La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha respondido por carta a las plataformas ciudadanas STOP Biometano, que han presentado alegaciones al Plan Regional de Biometanización que tramita el Gobierno autonómico con horizonte 2030. Gómez ha defendido la necesidad de avanzar en este proyecto, señalando que “hay una revolución energética, tenemos que aumentar nuestra autonomía”.
En su misiva, Gómez muestra el “máximo respeto” por las aportaciones recibidas durante el proceso de participación pública y aclara que su departamento ha dado respuesta a cuestiones como la distancia mínima de las plantas a núcleos poblacionales, su ubicación, la distancia entre instalaciones y el rechazo vecinal en determinadas zonas.
La consejera reconoce que “cada una de ellas daría para un debate amplio y muchas veces no concluyente”, pero insiste en que “las tramitaciones de las plantas han de someterse a una tramitación ambiental muy rigurosa”.
Según Gómez, el Plan Regional establece requisitos adicionales, como distancias a viviendas, transporte y almacenamiento de residuos orgánicos y zonas con protección ambiental.
Además, durante el trámite de Información Pública y Consultas a las Administraciones Interesadas, “todas las personas o instituciones que aporten información sobre los problemas que estas instalaciones puedan producir al medio ambiente o a la salud de las personas serán tenidos en cuenta para autorizarlas o no de una manera definitiva”.
La consejera detalla que los ayuntamientos afectados deben elaborar dos informes: uno de compatibilidad urbanística y otro sobre la afección socioeconómica y los efectos sinérgicos y acumulativos del proyecto en el municipio.
Una vez finalizada la tramitación ambiental, corresponde a los ayuntamientos conceder la licencia de obra y de actividad, siempre que la instalación cumpla con la normativa municipal. “Por tanto, la autonomía local para decidir sobre su propio desarrollo queda absolutamente salvaguardada en todo momento”, afirma Gómez.
El plan también contempla la obligación de presentar un estudio odorífero para garantizar que los olores y emisiones no lleguen a las poblaciones limítrofes. Gómez añade que “para evitar posibles molestias y olores, los residuos se almacenen en recintos cerrados, con presión negativa y biofiltros. Así como el establecimiento de rutas que eviten que los vehículos de transporte atraviesen poblaciones”.
Respecto a la emisión de gases, Gómez asegura que “se lleva a cabo un control riguroso de las emisiones de metano y otros gases, ya no solo por los requisitos medioambientales y sanitarios exigidos en su autorización, sino porque su comercialización es uno de los ingresos más importantes de estas plantas”. Subraya que en dichas instalaciones no se expone a la población “a gases tóxicos, contaminantes, ni a aerosoles con patógenos”, en contra de lo que argumentan las plataformas ciudadanas.
Para evitar la emisión de amoníaco, el plan establece “el cubrimiento total de balsas para prevenir la emisión de este gas” y el almacenamiento de sustratos líquidos en tanques herméticos con sistemas cubiertos. Sobre el digestato, Gómez explica que “basta con comprobar que los digestores funcionan con bacterias vivas y que si los subproductos empleados para producir biogás tuvieran ese tipo de sustancias, se morirían e impedirían el funcionamiento de estas plantas”.
La consejera concluye su respuesta aludiendo a la Guía de Buenas Prácticas para la Implantación de Proyectos de Biogás y Biometano, elaborada por el IDAE, que promueve el “diálogo, transparencia, comunicación y participación ciudadana” desde las fases iniciales. La guía también incide en el compromiso medioambiental, los beneficios para la comunidad, el emplazamiento adecuado de las plantas, la gestión eficiente de los residuos y el almacenamiento seguro de materias primas, así como la seguridad y el control.
“Estamos asistiendo a una revolución energética y económica, con un contexto geopolítico incierto que nos hace tener que aumentar nuestra autonomía energética y respecto al uso de fertilizantes orgánicos. Vamos a seguir trabajando para que Castilla-La Mancha consiga este doble objetivo siempre con las máximas garantías de seguridad y bienestar para su gente y su medio ambiente”, concluye Mercedes Gómez.
