No satisfecha con haber permitido que 7.291 ancianos murieran sin atención médica durante la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido ampliar el radio de acción. El objetivo ya no son los cuerpos agotados ni las residencias saturadas, sino algo menos visible y, por tanto, más fácil de sacrificar: la investigación científica. No hay camillas ni sirenas esta vez, solo expedientes, silencios administrativos y una firma al pie de un presupuesto. El resultado, sin embargo, vuelve a ser el mismo: abandono deliberado.
La escena no es nueva. El poder, cuando se siente cómodo, no discute; aplasta. Y lo hace siempre contra quienes carecen de defensa inmediata. Jóvenes investigadores, doctorandos sin red familiar ni patrimonio, personas que llevan años formándose para producir conocimiento y que ahora descubren que su trabajo es prescindible. No porque no sirva, sino porque no da votos ni titulares fáciles. La política del corto plazo rara vez tolera aquello que no se puede inaugurar con una foto.
La suspensión de las ayudas predoctorales en Madrid se ha presentado como una decisión técnica, casi inevitable. Ese lenguaje pulcro esconde una realidad mucho más cruda. Se interrumpen proyectos en marcha, se rompen procesos de investigación que no admiten pausas arbitrarias, se obliga a personas concretas a tomar decisiones vitales irreversibles. No se congela una partida; se congela el futuro de quienes ya estaban trabajando en él.
Las salidas posibles son pocas y todas malas. Está la emigración, que España conoce bien: laboratorios extranjeros que acogen talento formado aquí con dinero público. Está la absorción por la empresa privada, donde ese conocimiento se reconvierte en mercancía sin retorno social. Y está, quizá la más frecuente, la renuncia silenciosa: abandonar la investigación y aceptar cualquier empleo que permita pagar el alquiler. No es una cuestión de falta de vocación, sino de agotamiento. Nadie puede sostener indefinidamente una vida en precario por amor al saber.
Cada investigador que cae por el camino no es una anécdota individual. Es una inversión perdida, un proceso colectivo desperdiciado. Formar a un científico requiere tiempo, recursos y una estructura que no se improvisa. Destruir ese proceso es rápido y barato; reconstruirlo, casi imposible. Pero este tipo de pérdidas no se reflejan en los balances políticos. No generan escándalo inmediato ni manifestaciones multitudinarias. Son daños diferidos, y por eso mismo, políticamente cómodos.
Las condiciones materiales hablan por sí solas. Las ayudas suprimidas rondaban los 25.000 euros brutos anuales. En Madrid, esa cifra apenas garantiza la supervivencia. Una habitación compartida, transporte público, comida medida. Nada más. No hay margen para imprevistos, ni para proyectos personales, ni para una vida mínimamente estable. Es una economía de resistencia, no de desarrollo intelectual. Y aun así, se exige rendimiento máximo, disponibilidad absoluta y resultados competitivos a escala internacional.
El sistema, además, roza lo grotesco. El investigador debe pagar buena parte de las herramientas necesarias para trabajar: libros especializados inalcanzables, acceso a revistas científicas y, finalmente, el coste de publicar sus propios resultados si quiere que cuenten. Se penaliza al que no puede pagar por producir conocimiento. El mérito queda subordinado a la capacidad económica. No es una anomalía; es el funcionamiento normal de un modelo que convierte el saber en un privilegio.
Mientras tanto, se espera del investigador una dedicación total. Jornadas sin horario, fines de semana en el laboratorio, congresos costeados de su propio bolsillo. Hablar de ocio, cultura o conciliación en este contexto resulta casi ofensivo. El mensaje es inequívoco: investigar no es un trabajo, es un sacrificio. Y quien no esté dispuesto a asumirlo, que se aparte.
Todo este desmantelamiento se justifica en nombre del ahorro. Veintinueve millones de euros en cuatro años. Una cifra insignificante dentro del presupuesto autonómico, pero reveladora en términos políticos. No soluciona ningún problema estructural, no mejora la sanidad ni la educación, no garantiza ningún servicio esencial. Solo envía un mensaje claro: la ciencia no es prioritaria.
La comparación con otros dispendios resulta inevitable. Cantidades muy superiores se han evaporado en corrupción, rescates financieros y contratos inflados sin que nadie hablara de responsabilidad fiscal. Pero cuando se trata de investigación, el dinero siempre falta. No es una cuestión de recursos; es una cuestión de voluntad.
Lo más llamativo es que ni siquiera desde una lógica puramente económica el recorte tiene sentido. Las potencias que marcan el rumbo global lo hacen porque invierten de forma sostenida en investigación. China es el ejemplo más evidente. Produce patentes, domina sectores estratégicos y desplaza a competidores históricos no con discursos, sino con innovación. No hay misterio alguno: quien investiga, gana autonomía; quien recorta, se vuelve dependiente.
El caso de Huawei fue ilustrativo. Cuando las grandes tecnológicas estadounidenses se vieron superadas, la respuesta no fue redoblar la inversión pública en ciencia, sino pedir protección estatal. El mercado libre dejó de ser sagrado en cuanto dejó de beneficiar a los de siempre. Pero el origen del problema no estaba fuera, sino dentro: décadas de desprecio al conocimiento como política estructural.
La ofensiva contra la ciencia no es un fenómeno aislado ni local. Forma parte de una corriente más amplia donde gobiernos reaccionarios atacan universidades, desacreditan expertos y promueven el antiintelectualismo como seña de identidad. No es ignorancia casual; es una estrategia. El saber incomoda porque cuestiona, porque introduce matices, porque desmonta relatos simplistas. Y eso es justo lo que estos proyectos políticos no pueden permitirse.
No combaten ideas concretas; combaten la capacidad de pensar. Necesitan ciudadanos dóciles, no formados. Consumidores antes que sujetos críticos. De ahí el empeño en debilitar la educación superior, en ridiculizar la investigación, en presentar el conocimiento como un lujo innecesario.
Lo más desconcertante es la resignación generalizada. El mundo académico protesta, pero rara vez golpea donde duele. Se acepta el recorte como algo inevitable, se gestiona la precariedad como si fuera una ley natural. Sin embargo, existe una herramienta poderosa que apenas se menciona: la interrupción organizada del conocimiento. Un paro académico amplio, sostenido, acompañado de una explicación clara a la sociedad.
Los médicos no pueden hacerlo sin provocar muertes inmediatas. Los investigadores y docentes sí pueden mostrar, con su ausencia, hasta qué punto sostienen el funcionamiento de la sociedad. No sería un gesto corporativo, sino una advertencia colectiva. Porque cuando se ataca la ciencia, no se castiga solo a quienes la practican; se hipoteca el futuro de todos.
No estamos ante un ajuste técnico, sino ante una decisión política profunda. Se opta por gobernar desde la ignorancia administrada, desde el corto plazo, desde la propaganda. Se renuncia al pensamiento crítico a cambio de control. Y esa elección tendrá consecuencias.
Una sociedad que persigue a sus científicos no se protege: se empobrece. Y cuando el mañana llegue, como siempre llega, no habrá decreto capaz de sustituir lo que hoy se ha decidido destruir
