El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto que prohíbe los desahucios de personas vulnerables cuando las viviendas afectadas pertenezcan a grandes tenedores o fondos buitre, como parte de la prórroga del conocido «escudo social».
La medida busca proteger a los inquilinos que, por causas sobrevenidas como pérdida de empleo o enfermedad, no pueden hacer frente al pago del alquiler y no disponen de alternativa habitacional.
La medida no afecta a pequeños propietarios
Según el acuerdo alcanzado con el PNV, los propietarios particulares con una o dos viviendas, así como quienes también se encuentren en situación de vulnerabilidad, quedan exentos de esta prohibición. En estos casos, la responsabilidad de encontrar una solución de emergencia recaerá en los servicios sociales de las comunidades autónomas.
El Gobierno también ha anunciado que seguirá financiando a las comunidades autónomas para reforzar los parques públicos de vivienda social y mejorar los recursos de emergencia habitacional.
Además, se aumentarán las compensaciones económicas a los propietarios afectados, gracias a un fondo de 300 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada.
Dos decretos para garantizar la aprobación parlamentaria
El Ejecutivo ha decidido separar en dos decretos las medidas sociales para facilitar su convalidación en el Congreso, tras el rechazo del decreto único el pasado 27 de enero. Por un lado, se ha aprobado la revalorización de las pensiones para 2026, y por otro, la prórroga del escudo social con medidas como la protección ante desahucios.
Desde el Ejecutivo insisten en que estas medidas responden al compromiso de “no dejar a nadie atrás”, y recuerdan que se están reforzando políticas dirigidas tanto a pensionistas como a personas en situación de vulnerabilidad.
“Somos un Gobierno que responde con propuestas, no con resignación. Un Gobierno que sigue avanzando”, han señalado fuentes oficiales.
