Cuando se cumple un mes del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos tras el descarrilamiento de los trenes Alvia e Iryo, los afectados y familiares de las víctimas ultiman la constitución de una asociación “apolítica” cuyo objetivo es claro: exigir responsabilidades y conocer la verdad de lo ocurrido.
El siniestro tuvo lugar el pasado 18 de enero, a las 19.45 horas, cuando un tren de Iryo que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, con 300 pasajeros a bordo, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz. El convoy invadió la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Madrid con destino Huelva, provocando también su descarrilamiento. Dos vagones cayeron por un talud de cuatro metros.
El accidente sumió al país en una profunda conmoción. Con el paso de las horas se fueron confirmando las víctimas mortales y saliendo a la luz historias personales truncadas: familias que regresaban de un fin de semana en la capital, opositores que perseguían un empleo, trabajadores y estudiantes. El balance final fue de 46 fallecidos y más de cien heridos, con especial impacto en la provincia de Huelva, que registró 28 víctimas mortales.
La última víctima fue una mujer de 42 años, natural de La Palma del Condado (Huelva), que falleció el 30 de enero tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La mayoría de los fallecidos eran españoles, aunque también perdieron la vida ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania.
Desde el primer momento se sucedieron las muestras de condolencia, desde la Casa Real hasta la Comisión Europea. El Gobierno decretó tres días de luto oficial, con banderas a media asta y suspensión de actos oficiales, incluidos los de Fitur. Aunque inicialmente se anunció un homenaje de Estado el 31 de enero, fue aplazado ante la imposibilidad de muchas familias de asistir.
La misa funeral celebrada el 29 de enero en Huelva, oficiada por el Obispado, acabó convirtiéndose en un acto institucional con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el presidente andaluz, Juanma Moreno; y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.
En el plano institucional, el Ayuntamiento de Huelva aprobó el hermanamiento con Adamuz como “acto de gratitud por la solidaridad mostrada por la población cordobesa”, mientras que Punta Umbría anunció la concesión de la Distinción 26 de Abril por “su respuesta ejemplar tras la tragedia ferroviaria”. Ambos consistorios llevarán a pleno su personación como acusación popular en el procedimiento judicial abierto en el Tribunal de Instancia Plaza 2 de Montoro, encargado de la instrucción.
Sin embargo, la percepción de los afectados es distinta. Samper, portavoz de los heridos y familiares, ha lamentado la falta de contacto institucional. “No ha habido contactos por parte del Gobierno”, ha asegurado, señalando que únicamente la subdelegada del Gobierno en Huelva se ofreció a prestar ayuda “tres semanas después”.
“Después del accidente, nadie, ni del Gobierno ni de la oposición ni de la Junta se han dirigido a nosotros para darnos algún tipo de explicación. Saber cómo va el proceso, qué ha pasado, si hay una investigación, quién va a investigar, nada. No tenemos nada de información. Y la que tenemos es por los medios”, ha criticado.
El portavoz ha subrayado que los afectados han echado en falta “un poco de calor, de cariño”. “Hay mucha gente que tiene fallecidos, otros están físicamente muy mal y han estado ingresados bastantes días con varias operaciones. Lo idóneo es que se hubiera dirigido alguien a preocuparse por nosotros”, ha añadido.
Tras el accidente, los heridos comenzaron a organizarse a través de un grupo de Whatsapp que ya reúne a más de 120 personas. Además, se está coordinando un grupo único que incluya también a afectados del tren Iryo. Paralelamente, avanzan en la creación formal de una asociación que impulse acciones legales. “Ya hay unos estatutos elaborados y se está consultando con un abogado para finalizar el proceso”, ha explicado Samper, quien ha avanzado que la asamblea constituyente será “inminente”.
La futura asociación, ha insistido, será “apolítica” y no tendrá “nada que ver con ayuntamientos ni políticos”. “Nosotros tenemos unos intereses que no son los de los ayuntamientos ni los de algunos políticos que pretenden sacar caja de todo esto y nosotros no vamos a hacerles el juego”, ha afirmado con rotundidad.
“La investigación determinará quién o quiénes son los responsables, que podrán ser de un partido político u otro. Nosotros lo único que queremos es que se sepa la verdad”, ha concluido.
El accidente de Adamuz es el siniestro ferroviario más grave en España desde 2013, cuando el descarrilamiento de un Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) causó 80 fallecidos y 145 heridos, una tragedia que aún permanece en la memoria colectiva del país.
