El anuncio del presidente Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha generado el ruido previsible. Un ruido que, lejos de aclarar el problema, lo ha envuelto en una nube espesa de consignas morales, gestos teatrales y trincheras ideológicas prefabricadas. Como ocurre cada vez con mayor frecuencia, el debate público se ha desplazado hacia los márgenes cómodos del escándalo y la indignación, mientras el centro real de la cuestión —la estructura material que sostiene el ecosistema digital— permanece cuidadosamente fuera de foco.
La escena se repite con precisión casi mecánica. De un lado, los defensores de una libertad reducida a eslogan, que reaccionan con furia ante cualquier intervención estatal, pero que guardan un silencio reverencial cuando esa intervención adopta la forma de desregulación, privatización o entrega de soberanía a grandes corporaciones tecnológicas. Para ellos, la libertad consiste básicamente en que el capital no encuentre obstáculos. Del otro, un bloque bienintencionado, convencido de habitar un terreno neutral, celebra la propuesta como si fuera una medida técnica, objetiva y desideologizada, una especie de solución obvia que solo puede ser cuestionada por irresponsables o cínicos.
Ambos bloques, aunque se presenten como antagonistas, comparten una misma premisa de fondo: aceptar como natural el modelo económico que ha convertido las redes sociales en industrias de captura de conducta. Discrepan sobre el relato, pero no sobre la estructura. Discuten sobre quién debe vigilar a quién, pero no sobre por qué existe un sistema que necesita vigilar para seguir acumulando beneficios.
En este contexto irrumpe la figura de los grandes magnates tecnológicos. Las declaraciones públicas de Elon Musk y Pavel Durov en contra de la iniciativa permiten al Gobierno una operación comunicativa de manual: situarse como defensor de la infancia frente a los tecnooligarcas desalmados. La escena es perfecta para el relato. Héroe contra villano. Estado protector contra mercado salvaje. Pero esta teatralización, tan eficaz en términos de imagen, oculta una verdad incómoda: el propio Estado ha sido un actor central en la consolidación del modelo digital que ahora dice querer corregir.
Estamos, en realidad, ante una falsa elección. No hay nada emancipador en el acceso irrestricto a plataformas diseñadas para manipular el comportamiento humano. Y tampoco hay nada intrínsecamente protector en una prohibición basada en la identificación y la vigilancia. Ambas posiciones se mueven dentro de un marco estrecho que da por hecho que las plataformas son lo que son por accidente, cuando en realidad responden a decisiones políticas, económicas y técnicas muy concretas, tomadas para maximizar la rentabilidad privada.
Las redes sociales contemporáneas no son simples herramientas de comunicación que se hayan “desviado” de su propósito original. Son sistemas concebidos desde su origen para maximizar el tiempo de permanencia del usuario, convertir ese tiempo en datos y traducir esos datos en capacidad de predicción y de influencia. Cada interacción, cada segundo de atención, cada desplazamiento del dedo se registra, se procesa y se integra en modelos que buscan anticipar —y moldear— el comportamiento futuro.
Ese circuito sostiene un modelo de negocio cuyo núcleo es la modificación sistemática de la conducta humana. La adicción, por tanto, no es un efecto colateral. Es una condición de posibilidad. Es el mecanismo que garantiza que el flujo de datos no se interrumpa y que la extracción de valor continúe sin fricciones. No hablamos de un fallo corregible, sino de una lógica estructural.
En este engranaje, el algoritmo ocupa el lugar que en la fábrica clásica ocupaba la cadena de montaje. Es la herramienta central de extracción de valor. No organiza tornillos ni planchas de acero, sino emociones, impulsos, relaciones, frustraciones y deseos. Extrae riqueza de la vida psíquica y social con la misma lógica con la que la industria clásica extraía riqueza del esfuerzo corporal. Y, como entonces, el criterio que gobierna su funcionamiento no es el bienestar colectivo, sino la acumulación privada.
Desde esta perspectiva materialista, desplazar el foco hacia la identidad del usuario resulta profundamente engañoso. La verificación de edad no altera en lo más mínimo el mecanismo que produce la adicción. No modifica los incentivos económicos. No cambia el diseño de los sistemas. No toca el corazón del problema. Lo único que hace es añadir una capa adicional de control sobre las personas, trasladando la responsabilidad desde las estructuras hacia los individuos.
Además, estos sistemas son fácilmente burlables, como demuestra cualquier experiencia previa de control basado en la edad. Pero incluso si funcionaran a la perfección, su consecuencia principal sería otra: convertir la identificación permanente en requisito para participar en la vida social digital. Normalizar que para hablar, informarse, organizarse o simplemente existir en el espacio público virtual sea necesario mostrar credenciales.
Eso supone un salto cualitativo en la arquitectura de vigilancia. El anonimato, con todas sus tensiones, ha sido históricamente un espacio de protección política, un margen desde el cual expresarse, organizarse y disentir sin exponerse de inmediato a represalias. No es una cuestión romántica ni abstracta. Las revelaciones de Edward Snowden mostraron hasta qué punto los Estados y las grandes corporaciones ya poseen capacidades masivas de monitorización. Ampliar esa infraestructura bajo la bandera de la protección infantil no es un detalle técnico: es una decisión política con consecuencias de largo alcance.
La pregunta, por tanto, no debería ser quién accede a las redes, sino bajo qué condiciones existen esas redes y a quién sirven. Mientras una infraestructura central para la vida cotidiana esté controlada por empresas cuyo beneficio depende de intensificar el consumo de tiempo y atención, cualquier política que no toque ese núcleo será superficial. Será gestión del daño, no transformación.
Hay alternativas concretas. Y no requieren ciencia ficción ni revoluciones tecnológicas imposibles. La regulación puede y debe dirigirse al diseño: prohibir algoritmos de recomendación opacos, imponer sistemas cronológicos por defecto, limitar drásticamente las notificaciones, eliminar el scroll infinito, restringir la reproducción automática y vetar los mecanismos de recompensa diseñados para generar hábitos compulsivos. En otras palabras, intervenir sobre las máquinas, no sobre las personas.
La diferencia es decisiva y profundamente política. Actuar sobre el usuario desplaza la responsabilidad hacia abajo y refuerza una lógica moralizante. Actuar sobre el sistema coloca la responsabilidad donde corresponde: en quienes diseñan, financian y explotan estas plataformas. Es una diferencia entre una política liberal de control y una política transformadora de regulación estructural.
Este desplazamiento, sin embargo, tiene un coste político evidente. Implica enfrentarse a intereses económicos gigantescos. Implica asumir que el mercado no va a producir entornos digitales saludables por iniciativa propia. Implica reconocer que la neutralidad tecnológica es un mito útil para ocultar relaciones de poder y procesos de explotación.
Por eso la medida anunciada funciona mejor como gesto que como solución. Sirve para ocupar titulares, construir relato y escenificar autoridad, mientras la estructura que genera el problema permanece intacta. Es una política de superficie que permite al Gobierno presentarse como actor responsable sin incomodar seriamente a los verdaderos beneficiarios del modelo.
Pero hay algo más inquietante. La apelación constante a la protección de los menores opera como una coartada perfecta. Nadie quiere aparecer públicamente como alguien que se opone a cuidar a la infancia. Ese consenso moral facilita la introducción de mecanismos de control que, una vez normalizados, rara vez se limitan al ámbito para el que fueron presentados.
La historia reciente está llena de ejemplos. Medidas excepcionales que se convierten en permanentes. Herramientas creadas para un fin concreto que terminan ampliando su campo de acción. Lo que hoy se presenta como protección infantil mañana puede justificarse como lucha contra el discurso de odio, pasado mañana como combate contra la desinformación y, más adelante, como requisito básico para la seguridad nacional. El recorrido es conocido y no tiene nada de accidental.
Desde una perspectiva de izquierda transformadora, esto no puede analizarse solo como un error técnico o una mala decisión puntual. Forma parte de una tendencia más amplia: cuando no se quiere o no se puede confrontar al poder económico, se actúa sobre la población. Cuando el capital permanece intacto, el control se desplaza hacia abajo.
Por eso el debate no debería centrarse en si la medida es demasiado dura o demasiado blanda, sino en por qué se elige ese terreno y no otro. Por qué se apunta al usuario y no al modelo. Por qué se habla de edades y no de algoritmos. Por qué se promete protección sin cuestionar la estructura que produce el daño.
Proteger a la infancia, si se toma en serio, no puede significar levantar muros de acceso ni reforzar la vigilancia. Tiene que significar desmantelar los mecanismos que convierten la atención en mercancía y la vida social en campo de extracción. Tiene que implicar una disputa abierta por el control de las infraestructuras digitales, entendidas como bienes comunes y no como cotos privados de acumulación.
Eso exige algo más incómodo que una prohibición. Exige conflicto político. Exige elegir bando. Exige asumir que no hay soluciones técnicas neutras a problemas creados por un sistema económico concreto. Exige decidir si se gobierna para garantizar la rentabilidad de unas pocas corporaciones o para garantizar condiciones de vida dignas, también en el plano digital, para la mayoría social.
Una izquierda que aspire a transformar no puede conformarse con administrar los síntomas mientras el capital conserva intacta su capacidad de extraer valor. No puede limitarse a regular el acceso sin tocar la lógica de producción. No puede aceptar como inevitable un modelo que necesita producir adicción, ansiedad y dependencia para sostenerse.
Porque un sistema que necesita producir adicción para ser rentable es un sistema estructuralmente violento. No porque cada uno de sus efectos sea espectacular, sino porque su violencia es cotidiana, acumulativa y normalizada. Se filtra en los hábitos, en los ritmos de vida, en la forma de relacionarnos, en la percepción que tenemos de nosotros mismos y de los demás.
Proteger a la infancia —y a la sociedad en su conjunto— implica, necesariamente, cuestionar ese sistema. Implica disputar el sentido común que lo presenta como inevitable. Implica asumir que la democracia no puede detenerse en la puerta de las plataformas digitales.
Todo lo demás es gestión del daño. Y cuando la política se reduce a gestionar daños sin alterar las causas, deja de ser transformadora y se convierte en mera administración del orden existente.
Ahí está el verdadero debate. No en la edad, no en la prohibición, no en el gesto. Sino en si estamos dispuestos a confrontar el poder que convierte la vida social en mercancía o si seguiremos aceptando, una y otra vez, coartadas morales para no hacerlo.
