El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un nuevo acuerdo con CCOO y UGT para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, en 14 pagas, lo que representa un incremento del 3,1 % respecto al actual. La medida tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas en todo el país, incluyendo a decenas de miles de trabajadores de Castilla-La Mancha, donde sectores como la agricultura, la hostelería o el comercio concentran una alta proporción de empleos vinculados al salario mínimo.
El acuerdo ha sido presentado por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien lamentó no haber conseguido el respaldo de CEOE y Cepyme, aunque aseguró que el Gobierno “ha negociado sin resuello” para tratar de sumar a la patronal. “Nos hemos dejado la piel”, ha señalado.
Un impacto directo en Castilla-La Mancha
En comunidades como Castilla-La Mancha, donde los sueldos medios se encuentran por debajo de la media nacional, esta subida del SMI se traduce en un importante aumento de poder adquisitivo para miles de trabajadores. Desde los sindicatos regionales ya se valora positivamente este avance, que permitirá mejorar las condiciones laborales especialmente en las provincias más rurales, donde el SMI tiene una gran incidencia.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado la subida como una “medida de justicia social”, destacando que “este Gobierno vuelve a demostrar que cumple con la gente trabajadora”. El aumento supone 37 euros más al mes (518 euros al año) y no tributa por IRPF.
Reforma para que la subida llegue íntegra al salario
Junto con la subida, el Ministerio de Trabajo se compromete a reformar el Real Decreto que regula el SMI, para evitar que los complementos salariales sean absorbidos por el aumento del salario mínimo. Esto garantizará, según Pérez Rey, que “estos 37 euros vayan directamente al bolsillo de los trabajadores” y no sean neutralizados por empresas a través de ajustes en otros conceptos de la nómina.
El Gobierno pretende ejecutar esta modificación mediante un Real Decreto para transponer la directiva europea sobre salarios mínimos, algo que, según Trabajo, no requiere un cambio de ley, pese a las críticas de la patronal.
CEOE y Cepyme denuncian “ruptura del diálogo social”
Las organizaciones empresariales han emitido un comunicado muy crítico, acusando al Gobierno de «despreciar el diálogo social» y de «saltarse el Estatuto de los Trabajadores» con el cambio en las reglas de absorción. Aseguran que la subida del SMI es una “trampa” que incrementará los costes laborales y pondrá en riesgo la viabilidad de muchas pymes y autónomos, especialmente en sectores vulnerables.
El presidente de la ATA, Lorenzo Amor, calificó la medida como “inasumible” para los autónomos, acusando al Ejecutivo de “jugar con las empresas”.
Sindicatos celebran la subida y reprochan el rechazo patronal
Desde CCOO y UGT, sus portavoces han defendido el acuerdo y han lamentado que la CEOE “haya dado la espalda a los trabajadores que menos ganan”. El secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, han censurado que la patronal no respalde una subida del 3,1 % del SMI mientras los convenios están acordando incrementos del 4,2 %.
Además, han explicado que la reforma sobre los complementos salariales es legal y cuenta con el respaldo jurídico suficiente para llevarse a cabo vía decreto, sin derogar ningún artículo del Estatuto de los Trabajadores.
Ambos sindicatos han avanzado que llevarán el preacuerdo a sus órganos internos para su validación y posterior firma formal, y han reiterado que seguirán exigiendo al Gobierno que la subida del SMI se traslade a los contratos públicos, para que no haya diferencias entre lo pactado en el ámbito privado y lo que se aplica en la administración.
