Felipe González no se ha convertido en un tipo de derechas al final de su carrera. No hubo un instante concreto de caída ni una metamorfosis tardía que explique su actual orientación ideológica. Fue, desde el principio, un producto político concebido para administrar la transición del franquismo a un capitalismo homologable al europeo. Su función histórica no fue transformar el sistema, sino garantizar su continuidad bajo nuevas formas. Durante décadas se envolvió en un lenguaje de izquierdas, utilizó símbolos del movimiento obrero y habló de justicia social mientras neutralizaba, paso a paso, cualquier posibilidad real de ruptura.
El mito del Felipe González socialista se edificó sobre una gran operación de ingeniería política. En un país devastado por cuarenta años de dictadura, con una clase trabajadora que había sostenido luchas durísimas y una juventud que aspiraba a transformaciones profundas, la palabra “cambio” funcionó como anestesia colectiva. Millones de personas proyectaron sobre el PSOE sus deseos de dignidad, igualdad y democracia. Pero el contenido material de aquel proyecto estaba definido de antemano: modernizar el capitalismo español, integrarlo plenamente en el bloque occidental para disciplinar a la clase trabajadora para hacerla funcional a las necesidades del mercado.
El abandono formal del marxismo en 1979 no fue un gesto simbólico ni una concesión táctica. Fue una decisión estratégica de enorme calado. Supuso renunciar a analizar la sociedad desde la lucha de clases y aceptar como natural la dominación de una minoría económica sobre una mayoría social. Supuso asumir que la explotación no era un problema estructural, sino una disfunción corregible mediante reformas graduales. Desde ese momento, el PSOE dejó de ser una herramienta de transformación para convertirse en un partido de gestión del orden existente.
Los primeros gobiernos felipistas adoptaron una estética socialdemócrata y un discurso keynesiano. Hubo expansión del gasto público, desarrollo de infraestructuras, ampliación de servicios básicos y creación de un cierto colchón social. Pero ese ciclo se apoyó sobre una operación central: reconversión industrial masiva, cierre de empresas públicas, destrucción de empleo, debilitamiento sindical y transferencia sostenida de recursos hacia el capital privado. La modernización fue, en realidad, una reorganización regresiva de la economía en favor de los grandes grupos empresariales.
Mientras se hablaba de progreso, se desmantelaban sectores enteros de la industria. Mientras se invocaba la Europa social, se construía un mercado laboral cada vez más precario. Mientras se prometía bienestar, se sentaban las bases de un modelo profundamente desigual. La socialdemocracia felipista no fue un freno al neoliberalismo: fue su antesala.
La entrada en la OTAN, tras una campaña construida sobre las bases del engaño, confirmó el alineamiento definitivo con los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales. España no ingresó en la alianza atlántica para proteger su soberanía, sino para integrarse como pieza subordinada del engranaje imperialista. Felipe González fue el ejecutor disciplinado de esa integración, traicionando incluso el compromiso electoral de mantener al país fuera de la organización.
Ese proyecto no solo fue neoliberal en lo económico. Fue autoritario en su concepción del poder. Bajo su presidencia se organizó el terrorismo de Estado. Los Grupos Antiterroristas de Liberación no fueron una anomalía ni un exceso marginal. Fueron una política. Hubo secuestros, torturas y asesinatos financiados con dinero público. Hubo ciudadanos ejecutados en nombre de la razón de Estado. Hubo un hombre, Segundo Marey, secuestrado por error, encerrado durante días, convertido en rehén de una maquinaria criminal que manchó para siempre cualquier pretensión democrática de aquel gobierno.
Los GAL no fueron un error técnico. Fueron la expresión de un Estado que decidió colocarse por encima de la ley. De un gobierno que asumió que determinados objetivos justificaban cualquier medio. Felipe González nunca asumió responsabilidades políticas por aquellos crímenes. Nunca ofreció explicaciones honestas. Nunca pidió perdón. Ese silencio no fue neutralidad institucional: fue encubrimiento.
A ese autoritarismo se sumó una corrupción estructural. Filesa, Malesa, Time Export, los fondos reservados, la financiación ilegal del partido, el enriquecimiento de altos cargos. No fueron episodios aislados. Fue un sistema. Un entramado en el que política y negocio se fusionaron para garantizar beneficios a una minoría mientras se predicaba sacrificio al conjunto de la sociedad.
Felipe González no combatió ese sistema. Lo dirigió. Lo hizo funcional. Lo convirtió en normalidad. Su posterior tránsito por consejos de administración, fundaciones empresariales y foros de poder, no representa una desviación de su trayectoria, sino su culminación lógica.
Durante años mantuvo una relación estable con la derecha económica y política. Pactó con CiU no por necesidad coyuntural, sino por afinidad estratégica. Compartían una misma concepción: orden social, liberalismo económico y blindaje de los intereses empresariales. La diferencia era estética, no sustantiva.
Cuando el Partido Popular llegó al poder, González no se situó en la oposición ideológica. Se limitó a ejercer de comentarista crítico del tono, nunca del contenido. Nunca cuestionó privatizaciones, reformas laborales ni recortes. Compartía el marco general. Compartía los límites de lo posible.
Con el paso del tiempo, ese marco se volvió explícito. Felipe González comenzó a converger con los discursos de la derecha radical. Señaló a los movimientos sociales como amenaza, presentó el feminismo como exceso ideológico, trató la inmigración en clave de problema y defendió políticas de orden cada vez más duras. Muchas de esas posiciones coinciden hoy punto por punto con el relato de VOX.
No se trata de una alianza orgánica, sino de una convergencia ideológica. González actúa como figura puente: alguien procedente del viejo campo socialdemócrata que legitima desde dentro postulados que hasta hace poco se identificaban sin ambigüedad con la extrema derecha. Su función no es sumar votos a VOX, sino normalizar su marco.
Cuando ataca las leyes de memoria democrática, cuando relativiza los crímenes del franquismo o cuestiona la legitimidad de las políticas de igualdad, Felipe González no está expresando nostalgia personal. Está interviniendo en una batalla cultural en el mismo frente que la derecha extrema.
Resulta obsceno que siga siendo presentado como referente del socialismo español. No lo es. Nunca lo fue. Su figura funciona como un lastre que arrastra al PSOE hacia posiciones cada vez más conservadoras y que legitima, desde dentro, su desplazamiento hacia la derecha.
El PSOE no puede seguir conviviendo con esa hipoteca moral. No bastan matices. No bastan distancias tibias. Felipe González debe ser expulsado del PSOE. Expulsado por coherencia política. Expulsado por higiene democrática. Expulsado porque su trayectoria es incompatible con cualquier proyecto que se reclame mínimamente de izquierdas.
Y más allá de los partidos, Felipe González debería desaparecer de la vida pública. No como venganza, sino como justicia histórica. No merece tribunas, ni homenajes, ni espacios de autoridad. No tiene nada que aportar a una sociedad que necesita exactamente lo contrario de lo que él representa.
La izquierda no puede reconstruirse mientras siga rindiendo pleitesía a los bastardos gestionaron el sistema contra la clase trabajadora. No puede seguir hablando de errores donde hubo decisiones conscientes. No puede seguir llamando complejidad a lo que fue claudicación.
Felipe González no se derechizó. Isidoro cumplió su función. Y esa función, ayer como hoy, fue garantizar que nada esencial cambiara. Por eso debe ser apartado. Por eso debe ser señalado. Y por eso la izquierda debe romper definitivamente con la impostura, rémora y falsedad de su legado de disciplinado fascista.
