La proxemia, entendida como el estudio de cómo las sociedades organizan las distancias entre los cuerpos, muestra que el espacio nunca es neutro. Cada gesto de cercanía o separación, cada paso hacia adelante o hacia atrás, refleja normas, expectativas y jerarquías sociales. No solo indica dónde deben situarse las personas, sino también quién puede acercarse, quién debe mantener distancia y quién tiene derecho a invadir un espacio ajeno. Observar cómo se maneja el espacio de las personas con discapacidad revela, de manera evidente, una forma silenciosa y persistente de desigualdad que atraviesa la vida cotidiana y que rara vez se nombra con claridad.
No se trata únicamente de proximidad física. También se trata de poder y control. Existen cuerpos a los que se les reconoce automáticamente el derecho a ocupar espacio y otros que se ven forzados a reducirse, a encogerse, a limitar su presencia para no incomodar. La proxemia impostada es esa cercanía que no se acuerda, que no se pregunta, que se ejerce como si fuera natural, pero que responde a la idea de que algunos cuerpos necesitan ser corregidos, guiados o supervisados. Es una cercanía que parece inofensiva, incluso benevolente, pero cuya función real es mostrar quién tiene autoridad sobre quién y qué cuerpos pueden ser manejados sin cuestionamiento.
Las personas con discapacidad suelen ser percibidas antes de ser escuchadas. Su cuerpo se convierte en un mensaje que otros leen y juzgan. A partir de esa lectura surgen suposiciones: que requieren ayuda, que no saben, que no pueden. Estas ideas, aunque raramente se verbalizan de forma explícita, guían la conducta de quienes les rodean. Se traducen en miradas constantes, explicaciones no solicitadas, gestos que se adelantan sin permiso, movimientos que buscan reorientar o ajustar sin necesidad de que la persona lo haya pedido. Poco a poco, su espacio personal deja de ser respetado y se convierte en un territorio abierto a la intervención ajena.
La antropología ha mostrado que las culturas no solo describen los cuerpos, sino que los clasifican. Deciden cuáles son aceptables y cuáles se consideran desviaciones de la norma. Los cuerpos que se apartan del ideal dominante son vistos como incompletos o defectuosos, no porque realmente lo sean, sino porque no cumplen con una idea culturalmente construida de lo que debería ser un cuerpo válido. Esta clasificación genera un efecto directo sobre la vida cotidiana: los cuerpos considerados “en falta” son corregidos, ajustados y regulados de manera constante. Cada gesto, cada roce, cada indicación no solicitada sirve para recordarles que su autonomía es relativa y que el espacio que ocupan depende de la aprobación de otros.
La proxemia impostada se evidencia cuando alguien se siente autorizado a tocar sin preguntar, a acercarse demasiado, a corregir movimientos ajenos como si fuera su deber. No se trata de acciones aisladas. Es un patrón repetido, sistemático, que se dirige casi siempre hacia quienes ocupan posiciones sociales más frágiles o menos reconocidas. Desde una mirada antropológica, este patrón puede entenderse como una forma de ocupación simbólica del cuerpo. No es violencia abierta, sino control cotidiano, normalizado, casi imperceptible para quienes lo ejercen. El cuerpo de la persona con discapacidad se convierte en territorio compartido sin su consentimiento, un espacio que otros sienten legitimados para reorganizar según su propio criterio.
La discapacidad, en este contexto, funciona como una etiqueta cultural cargada de significado. No solo describe una condición funcional; activa la idea de dependencia. Y cuando se percibe dependencia, se asume que otros deben decidir, guiar o intervenir. La tutela se naturaliza y se convierte en hábito, y el hábito en derecho no cuestionado. Se habla de ayuda y de cuidado, pero estas intervenciones a menudo son más control que asistencia. Ayudar implica preguntar, escuchar y respetar; la proxemia impostada, en cambio, invade primero y justifica después. Así, lo que se presenta como gesto de cercanía se convierte en recordatorio constante de quién posee el poder simbólico sobre el espacio ajeno.
Con el tiempo, muchas personas con discapacidad aprenden a adaptarse para protegerse. Ajustan sus gestos, limitan sus movimientos, evitan ocupar espacio o llamar la atención. Su cuerpo se hace pequeño, anticipando las intervenciones externas. La antropología denomina a esto interiorización de la norma: la dominación deja de ser solo externa y se instala dentro de la percepción de la persona misma. Así, ya no necesita ser corregida constantemente; ella misma se autocorrige, reduciendo su libertad corporal y su capacidad de ocupar espacio sin vigilancia.
La cultura dominante suele presentar esta cercanía invasiva como sensibilidad o cuidado. Sin embargo, la verdadera sensibilidad exige reconocer al otro como sujeto completo, capaz de decidir sobre su propio cuerpo. Cuando falta ese reconocimiento, la cercanía deja de ser cuidado y se convierte en control. Esta lógica no se limita a un entorno específico. Aparece en la familia, en la calle, en instituciones, en espacios educativos, en servicios sociales. Cambian los escenarios, pero se mantiene la misma idea: hay cuerpos que deben ser gestionados, cuerpos que nunca se consideran autónomos de manera plena.
Existe también una dimensión estética de la proxemia impostada. Los cuerpos que se apartan de la norma pueden generar incomodidad visual o cultural. La cercanía forzada se justifica como un intento de normalizar lo extraño, de ajustar lo diferente, de domesticar lo que descoloca. Tocar, recolocar, ajustar: gestos que buscan restaurar una sensación de orden. Pero ese orden es cultural, no natural. Es el orden de una sociedad que decide qué cuerpos merecen respeto y cuáles pueden ser invadidos, que asigna valor a los cuerpos según la percepción de su conformidad a la norma establecida.
Nombrar este fenómeno no busca despertar compasión ni producir un efecto moral inmediato. Nombrarlo es una forma de desactivar su apariencia de normalidad. Porque mientras la proxemia impostada se perciba como simple torpeza individual, seguirá intacta la estructura que la hace posible. No se trata de personas aisladas que actúan mal, sino de una cultura que enseña, legitima y reproduce la invasión sobre determinados cuerpos. Esta cultura organiza el mundo a partir de jerarquías corporales, estableciendo qué cuerpos merecen distancia, cuáles tolerancia, y cuáles intervención. Y lo hace de manera tan cotidiana que rara vez se formula en voz alta. Sin embargo, sus efectos son materiales. Se traducen en cuerpos que aprenden a reducirse, en movimientos que se vuelven cautelosos, en presencias que se acostumbran a ocupar menos espacio del que podrían.
Las resistencias existen, aunque no adopten formas espectaculares. Existen en el gesto que se aparta, en el paso atrás que marca un límite, en la frase breve que afirma una voluntad propia. Cada uno de esos actos interrumpe, aunque sea por un instante, el automatismo de la invasión. Cada límite expresado cuestiona la idea de que algunos cuerpos están disponibles por defecto. La transformación que exige este problema no es únicamente normativa. No basta con protocolos ni con declaraciones de principios, aunque sean necesarios. Se trata de una transformación cultural más profunda: aprender a reconocer al otro como sujeto completo, aprender a aceptar que no somos dueños de ningún cuerpo ajeno, aprender que ayudar no significa apropiarse.
Mientras no se cuestione la raíz de estas prácticas, la palabra inclusión seguirá funcionando como un adorno retórico. No hay inclusión posible allí donde no existe soberanía corporal. No hay igualdad real si algunos cuerpos deben negociar a diario el derecho a no ser tocados. La proxemia impostada revela, en última instancia, el grado de madurez ética de una sociedad. Una sociedad que respeta los cuerpos solo cuando encajan en un ideal es una sociedad que todavía clasifica la humanidad. Frente a eso, la exigencia es simple y radical a la vez: reconocer que todos los cuerpos, sin excepción, son territorios inviolables.
Solo a partir de ese reconocimiento, puede empezar a construirse una convivencia que no se base en la tutela ni en el control, sino en el respeto. Porque respetar el espacio del otro no es un gesto menor; es una forma elemental de justicia.
