En el campo estamos acostumbrados a mirar al cielo. Lo hacemos para ver si llueve, si hiela o si aprieta el viento. Pero últimamente también miramos al BOE, no vaya a ser que, además de las nubes, también pasen de largo las ayudas.
Las últimas borrascas no solo han azotado a Andalucía o a Extremadura. Aquí, en Castilla-La Mancha, también hemos sufrido con dureza sus efectos. Y en nuestra provincia, Ciudad Real, hay explotaciones, caminos rurales, infraestructuras y cultivos que han quedado arrasados.
Que nadie se equivoque, no estamos compitiendo en desgracias. Nos alegramos enormemente de que otras regiones reciban apoyo cuando lo necesitan; como debe ser. Lo que exigimos es exactamente lo mismo: ayuda. Ni más, ni menos. Porque cuando uno recorre explotaciones en Malagón, El Robledo, Villahermosa o Almodóvar del Campo, lo que encuentra no son cifras abstractas, sino familias enteras con el alma en vilo. Profesionales que han visto cómo el agua se llevaba siembras, erosionaba parcelas, anegaba caminos y dejaba explotaciones ganaderas en situación límite. Y mientras tanto, ayer se publicó un Real Decreto en el que, sencillamente, no estamos. No figuramos. No existimos.
Es difícil explicar a un agricultor o a un ganadero que ha perdido parte de su producción que su problema no merece el mismo reconocimiento institucional que el de otros territorios. Es complicado sostener la confianza cuando la Administración actúa con una rapidez quirúrgica en unos lugares y con un silencio clamoroso en otros.
Desde ASAJA Ciudad Real lo decimos alto y claro: nuestros agricultores y ganaderos no son ciudadanos de segunda. Nuestra región no es un apéndice olvidado del mapa. Aquí también se produce alimento, aquí también se sostiene empleo, aquí también se vertebra territorio.
No pedimos privilegios. Pedimos que el Gobierno central amplíe las medidas, que revise el alcance del Real Decreto y que incluya a las zonas de Castilla-La Mancha y, en particular, de la provincia de Ciudad Real que han sufrido daños evidentes y constatables. Pedimos que los técnicos visiten el terreno, que se escuche a las organizaciones profesionales agrarias y que se actúe con la misma sensibilidad que se ha demostrado en otros puntos del país.
El campo no entiende de colores políticos, pero sí entiende de hechos. Y hoy los hechos son claros: hay agricultores y ganaderos de nuestra provincia que se sienten abandonados. Y no lo vamos a permitir. Desde esta organización vamos a seguir defendiendo, con firmeza y sin complejos, a cada profesional afectado. Porque cuando se trata de nuestro campo, no caben silencios ni medias tintas.
