Las palabras de Felipe VI reconociendo los “muchos abusos” cometidos durante la conquista de México han reabierto un debate que, en realidad, nunca ha estado cerrado. No tanto por lo que dicen, sino por lo que encubren. Porque no estamos ante una simple valoración histórica, ni ante un gesto moral aislado, sino ante una forma muy concreta de situarse frente al pasado: la de una institución que se permite juzgar una historia de la que forma parte sin cuestionar su propia continuidad. La monarquía habla de excesos, pero no de estructura; de abusos, pero no de sistema. Y ahí es donde empieza el problema.
No es la primera vez que ocurre. De hecho, si se observa con cierta perspectiva histórica, lo que hoy se presenta como un ejercicio de autocrítica tiene precedentes claros en el propio desarrollo del imperio español. Desde los primeros años de la conquista, la Corona ensayó una fórmula que se repetiría durante décadas: denuncia de los abusos, convocatoria de expertos, elaboración de leyes protectoras y, finalmente, mantenimiento de la realidad material casi intacta. Esa secuencia, tantas veces celebrada como muestra de una supuesta superioridad moral, fue en realidad un mecanismo eficaz para gestionar las tensiones internas sin alterar las bases de la dominación.
El sermón de Montesinos en 1511 suele citarse como el origen de esa conciencia crítica. Y lo fue, en cierto sentido. Pero conviene no perder de vista que su denuncia no cuestionaba la conquista en sí misma, sino sus formas más brutales. La respuesta de la Corona —la Junta de Burgos y las leyes de 1512— no puso fin a la explotación, sino que la organizó. Se reconocía a los indígenas como personas, sí, pero bajo tutela, integrados en un sistema que garantizaba su utilización como fuerza de trabajo. El lenguaje cambiaba; la realidad, mucho menos.
Ahí aparece uno de los rasgos más persistentes de todo el proceso: la distancia entre la norma y los hechos. Las leyes podían ser avanzadas para su tiempo, incluso bienintencionadas en algunos casos, pero su aplicación chocaba de frente con los intereses económicos que sostenían la empresa colonial. La encomienda no fue un accidente ni una desviación: fue una pieza central del sistema. Y cualquier intento serio de limitarla encontraba una resistencia feroz por parte de los que se beneficiaban directamente de ella.
El llamado “requerimiento” resume bien esa lógica. Se leía a poblaciones que no podían entenderlo, se les exigía someterse a una autoridad desconocida y, en caso de negativa, se legitimaba la violencia. No era un instrumento para evitar la guerra, sino para justificarla. Una coartada jurídica y religiosa que permitía a la Corona presentarse como respetuosa con unos principios que, en la práctica, quedaban anulados.
Con el paso de los años, las dudas no desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron. La Corona llegó a preguntarse si los indígenas podían vivir como sujetos libres, si eran capaces de organizarse, si merecían un trato equiparable al de otros vasallos. Incluso esas preguntas estaban formuladas desde una posición de superioridad. No se discutía el derecho a conquistar, sino las condiciones en que debía hacerse. Las Ordenanzas de 1526 insistieron en el buen trato, pero no modificaron el fondo del problema: la explotación seguía siendo el motor del sistema.
Las Leyes Nuevas de 1542 marcaron, probablemente, el punto más alto de esa tensión. Por primera vez se planteó limitar seriamente el poder de los encomenderos y abrir la puerta a la desaparición progresiva de las encomiendas. La reacción fue inmediata. Las élites coloniales no estaban dispuestas a aceptar una reforma que afectaba directamente a sus intereses. Y la Corona, lejos de imponerse, retrocedió. Se suspendieron las medidas más profundas y todo volvió, en lo esencial, a su cauce habitual. Es difícil sostener, a partir de ahí, la imagen de una monarquía dispuesta a sacrificar sus beneficios por razones morales.
Algo parecido ocurrió con la controversia de Valladolid. Se ha presentado muchas veces como un ejemplo admirable de debate ético en pleno siglo XVI. Y lo fue, en términos formales. Pero el hecho de que se discutiera si los indígenas podían ser sometidos o si tenían alma dice mucho de los límites de ese debate. No se cuestionaba el dominio, sino su justificación. Y, además, el resultado fue inconcluyente. No hubo una resolución clara que obligara a cambiar el rumbo. El sistema continuó funcionando.
Con Felipe II se produjo un cambio en las formas, más que en el fondo. Se redujo el recurso a la guerra abierta y se insistió en la persuasión y la evangelización. Pero esto, no implicó el fin de la dominación, sino su adaptación. El imperio ya estaba consolidado, y podía permitirse mecanismos más estables y menos visibles de control. La violencia no desaparecía; se volvía estructural.
Todo esto apunta a una cuestión clave: la coexistencia de dos planos. Por un lado, el jurídico, donde la Corona elaboraba normas que, en apariencia, protegían a los indígenas y limitaban los abusos. Por otro, el económico y social, en el que, esas normas eran sistemáticamente incumplidas o reinterpretadas en función de los intereses dominantes.
Esta brecha no fue una anomalía, sino una condición de funcionamiento del sistema. Permitía sostener un discurso de legitimidad sin renunciar a los beneficios materiales de la explotación.
Es por eso que, resulta problemático recuperar hoy, esas “crisis de conciencia” como argumento para matizar la valoración del pasado. No porque no existieran, sino porque su función fue otra. Sirvieron para ajustar el relato, no para transformar la realidad. Y algo parecido ocurre con las palabras de Felipe VI. Al hablar de “abusos”, se introduce una idea de desviación, de exceso puntual, que deja intacta la estructura. No hubo un sistema injusto, sino prácticas incorrectas dentro de él. Es una forma de narrar la historia que reduce su carga crítica.
El problema no es solo terminológico ni una borbonada de tantas. Tiene que ver con la manera en que se construye la memoria y con los usos políticos del pasado. Reconocer abusos puede ser un gesto significativo, pero también puede funcionar como cierre del debate. Se admite lo suficiente para parecer autocrítico, pero no tanto como para cuestionar los fundamentos. Y en este caso, esos fundamentos incluyen la propia institución que emite el juicio.
La comparación con otros imperios europeos, suele aparecer en este punto, como si el hecho de que la monarquía española se planteara ciertas cuestiones la colocara en una posición diferente. Pero ese argumento es débil. Cada potencia desarrolló sus propias formas de legitimación. Que unas fueran más explícitas en el plano moral no las hace menos responsables en el plano material. La explotación, la violencia y la desposesión fueron rasgos comunes, más allá de las diferencias discursivas.
En el fondo, la cuestión es cómo se articula la relación entre pasado y presente. La monarquía actual no es la misma que la del siglo XVI, pero tampoco es ajena a esa historia. Se inscribe en una continuidad simbólica que no puede ignorarse. Y cuando interviene en el debate histórico, lo hace desde esa posición. Por eso, sus palabras no son neutrales. Forman parte de una determinada manera de construir el relato nacional.
De ahí que resulte necesario ir más allá de las declaraciones y situar el foco en las estructuras. La conquista de América no fue una suma de abusos, sino un proceso sistemático de dominación. Y sus efectos no se agotaron en el pasado. Muchas de las desigualdades actuales tienen raíces en ese momento. Reducirlo a una cuestión de excesos es, en cierto modo, desactivarlo políticamente.
La apelación a la conciencia, en este contexto, cumple una función ambivalente. Introduce la idea de que hubo dudas, debates, intentos de corrección. Y eso es cierto. Pero también puede servir para suavizar el juicio global, para presentar el sistema como algo capaz de autorregularse.
Sin embargo, los hechos muestran que esas correcciones nunca alteraron lo esencial. Por eso, más que preguntarse si la Corona tuvo conciencia, quizá habría que preguntarse qué hacemos hoy con ese legado. Si lo utilizamos para construir un relato más cómodo o si lo asumimos en toda su complejidad. Eso implica reconocer no solo los abusos, sino la lógica que los hizo posibles. Y también revisar las instituciones que se presentan como herederas de esa historia.
El debate no es únicamente historiográfico. Tiene implicaciones políticas muy concretas. Habla de cómo se legitima el poder, de qué relatos se consideran válidos y de cuáles se dejan fuera. Y en ese sentido, las palabras de Felipe VI no cierran nada. Al contrario, obligan a volver sobre preguntas que siguen abiertas.
