La soberanía nacional no es una palabra solemne reservada para discursos institucionales ni una abstracción útil para llenar manuales de derecho constitucional. La soberanía, cuando es real, se expresa en hechos concretos: en la capacidad efectiva de un pueblo para decidir qué ocurre en su territorio, cómo se defiende, qué modelo económico desarrolla y qué relaciones establece con el resto del mundo. Cuando esa capacidad no existe, cuando las decisiones fundamentales se toman fuera o bajo tutela externa, hablar de soberanía es poco más que una ficción retórica. Y si se observa con honestidad la situación española, el diagnóstico resulta incómodo, pero claro: España no es hoy un país plenamente soberano.
Nuestra soberanía está limitada, condicionada y, en ámbitos decisivos, directamente anulada. No es una percepción ideológica ni una exageración militante, sino una realidad material que puede señalarse con precisión geográfica. Basta con fijarse en tres puntos del mapa para entenderlo: Gibraltar, Rota y Morón. Tres enclaves distintos, tres potencias extranjeras implicadas, pero un mismo resultado político: la renuncia efectiva del Estado a ejercer control pleno sobre su propio territorio. No se trata de nostalgia ni de patriotismo vacío, sino de una cuestión estructural que condiciona el presente y el futuro de la mayoría social.
Gibraltar es la herida más antigua y, al mismo tiempo, la más reveladora. No es un problema técnico ni una “cuestión bilateral compleja”, como repite la diplomacia oficial. Es una colonia. Una colonia en suelo español, ocupada desde 1704 y consolidada en 1713 mediante el Tratado de Utrecht. Un tratado que el Reino Unido ha vulnerado de manera sistemática, ampliando el territorio ocupado y reforzando su valor estratégico y militar sin que España haya respondido con firmeza. Con el paso de los años, la posición española no se ha fortalecido; se ha degradado hasta convertirse en una mezcla de resignación, cálculo corto y miedo al conflicto.
Hubo un tiempo, incluso en condiciones mucho más adversas, en el que esta cuestión se afrontaba con mayor dignidad política. La II República, acosada por problemas internos y por un contexto internacional hostil, no renunció a reclamar Gibraltar ni a llevar el conflicto a instancias internacionales. Hoy, en cambio, los distintos gobiernos han optado por rebajar el problema hasta convertirlo en una cuestión de cooperación económica, empleo transfronterizo o convivencia vecinal. Todo, menos hablar de soberanía.
La paradoja es evidente. El Reino Unido atraviesa una crisis profunda, agravada por el Brexit y por la descomposición de su propio modelo territorial. Su peso internacional se sostiene, en buena medida, por su alineamiento automático con Estados Unidos. Aun así, España es incapaz de ejercer una presión política sostenida para recuperar un territorio que le pertenece. Gibraltar no es solo un símbolo colonial; es una base militar extranjera que opera sin control español, vigila el Estrecho y proyecta poder sobre el Mediterráneo y África. Es también un enclave fiscal opaco que facilita el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, el contrabando y la corrupción internacional, dañando gravemente la economía del entorno. Y, como si todo esto fuera poco, es un punto de apoyo para submarinos nucleares británicos a pocos kilómetros de la costa andaluza, con riesgos evidentes para el medio ambiente y la población.
La mayoría de los países no aceptarían una situación así. España no solo la acepta, sino que la normaliza. Existe una red de intereses políticos, económicos y mediáticos que presenta el statu quo como inevitable, incluso conveniente. Se denuncian con razón las ambiciones territoriales de otras potencias, pero se guarda un silencio casi absoluto sobre la existencia de una colonia británica en suelo europeo. Esta resignación no es inocente: es el resultado de una cultura política que ha interiorizado la subordinación como forma de estabilidad.
Algo similar ocurre con las bases militares estadounidenses de Rota y Morón. Oficialmente se presentan como acuerdos de cooperación y defensa compartida. En la práctica, son piezas clave del engranaje militar de Estados Unidos. La capacidad de decisión española sobre estas instalaciones es limitada, la información pública escasa y el control democrático prácticamente inexistente. Desde ellas se organiza el despliegue militar en el flanco sur de la OTAN y se proyecta fuerza hacia África y Oriente Medio.
Rota, con el despliegue del escudo antimisiles, ha convertido a la Bahía de Cádiz en un objetivo estratégico prioritario en caso de conflicto internacional. Lejos de aumentar la seguridad, estas instalaciones incrementan el riesgo para la población civil, integrando el territorio español en una lógica de confrontación que no responde a los intereses de la mayoría social.
Morón de la Frontera cumple una función aún más directa. Es una base logística utilizada para operaciones militares en África y Oriente Medio. Desde allí han partido aviones implicados en bombardeos en Irak, Siria y Libia. Desde allí se articula el apoyo logístico que sostiene la agresión permanente contra el pueblo palestino. España, al permitir el uso de su territorio para estas operaciones, no es un actor neutral: es un cómplice necesario. Cada vuelo, cada despliegue, tiene consecuencias humanas que no pueden ocultarse tras un lenguaje burocrático.
Nada de lo anterior es una anomalía ni un error puntual de la política exterior española. Es el resultado coherente de un modelo de Estado construido sobre la renuncia. España no es un país que haya perdido soberanía por accidente; es un país al que se le ha enseñado a no ejercerla. La dependencia militar, la subordinación económica y la resignación colonial forman parte de un mismo entramado que limita deliberadamente la capacidad de decisión popular. Cuando un Estado no controla su territorio, cuando no decide qué ejércitos operan en él ni con qué fines, cuando acepta que una potencia extranjera mantenga una colonia activa en su suelo, ese Estado ha dejado de ser plenamente dueño de su destino.
Las consecuencias de esta situación no se miden solo en términos geopolíticos, sino en condiciones materiales de vida. La precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria, la desindustrialización y el abandono del mundo rural no son fenómenos aislados. Están directamente ligados a un modelo económico impuesto desde fuera y aceptado sin resistencia por una élite política que ha asumido como natural la dependencia. Un país sin soberanía no puede planificar su economía, proteger sus sectores estratégicos ni garantizar derechos sociales duraderos. La falta de soberanía nacional se traduce, inevitablemente, en falta de soberanía popular.
Por eso resulta profundamente engañoso separar la cuestión social de la cuestión nacional. No hay política transformadora posible sin control del territorio, sin independencia económica y sin capacidad real de decisión. La soberanía no es un adorno discursivo ni un refugio identitario; es la condición previa para cualquier proyecto de justicia social. Sin ella, toda promesa de redistribución, de derechos o de bienestar queda sometida al veto de intereses ajenos, ya sean militares, financieros o geoestratégicos.
Recuperar la soberanía implica decisiones incómodas. Implica dejar de tratar Gibraltar como un asunto menor y asumir que su existencia como colonia es una anomalía democrática intolerable. Implica revisar y denunciar los acuerdos que permiten a Estados Unidos utilizar Rota y Morón como plataformas de guerra, asumir la salida de la OTAN y construir una política exterior basada en la neutralidad activa, la cooperación y el respeto al derecho internacional. Implica, también, cuestionar una Unión Europea diseñada para proteger al capital y disciplinar a los pueblos, no para garantizar bienestar ni democracia real.
Nada de esto será concedido desde arriba. La historia demuestra que la soberanía no se otorga: se conquista. Requiere conflicto político, claridad ideológica y una ruptura consciente con la cultura de la sumisión. Exige asumir que no se puede ser, al mismo tiempo, socio menor de un bloque imperial y país soberano; que no se puede hablar de paz mientras se facilitan guerras; que no se puede invocar la democracia mientras se renuncia a decidir.
España arrastra una larga tradición de miedo a ejercer su propia dignidad política. Pero también conserva una memoria de resistencia, de proyectos emancipadores y de voluntad popular frustrada. Recuperar la soberanía no es mirar al pasado con nostalgia, sino cerrar cuentas pendientes con él.
Es decidir, de una vez, si este país quiere seguir siendo un peón en el tablero de otros o si está dispuesto a asumir el coste —político, económico y social— de gobernarse a sí mismo.
La soberanía no se pide permiso para ejercerla. Se ejerce. Y cuanto más se retrase esa decisión, mayor será el precio que paguen las mayorías sociales.
