La dimisión de Adolfo Suárez el 29 de enero de 1981 marcó un punto de inflexión en la Transición española. No fue un episodio aislado ni una decisión estrictamente personal, sino la expresión visible de un desgaste político profundo en el que confluyeron partidos, aparatos del Estado y la Jefatura del Estado. El propio Suárez lo expresó en su discurso televisado con una frase que ha quedado fijada en la memoria colectiva: «No quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España». Aquella advertencia no iba dirigida solo a la ciudadanía; interpelaba a los centros reales de poder que, a su juicio, habían dejado de sostenerlo.
Durante años se ha presentado aquella dimisión como un acto de responsabilidad institucional, casi como una retirada voluntaria para facilitar la gobernabilidad. El discurso reforzó esa lectura cuando Suárez afirmó que no quería que su permanencia pudiera convertirse en «un obstáculo para la convivencia política de los españoles». Sin embargo, esa formulación, cuidadosamente medida, ocultaba una realidad más compleja. Suárez dimitió porque había perdido el respaldo necesario para seguir gobernando, y esa pérdida no se limitaba a su propio partido. La fractura de la UCD, la parálisis parlamentaria y la presión de sectores clave del Estado habían erosionado su autoridad hasta dejarla en una posición insostenible.
En ese proceso, la Monarquía desempeñó un papel determinante. La relación entre Suárez y el rey Juan Carlos, fundamental durante los primeros años de la Transición, se había deteriorado progresivamente. El presidente había sido útil como arquitecto del consenso tardofranquista, pero con el paso del tiempo empezó a ser percibido como un factor de inestabilidad. Desde el entorno de la Corona se fue imponiendo la idea de que el país necesitaba un liderazgo más previsible, capaz de restablecer el orden político y de tranquilizar a los sectores más inquietos del Estado. Suárez, con su estilo personalista y su capacidad menguante de control, dejó de encajar en ese esquema.
El 29 de enero de 1981 simboliza el momento en que ese respaldo se retira definitivamente. Suárez habla de clarificar la situación política, pero lo hace desde la conciencia de que su margen de maniobra se ha agotado. La Monarquía, que había sido el pilar de su legitimidad, ya no actúa como escudo. Al contrario, su neutralidad institucional se traduce en una distancia política que resulta decisiva. La dimisión se produce así en un clima en el que el presidente entiende que seguir al frente del Gobierno carece de sentido sin el apoyo explícito de las Altas Magistraturas del Estado.
La salida de Suárez no resuelve la crisis; la expone. España queda con un Gobierno en funciones y un Parlamento obligado a investir a un sucesor sin un liderazgo consolidado. Durante semanas, el país vive en una situación de interinidad que alimenta la sensación de vacío de poder. En ese contexto, la Monarquía refuerza su papel arbitral y se convierte en el principal factor de estabilidad formal. Esa centralidad no es casual. La dimisión del presidente traslada el eje del poder hacia la Jefatura del Estado, que pasa a ser el referente último en un momento de incertidumbre.
Es en ese marco donde el 23 de febrero adquiere pleno sentido. El intento de golpe se produce durante la sesión de investidura, cuando el sistema muestra su punto más débil. No se dirige contra un Gobierno fuerte, sino contra un Parlamento en transición y un Ejecutivo inexistente. La intervención militar se inscribe en una lógica de advertencia y corrección, no de sustitución total del régimen. La Monarquía aparece entonces como el elemento capaz de cerrar la crisis, reforzando su heroicidad como garante del orden constitucional, frente al dedo incorrupto del frígido y cristiano dictador.
Entre la dimisión de Suárez y el 23F, se concentran las tensiones acumuladas de la Transición. La autoridad civil se muestra frágil, el consenso político se resquebraja y los sectores que nunca asumieron plenamente el remodelado “marco democrático”, interpretan la situación como una amenaza. El golpe, más que una anomalía, actúa como un mensaje dirigido a la clase política: hay límites claros y hay instancias dispuestas a intervenir cuando la política parlamentaria no los respeta. En ese mensaje, la Monarquía ocupa un lugar central como referencia última del sistema.
La figura de Suárez resulta incómoda precisamente porque ya no gobierna. El golpe no se dirige contra él como presidente, sino contra el modelo político que él había gestionado y que ahora se revela incapaz de autorregularse.
Su dimisión, condicionada por la pérdida de apoyos en todos los frentes, facilita una recomposición del poder en la que la Corona refuerza su papel. El 23F no inaugura un régimen nuevo, pero sí redefine jerarquías y fija definitivamente quién tiene la última palabra en situaciones de crisis.
Durante el asalto al Congreso, Suárez permanece sentado en su escaño mientras suenan los disparos. La imagen ha sido interpretada como un gesto de valentía personal, pero también encierra una lectura política más profunda. El hombre que había dimitido para no ser un obstáculo defiende, con su presencia, una institucionalidad que ya lo ha desplazado. Frente a él, el sistema se recompone sin su participación directa, apoyándose en la autoridad de la Monarquía como garante de la intervención militar.
El supuesto fracaso del golpe no impidió que tuviera efectos duraderos. Tras el 23F, el sistema político se estabiliza rápidamente. Se refuerza el discurso de la unidad, se estrechan los márgenes del disenso y se consolida una democracia más vigilada. El aviso ha sido comprendido y asumido.
Desde esta perspectiva, la dimisión de Suárez adquiere un significado más preciso. No fue solo un gesto de responsabilidad personal, sino el resultado de una correlación de fuerzas en la que la Corona jugó un papel decisivo. Suárez se apartó para evitar, como dijo, que la democracia se interrumpiera; pero su salida facilitó una reordenación del poder más rígida y menos ambigua. El 23F cerró ese proceso de forma simbólica, consolidando un modelo en el que la estabilidad se antepone a la apertura.
Con el paso del tiempo, la figura de Suárez fue integrada en un relato más amable de la Transición. Sus palabras de dimisión se citan como prueba de altura moral, mientras se diluyen las circunstancias políticas que las hicieron inevitables. Separar la renuncia del 29 de enero del 23 de febrero contribuye a ocultar una secuencia coherente. La dimisión muestra el agotamiento de un modelo de mediación; el golpe fija sus límites.
Suárez queda así como una figura incómoda porque representa el momento exacto en que el equilibrio se rompe. No fue apartado por la fuerza ni rescatado por la épica; fue desplazado cuando dejó de ser funcional. El 23F no necesitó triunfar para cumplir su función. Bastó con producirse. Desde entonces, la política española aprendió una lección que sigue vigente: hay decisiones que se votan y otras que se arbitran desde instancias superiores. Y cuando la mediación falla, el poder no discute; se reordena. O dicho de otra manera, “Al suelo, todo el mundo”
