Las guerras de verdad matan, y conviene empezar por ahí para no vaciar de sentido las palabras ni convertirlas en un recurso retórico más, porque matan, arrasan, dejan ciudades irreconocibles y vidas quebradas, y frente a eso cualquier comparación resulta siempre insuficiente; pero dicho esto, también hay formas de violencia menos visibles que no estallan en los informativos ni se dibujan en mapas con flechas, y que sin embargo atraviesan la vida cotidiana con una persistencia igual de dañina, porque no destruyen edificios pero sí expectativas, no generan columnas de humo pero sí trayectorias vitales bloqueadas, una especie de desgaste continuo que no hace ruido pero deja huella, una sensación bastante extendida de que el futuro ya no es un terreno que se conquista sino algo que se encoge.
En ese terreno aparece, una y otra vez, la llamada guerra generacional, ese relato insistente que enfrenta a jóvenes y mayores, a millennials y boomers, como si el conflicto social pudiera explicarse por una simple diferencia de edad o por haber llegado antes o después a determinadas oportunidades; un encuadre que resulta demasiado cómodo como para ser inocente porque desplaza el problema desde las estructuras hacia las biografías individuales, lo convierte en una disputa casi doméstica, en reproches cruzados que ocupan espacio pero no alteran nada de fondo, mientras los que, realmente se benefician de la situación quedan fuera de foco, observando desde una posición que ni siquiera necesita justificarse.
No es una lógica nueva, ni especialmente sofisticada, porque responde a un mecanismo bastante conocido: señalar hacia abajo para no mirar hacia arriba, construir un enemigo cercano y reconocible que permita canalizar el malestar sin cuestionar las bases del sistema, algo que se ve con claridad cuando determinados discursos políticos colocan a los inmigrantes en el centro del problema de la clase trabajadora, como si la precariedad tuviera rostro y acento y no estructura. Y en el caso de la supuesta guerra generacional ocurre algo muy parecido, solo que el criterio de división no es el origen sino la edad, lo que permite reproducir el mismo efecto de fragmentación sin alterar lo esencial.
Ahora bien, que ese marco sea engañoso no significa que la situación de partida sea irrelevante, porque los jóvenes lo tienen objetivamente peor y negarlo sería simplemente cerrar los ojos a la evidencia, ya que la precariedad laboral, los salarios insuficientes, la dificultad creciente para acceder a una vivienda y la imposibilidad de proyectar una vida con cierta estabilidad no son percepciones subjetivas sino condiciones materiales bastante extendidas, algo que reflejan también los datos cuando señalan que un 20,8% de los jóvenes está en riesgo de pobreza, lo que dibuja un escenario que no necesita exageraciones para resultar preocupante.
El problema aparece cuando esa realidad se traduce en un relato simplificado que busca responsables en otra generación, porque ahí se produce un salto que no se sostiene si se analiza mínimamente el contexto, dado que lo que ha cambiado no es una cohorte concreta sino el funcionamiento general de la economía en las últimas décadas, Con procesos como la globalización, la financiarización o la transformación tecnológica reconfigurando las condiciones de vida de manera profunda, de modo que lo que antes podía ofrecer cierta estabilidad —empleo relativamente seguro, acceso más accesible a la vivienda— ha sido sustituido por un escenario mucho más incierto, donde la precariedad deja de ser una excepción para convertirse en norma.
La vivienda es probablemente el ámbito donde este cambio se hace más visible, porque ha pasado de ser principalmente un bien de uso a consolidarse como un activo financiero, algo que no se adquiere solo para vivir sino para invertir, para generar rentas, para participar en un circuito de acumulación que responde a lógicas bastante alejadas de las necesidades sociales, y cuando eso ocurre el resultado no es una anomalía sino una consecuencia bastante previsible: el acceso se dificulta, los precios se tensionan y el derecho queda subordinado a la rentabilidad, sin que eso pueda explicarse por decisiones individuales aisladas.
En ese sentido, la conocida frase de Warren Buffett, lejos de ser una provocación, funciona casi como una descripción literal del momento, porque cuando afirma que hay una lucha de clases y que la suya la está ganando, lo que está haciendo es poner palabras a una dinámica que se desarrolla a la vista de todos aunque no siempre se nombre como tal, ya que el conflicto existe, pero no en los términos en los que se suele presentar, no como una disputa entre generaciones sino como una relación desigual entre quienes concentran recursos y quienes dependen de ellos para sostener su vida cotidiana.
Reducir la cuestión de la vivienda a una guerra generacional, además, borra la complejidad real de las relaciones sociales, porque si se observan los datos con algo de detalle aparece un panorama bastante más matizado, en el que la mayoría de los hogares vive en propiedad y una parte menor en alquiler, pero dentro de ese alquiler conviven situaciones muy distintas, desde el mercado puro, donde se concentra la presión de precios hasta formas más híbridas en las que intervienen relaciones personales, acuerdos informales o decisiones que no responden exclusivamente a la maximización del beneficio.
Ahí entran los alquileres a precios más bajos de lo que dictaría el mercado y, sobre todo, las cesiones gratuitas, que permiten a muchas personas acceder a una vivienda gracias al apoyo familiar o cercano, algo que introduce un elemento de cooperación que suele quedar fuera del relato dominante, y que, sumado en conjunto, muestra que una parte significativa de los propietarios no actúa siguiendo únicamente criterios de rentabilidad, lo cual no implica negar la existencia de especulación, pero sí obliga a reconocer que la realidad no encaja del todo en una imagen simplificada de enfrentamiento entre bloques generacionales.
Esta presencia de redes de apoyo tiene, sin embargo, una lectura ambivalente, porque si bien por un lado desmiente la idea de una guerra abierta entre jóvenes y mayores, por otro pone de relieve una carencia estructural, en la medida en que el acceso a un derecho básico como la vivienda termina dependiendo de la capacidad de la familia para sostenerlo, lo que convierte una necesidad colectiva en un asunto privado y desplaza el conflicto desde el ámbito político hacia la gestión individual, funcionando como un parche que permite sobrevivir pero no transforma las condiciones que hacen necesario ese parche.
Mientras tanto, las dinámicas de fondo continúan avanzando sin demasiada interferencia, con la entrada de grandes actores financieros, la concentración de la propiedad y la subordinación creciente de la vivienda a criterios de rentabilidad global marcando el rumbo del sector, un proceso que resulta mucho menos visible en el debate público precisamente porque no se presta a relatos simples ni a culpables inmediatos, pero que es donde realmente se juega buena parte del problema.
Por eso, insistir en la guerra generacional no solo resulta analíticamente pobre, sino que cumple una función bastante clara de encubrimiento, al fragmentar intereses que podrían ser comunes y dificultar la construcción de respuestas colectivas, ya que las diferencias decisivas no pasan tanto por la edad como por la posición material que se ocupa, lo que hace que personas de distintas generaciones compartan condiciones similares frente a una minoría que concentra recursos y capacidad de decisión.
Desde ahí, la cuestión deja de ser quién llegó antes o quién lo tuvo más fácil, para convertirse en algo bastante más incómodo: cómo se organizan las reglas que determinan el acceso a los recursos básicos y quién se beneficia de ellas, una pregunta que no encuentra respuesta en el enfrentamiento entre generaciones sino en el análisis de las estructuras que sostienen ese reparto desigual.
Y es en ese punto donde la idea de guerra recupera su sentido más preciso, no como metáfora ligera sino como descripción de un conflicto real que se libra en otro terreno, uno en el que no hay bombas pero sí intereses enfrentados, y en el que, como reconocía sin rodeos uno de los grandes beneficiarios del sistema, el resultado provisional está bastante claro. Por el contrario, para el Gobierno de Coalición y su Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, este necesidad ciudadana no parece representar una prioridad política
