El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una solicitud de dictamen sobre la legalidad del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, lo que en la práctica podría paralizar su ratificación por parte de los Estados miembros. Aunque esta decisión no impide su aplicación provisional —algo que queda en manos de la Comisión Europea—, sí representa un importante revés político al tratado.
La resolución ha salido adelante por un estrecho margen de 334 votos a favor frente a 324 en contra, con 11 abstenciones. Ha sido impulsada por grupos de la izquierda europea, que mantienen serias reservas sobre la compatibilidad del pacto con el Derecho comunitario. Una segunda propuesta similar, esta vez promovida por la ultraderecha, fue rechazada.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que acaba de firmar el acuerdo en Paraguay, lo había calificado como un «momento histórico» ante el pleno del Parlamento. Sin embargo, desde el Ejecutivo comunitario, su portavoz de Comercio, Olof Gill, ha señalado que la decisión de acudir al TJUE “no está justificada”, ya que se han tomado medidas para responder a las inquietudes planteadas por los eurodiputados.
¿Qué implicaciones tiene para Castilla-La Mancha?
Aunque el debate tiene alcance europeo, Castilla-La Mancha sigue con atención la evolución de este acuerdo, especialmente sectores como el agroalimentario y vitivinícola, que podrían verse directamente afectados si finalmente se abre el mercado a productos de países como Brasil o Argentina en condiciones consideradas poco equitativas.
Agricultores, cooperativas y organizaciones agrarias de la región ya han manifestado en otras ocasiones su preocupación por la competencia desleal que podría suponer la entrada masiva de productos que no cumplen los mismos estándares que los europeos. También se teme el impacto medioambiental derivado del acuerdo, una de las razones que ha llevado a eurodiputados de varios grupos a solicitar esta revisión legal.
A la espera del dictamen del TJUE, el futuro del acuerdo comercial queda en el aire, en un contexto político europeo donde la sostenibilidad, el respeto a las normas comunes y la protección del campo europeo —incluido el de regiones como Castilla-La Mancha—, se están convirtiendo en líneas rojas cada vez más claras.
