La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reconocido este jueves que la aprobación del decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los alquileres se presenta “muy complicada” en el Congreso de los Diputados, debido a la postura de los grupos políticos, especialmente de los partidos de derechas. Rodríguez ha expresado su deseo de que la situación sea diferente, aunque ha admitido que Junts “no está por la labor”.
Durante su intervención en la jornada ‘Habitar el mundo rural’, organizada por el diario La Tribuna de Ciudad Real en Pozuelo de Calatrava, Rodríguez ha explicado que “va ser muy complicado” que el decreto salga adelante, “observando lo que han dicho los grupos políticos, especialmente las derechas”. No obstante, ha añadido: “Desearía que no fuera así”, y ha recordado que “nunca en las negociaciones políticas hay que bajar los brazos”.
La ministra ha defendido que su posición es “mucho más ambiciosa” que la de Sumar, señalando que la protección no debe limitarse a los contratos firmados en 2020 y 2021. “No creo solo que tengamos que proteger a los contratos que se firmaron en el 2020 y en el 2021, es que en el 2022, en el 2023, se firmaron muchos contratos. Y la anomalía es que los contratos que se han ido firmando después ya no han sido contratos residenciales, sino contratos temporales de apenas un año o de 11 meses”, ha explicado.
En este sentido, Rodríguez ha recordado que en el Congreso existe una iniciativa que ella respalda y que busca regular de manera transversal el mercado del alquiler, con especial atención a los contratos temporales. Según la ministra, estos contratos “obligan a las familias a quedarse atrapadas y, por ejemplo, impiden después que los estudiantes encuentren un piso en alquiler temporal a un precio razonable”.
Rodríguez ha insistido en la importancia de dar estabilidad a quienes viven de alquiler y ha destacado que, en España, la mayoría de los alquileres no están gestionados por administraciones públicas ni por grandes propietarios, sino por particulares. “Vivimos en la anomalía de que en nuestro país, en ausencia de ese parque público de vivienda, la mayoría que están en alquiler no son de administraciones públicas, ni tan siquiera de grandes propietarios o fondos de inversión. Son mayoritariamente de personas particulares”, ha argumentado.
La ministra ha subrayado que este es el mercado que debe regularse y ha asegurado que todas las medidas del Gobierno van en esa dirección. “Concretamente, esta medida está muy pensada para zonas especialmente tensionadas, como es la Comunidad de Madrid, donde sus responsables políticos autonómicos han decidido no intervenir”, ha señalado.
Finalmente, Rodríguez ha concluido que el Gobierno seguirá trabajando con otros instrumentos para dar estabilidad y avanzar en el derecho a la vivienda y en la creación de un parque público. “En cualquier caso nosotros vamos a seguir trabajando con otros instrumentos, como estos que hoy vamos a presentar aquí, para intentar dar estabilidad e ir avanzando en la consecución de ese derecho y del parque público, que es el objetivo final”, ha afirmado la ministra.
