológico de la derecha. Se suma la persecución judicial de voces como Jair Domínguez, denunciado por Vox por expresar una opinión contundente contra el nazismo, mientras quienes difunden odio y amenazas materiales encuentran con frecuencia una indulgencia que no es casual, sino coherente con una correlación de fuerzas determinada.
Y, por si fuera poco, se suma la existencia de organizaciones que operan como prolongaciones sociales de ese mismo proyecto político: Desokupa, Hogar Social Madrid, Manos Limpias, Abogados Cristianos, Revuelta. Estructuras que, bajo distintas coartadas, comparten una misma lógica: ejercer presión, señalar al disidente, construir enemigos internos y, llegado el caso, actuar como fuerza de choque en defensa de un determinado orden social. No son anomalías, son piezas de un engranaje. Su proliferación y su margen de actuación no pueden explicarse sin atender al clima político que las legitima y a los intereses de clase a los que sirven.
Ese clima tiene nombres propios: Partido Popular y Vox. No como meros espectadores, sino como actores que alimentan, legitiman y capitalizan esta tensión. Porque cuando dirigentes del PP convierten el insulto en herramienta parlamentaria, cuando se normaliza llamar “hijo de puta” al presidente del Gobierno o se articulan campañas de ridiculización como la de “puta rima con fruta”, no estamos ante salidas de tono individuales, sino ante la degradación consciente del lenguaje político como arma de lucha ideológica. Cuando se popularizan apelativos como “el galgo de Paiporta”, se está operando una deshumanización del adversario que facilita su posterior hostigamiento.
En esa misma línea se inscriben las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra, Miguel Tellado o Santiago Abascal en las instituciones. La ausencia de propuestas programáticas se sustituye por una retórica de desgaste permanente, por la repetición de consignas vacías como “¿cuándo se marcha, señor Sánchez?”, que no buscan esclarecer nada, sino erosionar la legitimidad del adversario. Es la política convertida en espectáculo degradado, en instrumento de agitación que se retroalimenta con lo que ocurre fuera de las instituciones: en la calle, en las redes, en los espacios donde la violencia deja de ser simbólica para adquirir formas más tangibles.
Especialmente reveladora fue la declaración de Feijóo: “Yo puedo salir a la calle. Usted, no”. En esa frase se condensa una verdad incómoda: la existencia de una asimetría en el acceso al espacio público, de una violencia que condiciona la movilidad y la seguridad de determinados actores políticos. No es una boutade, es la constatación de un clima en el que unos pueden ejercer su actividad con normalidad mientras otros lo hacen bajo amenaza. Y esa desigualdad, lejos de ser denunciada por quienes la alimentan, es utilizada como elemento de presión política.
Aquí es donde el concepto de “polarización” despliega toda su función ideológica. Desde una perspectiva marxista, no es más que un instrumento de mistificación que oculta la naturaleza de la lucha de clases en curso. Al presentar el conflicto como una confrontación entre extremos equivalentes, se borra su dirección, se neutraliza su contenido político y se protege a quienes detentan el poder material y simbólico. La violencia deja de tener sujeto y pasa a ser un fenómeno abstracto, casi natural, ante el cual solo cabe la resignación o la apelación vacía al consenso.
Pero la realidad material desmiente ese relato. En un escenario de polarización simétrica, veríamos a dirigentes del PP o de Vox sometidos a niveles similares de acoso, veríamos a sus representantes ocultando su identidad por miedo a agresiones, veríamos a mujeres conservadoras temiendo regresar a sus domicilios por el hostigamiento de militantes de izquierdas. Y eso, sencillamente, no ocurre. Lo que ocurre es otra cosa: una violencia que se ejerce fundamentalmente en una dirección y que encuentra cobertura política, mediática y, en ocasiones, institucional.
El papel de determinados sectores del aparato judicial no puede desligarse de esta dinámica. Casos como los de Victoria Rosell, Mónica Oltra o Alberto Rodríguez han contribuido a generar la percepción de que la justicia no opera en un vacío ideológico, sino que está atravesada por las mismas tensiones que el resto de la sociedad. La mención a episodios como la “Kitchen” o la figura del fiscal general Álvaro García Ortiz se inscribe en ese contexto de disputa por el control de los resortes del Estado. La ley, lejos de ser neutral, es también un terreno de lucha.
Mientras tanto, el aparato mediático actúa como correa de transmisión de este marco. Cualquier intento de señalar la asimetría es rápidamente etiquetado como “polarización”, invirtiendo así la lógica de la responsabilidad. No es el agresor quien genera el conflicto, sino quien lo denuncia. No es quien amenaza o acosa quien deteriora la convivencia, sino quien se atreve a nombrar esa violencia. Es un mecanismo de disciplinamiento que busca limitar el campo de lo decible y mantener intacta la hegemonía ideológica de la derecha.
Desde una perspectiva de clase, todo esto responde a una lógica clara. En un contexto de crisis del capitalismo, de precarización creciente y de pérdida de expectativas para amplias capas de la población, las fuerzas conservadoras intensifican la confrontación cultural y política para desviar el foco de las contradicciones estructurales. La polarización no es un accidente, es una estrategia. Sirve para movilizar a las bases, para construir enemigos internos y para legitimar prácticas autoritarias que refuercen el control social.
Decir esto no es “polarizar”, es hacer análisis materialista. Es señalar que hay actores concretos —PP y Vox— que están utilizando la tensión como herramienta política, apoyados por un entramado de organizaciones, medios y figuras públicas que amplifican y ejecutan esa estrategia. Negarlo en nombre de una supuesta equidistancia no solo es intelectualmente deshonesto, sino políticamente funcional a quienes se benefician de ese estado de cosas.
Porque mientras se siga utilizando el término “polarización” como coartada para no señalar a los responsables, la dinámica continuará profundizándose. La impunidad alimenta la repetición, y la repetición consolida la norma. Hoy son insultos, acosos y amenazas; mañana pueden ser formas más intensas de violencia. Y entonces, cuando el proceso haya avanzado lo suficiente, quizá ya no sea posible revertirlo con apelaciones retóricas a la convivencia.
La cuestión, en última instancia, es si se acepta el marco impuesto por la derecha o si se rompe con él. Si se asume el lenguaje de la “polarización” o se recupera un análisis que ponga en el centro las relaciones de poder y los intereses de clase. Lo que está en juego no es solo el tono del debate público, sino la capacidad de las clases subalternas para articular una respuesta política frente a una ofensiva que se despliega sin complejos, a calzón quitado.
No hay aquí dos extremos equivalentes. Hay un bloque que ejerce la violencia —en sus distintas formas— para mantener su posición de dominio, y otro que la sufre y, en ocasiones, intenta resistirla. Llamar a eso por su nombre no es radicalismo, es claridad política. Y sin esa claridad, cualquier intento de transformación está condenado a moverse dentro de los límites que fija el propio adversario.
Así que no, no es “polarización” en abstracto. Es una polarización dirigida, de clase, impulsada por quienes tienen interés en que el conflicto adopte formas que les resulten favorables. Y mientras no se diga con todas las letras que el PP y Vox son actores centrales en esa dinámica, seguiremos atrapados en un relato que confunde a las víctimas con los responsables y que convierte la denuncia en problema.
Al final, lo que está en juego no es una cuestión de modales, sino de poder. Y el poder, como enseñó la tradición marxista, nunca se cede sin conflicto.
