La vulneración del derecho de asilo y del principio de no devolución ha dejado de ser una anomalía jurídica para convertirse en una práctica política cada vez más normalizada en el seno de la Unión Europea. Lo que durante décadas se presentó como un pilar irrenunciable del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial es tratado hoy como una carga incómoda, una formalidad prescindible en nombre de la seguridad, la gobernabilidad o la rentabilidad electoral. No se trata únicamente de gobiernos abiertamente reaccionarios. También partidos que se reclaman herederos de la tradición socialdemócrata han incorporado, con mayor o menor pudor, una lógica de excepción permanente que socava los compromisos jurídicos y políticos sobre los que se construyó el proyecto europeo.
El desplazamiento del debate migratorio desde el terreno del derecho al de la amenaza no es casual. Responde a una transformación más profunda del marco político europeo, en el que la gestión de la movilidad humana se ha convertido en laboratorio de nuevas formas de autoritarismo administrativo. La frontera ya no es solo un límite territorial, sino un espacio de experimentación jurídica donde se ensayan prácticas que, de generalizarse, terminarían por afectar al conjunto de la ciudadanía.
Italia ilustra con nitidez esta deriva. El Gobierno de Giorgia Meloni ha optado por financiar deportaciones hacia centros situados en Albania que funcionan como auténticas plataformas de expulsión. Bajo la denominación aséptica de return hubs, estos dispositivos no están concebidos para garantizar derechos ni para evaluar solicitudes de protección internacional con garantías, sino para acelerar la salida forzosa de personas migrantes fuera del territorio comunitario. La externalización de fronteras alcanza aquí una nueva fase: no se trata solo de delegar el control, sino de desplazar físicamente el espacio jurídico europeo para vaciarlo de obligaciones.
Polonia, por su parte, ha suspendido de facto el derecho de asilo en su frontera con Bielorrusia, consolidando una política de empujones, alambradas y devoluciones sumarias que ya había sido denunciada reiteradamente por organismos internacionales y por tribunales europeos. Alemania, durante años presentada como ancla de estabilidad y garante del consenso comunitario, ha roto unilateralmente con el espíritu de Schengen, reinstaurando controles fronterizos internos y asumiendo parte del discurso de la ultraderecha, incluida la noción de “reemigración”. En los Países Bajos, el Ejecutivo ha anunciado sin ambages la “política de asilo más estricta de la historia del país” y ha solicitado un opt-out del nuevo Pacto europeo con el objetivo de recuperar plena discrecionalidad nacional.
Mientras ese repliegue se concreta, La Haya plantea endurecer la reunificación familiar, retirar ayudas a quienes vean rechazada su solicitud, intensificar las expulsiones forzosas y sustituir los mecanismos de reubicación de solicitantes por aportaciones económicas. La lógica es transparente: pagar para no acoger, externalizar para no responder, desplazar el problema para no afrontarlo. Europa, que se definió a sí misma como un espacio de derechos y libertades, avanza así hacia una arquitectura de contención que vacía de contenido sus propios tratados y normaliza la excepcionalidad como forma ordinaria de gobierno.
Este proceso no es ajeno a las tensiones económicas y sociales que atraviesan el continente. La precarización del trabajo, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos han creado un caldo de cultivo en el que resulta políticamente rentable señalar a un otro vulnerable como responsable de un malestar estructural. La figura del migrante cumple así una función disciplinaria: concentra el miedo, desvía la frustración y permite evitar un debate de fondo sobre el reparto de la riqueza y el poder.
En este escenario, España aparece como una anomalía relativa. El Gobierno ha iniciado un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que rompe con la tendencia dominante en el entorno europeo. No se trata de un gesto simbólico ni de una concesión arbitraria. Los beneficiarios de esta medida son vecinos que viven en los barrios, trabajan en la hostelería, la agricultura o la construcción, y sostienen sectores enteros de la economía que dependen estructuralmente de su fuerza de trabajo. El Banco Central Europeo ha reconocido que la población migrante ha impulsado cerca del 80 % del crecimiento del PIB español en los últimos cinco años, un dato que desmonta de forma contundente el relato de la carga o el parasitismo.
Sin embargo, esta evidencia apenas logra abrirse paso en un debate público atrapado en una cámara de eco donde la realidad empírica choca una y otra vez contra consignas prefabricadas. La discusión política se desplaza así del terreno de los hechos al de las emociones, del análisis estructural a la apelación identitaria. El resultado es un clima de simplificación permanente que reduce fenómenos complejos a eslóganes y convierte la política migratoria en un campo privilegiado para la demagogia.
En su pugna por no perder espacio frente a Vox, el Partido Popular ha endurecido progresivamente su discurso migratorio. Ha propuesto limitar la regularización por arraigo y la reagrupación familiar, eliminar prestaciones a personas en situación administrativa irregular, vincular la residencia de larga duración a las cotizaciones y al conocimiento de una cultura nacional presentada como homogénea, y priorizar la llegada de quienes considera culturalmente próximos. Estas propuestas no responden a una lógica de gestión eficaz, sino a una competición simbólica por quién se muestra más severo frente a un enemigo construido.
En las últimas semanas, además, el PP ha decidido dar un paso más. Primero sugirió ampliar el catálogo de delitos que pueden dar lugar a una expulsión; después, planteó negar la residencia a extranjeros con antecedentes policiales, aunque no hayan sido juzgados ni condenados. La colisión de estas propuestas con el ordenamiento jurídico es evidente. La Ley de Extranjería, el Código Penal y una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establecen con claridad que una expulsión vinculada a una condena penal exige que esta sea firme y superior a un año de prisión. Cualquier otra interpretación no solo es ilegal, sino también impracticable.
Aun así, estas iniciativas se lanzan al espacio público como si fueran opciones legítimas más, contribuyendo a normalizar la idea de que la ley es un obstáculo prescindible cuando interfiere con determinados objetivos políticos. El Estado de derecho se presenta entonces como un corsé molesto, no como una garantía colectiva, y la excepcionalidad se convierte en norma. Esta pedagogía del desprecio a la legalidad tiene efectos duraderos: erosiona la confianza institucional y prepara el terreno para recortes futuros de derechos.
Por ignorancia o por cálculo político, el PP ha sostenido igualmente que la regularización extraordinaria española vulnera el Derecho de la Unión Europea. Sabe que no es cierto, pero utiliza las instituciones comunitarias como herramienta propagandística. Del mismo modo, conoce que las personas regularizadas no podrán votar hasta pasados varios años y bajo condiciones estrictas. A pesar de ello, ha difundido la acusación de “clientelismo político”, confiando en que la sospecha se imponga a la aritmética básica. El censo sigue exactamente donde estaba; pero leer y contar no siempre encaja con la estrategia.
Alberto Núñez Feijóo ha asumido sin matices buena parte del repertorio de falsedades fabricadas por la extrema derecha en la última década. El supuesto efecto llamada, la asociación mecánica entre migración y delincuencia o la idea de unas fronteras completamente abiertas conforman un relato que se derrumba al contrastarlo con los datos. La lógica es conocida: repetir una mentira hasta que adquiera apariencia de verdad. Mensajes simples, reiterados sin descanso, diseñados para prosperar en un clima de inseguridad material, precarización y desorientación social.
En esa misma línea, Feijóo ha afirmado que un 20 % de la población española es de origen inmigrante, sumando de manera interesada a los descendientes de exiliados que acceden a la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. Una política de reparación histórica se convierte así, por arte de discurso, en un flujo migratorio contemporáneo. Ha hablado de “dos millones” de nuevos españoles cuando en realidad se trata de solicitudes, no de concesiones efectivas. Y ha abrazado el mensaje, tan extendido como falso, de que las personas sin papeles disfrutan de privilegios. La inversión de la realidad es completa: se oculta la precariedad para fabricar un agravio.
El Partido Popular parece confiar en que esta narrativa de autovictimización nacional se consolide como una herramienta política de largo recorrido, siguiendo una senda ya transitada en otros países. En Estados Unidos, la escenificación de la revancha, presentada como liberación, dejó claro el programa de Donald Trump: reforzar el poder ejecutivo hasta límites abiertamente inconstitucionales mediante la identificación sistemática de chivos expiatorios. Desde el principio, su proyecto se basó en exhibir un poder sin contrapesos, ejercer la crueldad en nombre del pueblo y poner a prueba la resistencia del sistema frente a una avalancha de mentiras e iniciativas ilegales.
La deriva autoritaria del trumpismo no admite ya demasiadas dudas. Uso de la fuerza con impunidad, vaciamiento del Congreso, una Corte Suprema incapaz de ejercer controles efectivos y una ausencia casi total de supervisión por parte de organismos independientes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, convertido en una fuerza de choque, responde únicamente a las órdenes de una presidencia hipertrofiada. La escenificación del poder, el ensañamiento y el uso del terror con fines disuasorios remiten a los peores precedentes del siglo XX. Miles de detenciones en cuestión de semanas, con perfil racial y sin garantías procesales, se presentan como pruebas de eficacia.
Estos liderazgos explotan con habilidad el sentimiento de agravio. Alimentan la percepción de una injusticia histórica que debe ser reparada y ofrecen, como compensación emocional, una identidad nacional orgullosa y excluyente. Como ha señalado Wendy Brown, se apoyan en los “apegos heridos” para construir enemigos internos y externos, casi siempre imaginarios. La condición de víctima se transforma así en un potente mecanismo de identificación política y en un motor de movilización sostenida.
Cuando se invierten deliberadamente las causas y las consecuencias para mantener abiertas heridas reales o ficticias, el terreno queda abonado para las teorías de la conspiración, las paranoias colectivas y una lógica belicista que todo lo justifica. En ese magma prosperan el racismo, la xenofobia y las tesis del sálvese quien pueda, que legitiman la exclusión y reactivan viejas pulsiones malthusianas. La política deja entonces de ser un espacio de gestión del conflicto social para convertirse en una maquinaria de señalamiento y castigo.
Europa no es ajena a este proceso. La erosión del derecho de asilo y la normalización de la excepcionalidad no responden únicamente a una mala gestión de un fenómeno complejo, sino que revelan una crisis más profunda del modelo político europeo. Al convertir a las personas migrantes en problema y no en sujetos de derechos, se difuminan los límites que separan el Estado de derecho de la arbitrariedad. La pregunta que se cierne sobre el continente no es solo cómo gestionar los flujos migratorios, sino qué tipo de comunidad política quiere ser. De momento, la respuesta se escribe desde el repliegue, el miedo y la renuncia.
