(A mi amigo, Julián López Sánchez,
cuyos épicos conflictos con doña Teresa Franco
cambiaron el devenir de la E.U. de Magisterio)
No sé si lo que estamos viendo es la degradación final de la clase política o un síntoma más de algo bastante peor: una erosión profunda de las relaciones sociales, de la conversación pública y, en último término, de la propia idea de convivencia. Probablemente ambas cosas formen parte del mismo proceso. Lo indiscutible es que se nos obliga a convivir con un espectáculo cada vez más grosero, más vacío y más violento, donde el insulto sustituye al argumento y el ruido se convierte en programa, y donde cada día resulta más difícil distinguir si asistimos a una campaña electoral permanente o a una lenta demolición de los restos de cultura democrática que sobrevivían.
Una concejala grita “¡hijo de puta!” al presidente del Gobierno en pleno mitin. No es una salida de tono ni un gesto aislado. Es la consecuencia lógica de un clima que se lleva años cultivando desde los principales aparatos políticos y mediáticos de la derecha. Un clima en el que faltar al respeto no penaliza, sino que recompensa; en el que elevar el tono no resta credibilidad, sino que otorga visibilidad; en el que convertir al adversario en enemigo es la vía más rápida para consolidar una base electoral fiel. La concejala sabe que la presidenta de la Comunidad de Madrid utiliza expresiones similares con normalidad, sabe que no ocurre nada, sabe que ese tipo de comportamiento no solo no se sanciona, sino que se celebra, y por eso se siente autorizada a reproducirlo sin pudor.
Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, los líderes del PP y de Vox han convertido cada sesión de control en una sucesión mecánica de descalificaciones. No dicen “hijo de puta”, pero dicen corrupto, mafioso, delincuente, estafador, traidor, chulo. La diferencia es puramente formal. El objetivo es idéntico: desplazar cualquier discusión sobre políticas concretas y situar el debate en el terreno de la sospecha permanente. Así, apenas se habla de salarios, de vivienda, de precariedad, de pensiones, de la concentración obscena de riqueza o de los beneficios empresariales récord. El conflicto real, el que afecta a la vida cotidiana de millones de personas, queda sistemáticamente fuera de foco.
Ese desplazamiento no es accidental. El ruido cumple una función. Sirve para ocultar quién manda y cómo manda. Sirve para que no se vea que una minoría decide sobre los recursos, sobre los ritmos de trabajo, sobre el precio de la vivienda y sobre el acceso a derechos básicos. Sirve para que no se entienda que muchas de las decisiones que condicionan nuestras vidas no se toman en el Parlamento, sino en consejos de administración, fondos de inversión y despachos blindados al control democrático.
Por eso resulta tan revelador que un multimillonario como Elon Musk se permita llamar “sucio tirano traidor” al presidente del Gobierno español desde su red social, como si hablara de un subordinado insolente. No es una excentricidad ni un arrebato personal. Es una demostración de poder. Musk no es un simple usuario: es propietario de una de las principales infraestructuras privadas de comunicación del planeta. Controla una autopista por la que circulan discursos, campañas, bulos y consignas. Cuando habla de libertad de expresión, habla en realidad de su libertad para hacer negocio sin límites y para intervenir políticamente sin rendir cuentas.
Cada vez que un gobierno insinúa la posibilidad de regular ese poder, la respuesta es inmediata: acusaciones de censura, campañas de odio, insultos personales, movilización de altavoces mediáticos. La defensa de un negocio gigantesco se presenta como una cruzada por la libertad. Un negocio que vive de la extracción masiva de datos, de la fabricación de adicción y de la monetización del conflicto permanente. Un negocio que obtiene una parte sustancial de sus ingresos de la publicidad dirigida a menores, razón suficiente para entender la virulencia con la que se ataca cualquier intento de limitar su acceso.
En este terreno, PP y Vox actúan como un solo bloque. Dos estilos, una misma función. Uno se reviste de institucionalidad, el otro de testosterona, pero ambos trabajan para blindar los intereses de quienes ya lo tienen todo. Se oponen a cualquier medida que reduzca el poder de las grandes fortunas, atacan cualquier avance en derechos laborales y convierten en escándalo cualquier intento de ampliar la protección social. La bronca constante no es un exceso retórico: es una técnica de gobierno anticipado.
Se construye una guerra cultural permanente para evitar que se perciba la guerra social. Se agita el miedo al migrante mientras se silencia que su mano de obra sostiene sectores enteros de la economía. Se señala al feminismo mientras se ignora que las mujeres ocupan mayoritariamente los empleos peor pagados. Se demoniza al sindicalismo mientras los salarios pierden poder adquisitivo año tras año frente a beneficios empresariales históricos. Todo encaja.
De ahí el éxito de relatos como el del “gran reemplazo”, una fantasía racista que presenta a los de abajo como amenaza y a los de arriba como protectores. La realidad es mucho más simple: las personas migrantes forman parte de la misma clase trabajadora que el resto, comparten precariedad, explotación e incertidumbre. Pero dividir es más rentable que unir.
La degradación del lenguaje acompaña este proceso. No es un problema de mala educación. Es un problema de estrategia. Cuando se llama traidor a un presidente, se está cuestionando la legitimidad misma de que gobierne quien no representa a las élites tradicionales. Cuando se acusa sin pruebas, se normaliza la idea de que las elecciones solo valen si ganan los de siempre. Ese discurso no prepara alternancia. Prepara revancha.
Mientras tanto, la vida se encarece, los alquileres devoran salarios, la compra pesa más cada mes, la sanidad pública se debilita y la educación se precariza. Pero el debate gira alrededor del último tuit, del último insulto, de la última provocación. No estamos ante un problema de modales. Estamos ante un proyecto de regresión social.
El bloque reaccionario no aspira a mejorar las condiciones de vida de la mayoría. Aspira a disciplinarla. Quiere trabajadores más baratos, sindicatos más débiles, servicios públicos más pequeños y fortunas más grandes. Para eso necesita miedo, necesita ruido y necesita odio.
Frente a eso, no basta con indignarse. Hace falta organización. Hace falta reconstruir una mayoría consciente de que sus problemas no se solucionan mirando hacia abajo, sino señalando hacia arriba. Nada ha cambiado nunca sin conflicto. Nada se ha conquistado sin pelea. La historia no avanza sola. O se acepta que unos pocos decidan por todos, o se construye una fuerza capaz de disputarles ese poder. No hay término medio.
