La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de recurrir la regularización impulsada por el Gobierno para personas migrantes que ya viven y trabajan en España. Lo ha hecho apelando a una idea difusa de orden, de legalidad y de identidad que, en la práctica, se traduce en cerrar la puerta a quienes ya forman parte de la sociedad. El contexto en el que se produce este anuncio resulta especialmente revelador. Ese mismo día, una operación policial en la región terminaba con la detención de varias personas acusadas de explotar a migrantes sin permiso de trabajo en condiciones que difícilmente pueden describirse sin recurrir a la palabra esclavitud. No hablamos solo de sueldos indignos o jornadas interminables, sino de humillaciones, amenazas y una negación total de derechos.
No es una coincidencia menor. Es la expresión de una contradicción estructural. Mientras se endurece el discurso contra quienes no tienen papeles, se mantiene intacto —cuando no se tolera activamente— un sistema económico que necesita precisamente de esa irregularidad para funcionar. La vulnerabilidad administrativa se convierte en una herramienta útil para abaratar costes, disciplinar a la fuerza de trabajo y garantizar beneficios. Quien no tiene derechos difícilmente puede reclamarlos.
Conviene decirlo sin rodeos: obstaculizar la regularización de personas que ya viven aquí no protege la legalidad, sino que consolida un mercado laboral basado en la desigualdad. La irregularidad no disuade la llegada de migrantes, pero sí facilita su explotación. Es un mecanismo funcional para determinados intereses económicos que encuentran en esa precariedad un terreno fértil para maximizar beneficios.
En paralelo, se despliega un discurso político que señala a esas mismas personas como un problema. Se las presenta como una carga para los servicios públicos, como competidores desleales o como una amenaza cultural. Este relato cumple una función clara: desviar la atención. En lugar de poner el foco en quién se beneficia de la precariedad, se dirige la mirada hacia quienes la padecen.
En la Comunidad de Madrid, esta lógica se entrelaza con otro proceso de fondo: el avance sostenido de la sanidad privada. En ese escenario, el grupo Quirónsalud se ha consolidado como uno de los actores principales. Su crecimiento no puede entenderse al margen de decisiones políticas que han ido debilitando progresivamente el sistema público, ya sea a través de recortes, saturación o externalización de servicios. Cuando lo público se deteriora, lo privado encuentra oportunidades.
No hace falta recurrir a teorías complejas para entender la dinámica. Si se cuestiona la universalidad de la sanidad, si se limita el acceso de determinados colectivos, si se alargan listas de espera o se reducen recursos, una parte de la población buscará alternativas. Quien pueda permitírselo acudirá a la sanidad privada. Y ahí es donde empresas como Quirónsalud amplían su espacio, consolidando un modelo en el que la salud deja de ser un derecho garantizado para convertirse, cada vez más, en un servicio condicionado por la capacidad de pago.
Esta transformación no ocurre de un día para otro, ni se presenta abiertamente como tal. Se construye poco a poco, mediante decisiones aparentemente técnicas que, en conjunto, redefinen el sistema. Derivaciones, conciertos, colaboraciones público-privadas… términos que suavizan una realidad más dura: la transferencia progresiva de recursos públicos hacia manos privadas.
En este contexto, las declaraciones contra la sanidad universal adquieren un significado más profundo. No se trata solo de un posicionamiento ideológico, sino de una pieza más en un engranaje que reconfigura el modelo sanitario. Excluir a quienes no cumplen determinados requisitos administrativos no solo vulnera derechos básicos; también contribuye a segmentar el acceso a la salud y a abrir nuevos nichos de negocio.
Más allá del marco legal —que reconoce el derecho a la protección de la salud tanto en la Constitución española como en los acuerdos internacionales— existe una cuestión elemental de salud pública. Las enfermedades no distinguen entre nacionalidades ni situaciones administrativas. Negar la atención sanitaria a una persona no elimina el problema; lo desplaza y, en muchos casos, lo agrava. Lo que no se atiende a tiempo suele convertirse en algo más costoso y más difícil de resolver.
Sin embargo, este tipo de argumentos parecen chocar con un clima político en el que la evidencia pierde peso frente a los discursos emocionales. El miedo, la desinformación y los prejuicios se convierten en herramientas eficaces para construir relatos simplificados. Se instala la idea de que hay quienes abusan del sistema, de que los recursos son escasos y de que es necesario priorizar. Pero esa priorización rara vez apunta hacia arriba.
En lugar de cuestionar la concentración de riqueza o el funcionamiento de determinados sectores económicos, se señala hacia abajo. Se construyen categorías de ciudadanos en función de su utilidad o su productividad, y se legitima así una jerarquía de derechos. En ese esquema, las personas migrantes ocupan los escalones más bajos.
No es un fenómeno exclusivo de un territorio. Forma parte de una tendencia más amplia en la que distintos proyectos políticos comparten una misma lógica: combinar un discurso excluyente con una defensa de modelos económicos que profundizan la desigualdad. Se apela a la libertad mientras se recortan derechos, se invoca la seguridad mientras se precarizan vidas.
Para que este tipo de discursos cale, no basta con emitirlos desde las instituciones. Necesitan encontrar eco en la sociedad. Y ahí entran en juego factores como el miedo, el resentimiento o la sensación de abandono. Cuando las condiciones de vida se deterioran y las expectativas se reducen, resulta más fácil aceptar explicaciones simples que señalan culpables cercanos.
Las redes sociales amplifican este proceso. Los mensajes más polarizadores circulan con mayor rapidez, reforzando prejuicios y consolidando burbujas informativas. En ese entorno, los bulos encuentran terreno fértil y las narrativas complejas tienen más dificultades para abrirse paso.
Frente a todo ello, conviene recuperar una mirada más amplia. Las personas migrantes no son una carga, sino parte activa de la sociedad. Trabajan, cuidan, contribuyen al sostenimiento de sectores enteros de la economía y participan, directa o indirectamente, en la financiación de los servicios públicos. Sin embargo, esa contribución rara vez ocupa titulares.
La insistencia en presentarlas como beneficiarias netas del sistema responde a una lógica política concreta. Si se logra instalar la idea de que determinados colectivos reciben más de lo que aportan, resulta más sencillo justificar la restricción de sus derechos. Pero esa lógica es expansiva: una vez aceptada, puede aplicarse a otros grupos.
Hoy se cuestiona el acceso de las personas migrantes a la sanidad; mañana puede hacerse lo mismo con otros sectores en función de su situación laboral, su edad o su nivel de ingresos. El problema no es solo a quién se excluye, sino el precedente que se sienta.
Defender la universalidad de los derechos no es, por tanto, una cuestión sectorial. Es una forma de proteger el conjunto del sistema. Una sociedad que acepta dejar fuera a una parte de sus miembros debilita sus propios cimientos. La igualdad no es un lujo; es una condición para la cohesión social.
La regularización de personas que ya viven y trabajan en el país forma parte de esa lógica de inclusión. No es una medida excepcional, sino una herramienta utilizada en distintos momentos para corregir situaciones de irregularidad que, de otro modo, se cronifican. Además, tiene efectos concretos: permite aflorar economía sumergida, mejora las condiciones laborales y aumenta la recaudación.
Negarse a ella en nombre de una supuesta firmeza no resuelve los problemas de fondo. Al contrario, perpetúa un sistema en el que la explotación encuentra terreno abonado. La irregularidad no desaparece por decreto; se transforma en precariedad estructural.
En este escenario, la izquierda transformadora se enfrenta a un desafío importante. No basta con reaccionar ante cada declaración o medida. Es necesario construir un relato propio que conecte con las preocupaciones reales de la mayoría social sin asumir los marcos del adversario. Hablar de derechos implica también hablar de condiciones materiales: de salarios, de vivienda, de servicios públicos.
La defensa de los derechos de las personas migrantes no es incompatible con la mejora de las condiciones del conjunto de la clase trabajadora. Al contrario, forma parte de la misma lucha. Dividir a quienes comparten problemas solo beneficia a quienes se sitúan en la cúspide del sistema.
Porque el problema de fondo no es la existencia de personas que buscan una vida mejor, sino un modelo económico que necesita de la desigualdad para sostenerse. Un modelo que fragmenta, que precariza y que convierte derechos básicos en oportunidades de negocio. En ese marco, la sanidad no es una excepción.
La presencia creciente de grandes grupos como Quirónsalud en el sistema sanitario madrileño es un indicador de esa transformación. No se trata solo de una cuestión empresarial, sino de un cambio en la concepción misma de la salud. De derecho garantizado a servicio condicionado.
Frente a ello, la defensa de lo público no puede limitarse a una apelación abstracta. Requiere señalar las dinámicas concretas que lo debilitan, identificar a los actores que se benefician y proponer alternativas que refuercen su carácter universal.
La historia demuestra que los avances sociales han sido fruto de la ampliación de derechos, no de su restricción. Cada conquista —desde la sanidad universal hasta la protección social— ha sido cuestionada en su momento. Hoy, esos logros vuelven a estar en disputa.
Lo que está en juego no es solo una política concreta, sino un modelo de sociedad. Uno en el que la salud, el trabajo o la dignidad dependen de la posición de cada cual, o uno en el que se reconocen como derechos inherentes a todas las personas.
La elección no es abstracta. Tiene consecuencias en la vida cotidiana. Determina quién accede a cuidados, quién trabaja en condiciones dignas, quién vive con seguridad. Y también define los límites de la democracia.
Frente a los discursos que apelan al miedo y a la exclusión, la respuesta pasa por reforzar los principios de igualdad, de justicia social y de universalidad. No como consignas, sino como bases concretas de políticas públicas.
Porque, en última instancia, la cuestión es sencilla: decidir si se acepta un sistema que necesita de la vulnerabilidad de algunos para funcionar o si se apuesta por otro que sitúe la vida y los derechos en el centro.
