Un país se juzga por cómo alberga a su gente. No por la riqueza obscena de una minoría ni por los índices macroeconómicos que se celebran en los despachos, sino por la capacidad real de garantizar un techo digno a quienes sostienen la sociedad con su trabajo. En el Reino de España, ese juicio es hoy implacable. La crisis de la vivienda no es un accidente ni una tormenta perfecta; es el resultado directo de una cadena de renuncias políticas. Y en esa cadena hay nombres propios que no pueden seguir escondiéndose tras discursos huecos: Isabel Rodríguez y Pedro Sánchez.
Lo que se nos presenta como un “problema de acceso” es, en realidad, una derrota democrática asumida. No falta diagnóstico, faltan decisiones. Faltan conflicto y coraje. Mientras millones de personas viven asfixiadas por alquileres abusivos, mientras la juventud permanece atrapada en la casa familiar o en habitaciones compartidas, el Gobierno se felicita por avances mínimos que no alteran la estructura del problema. El Ministerio de Vivienda existe, pero no manda. Y cuando un ministerio nace sin voluntad de poder, su función real no es transformar, sino administrar el malestar.
Su titular, Isabel Rodríguez encarna perfectamente esa lógica. Su gestión ha estado marcada por el tono amable, la pedagogía constante y la ausencia de confrontación. Se habla mucho de derechos, pero se actúa poco contra los que los vulneran. Se anuncian planes, bonos y observatorios, mientras el mercado inmobiliario sigue funcionando como una trituradora social. La ministra no ignora la magnitud del problema; simplemente ha aceptado los límites que le impone un modelo que no se quiere cuestionar. Y al aceptarlos, se convierte en gestora de la renuncia.
Pero sería injusto, y políticamente cómodo, cargar toda la responsabilidad sobre ella. Isabel Rodríguez no actúa en el vacío. Su margen de acción, estrecho por decisión propia, responde a una estrategia más amplia definida desde La Moncloa. Pedro Sánchez es el máximo responsable de la política de vivienda de este país, aunque intente diluir esa responsabilidad en la maraña autonómica o en la retórica del consenso. Es él quien decide hasta dónde se llega y, sobre todo, hasta dónde no. Y en vivienda, su Gobierno ha decidido no cruzar las líneas rojas del poder económico.
La gran derrota ideológica se produjo hace tiempo. Nos convencieron de que la vivienda podía ser una mercancía más, de que el mercado era el mejor asignador posible de un bien básico, de que la intervención pública debía ser excepcional y cuidadosa para no “distorsionar”. Al mismo tiempo, se nos dijo que la clase obrera era una categoría del pasado, que ahora todos éramos individuos emprendedores, propietarios en potencia. Ese relato fue útil para desarmar políticamente a la mayoría social. Hoy, cuando pagar un alquiler consume la mitad del salario, su falsedad resulta obscena.
Pedro Sánchez llegó al poder prometiendo un giro progresista, una recuperación de lo público y una defensa de los derechos sociales. En vivienda, esa promesa se ha quedado en gesto. La Ley de Vivienda, presentada como un hito histórico, es una norma tímida, llena de excepciones y dependiente de la voluntad de unas Comunidades Autónomas que, en muchos casos, actúan abiertamente en contra del derecho a la vivienda. El Gobierno lo sabía. Sabía que el Partido Popular utilizaría sus competencias para bloquear cualquier avance real. Y aun así diseñó una ley que les dejaba la llave del candado.
Ese diseño no es ingenuo. Es funcional. Permite al Ejecutivo central exhibir una supuesta voluntad reformista mientras evita el enfrentamiento directo con los grandes propietarios, la banca y los fondos de inversión. Permite a Pedro Sánchez presentarse como progresista sin incomodar a los poderes que realmente cuentan. Y permite a Isabel Rodríguez recorrer platós y foros defendiendo una política que, en la práctica, no cambia la vida de quienes no pueden pagar un alquiler.
El Estado de las Autonomías se ha convertido así en la coartada perfecta. Cuando se reclama una intervención contundente, se señala a las competencias autonómicas. Cuando las Comunidades gobernadas por la derecha boicotean, se apela a la lealtad institucional. Pero la lealtad no puede ser una excusa para tolerar la traición social. La Constitución ofrece mecanismos suficientes para garantizar derechos básicos cuando estos son vulnerados de forma sistemática. El Gobierno ha decidido no utilizarlos. Y esa decisión tiene un responsable político claro.
Mientras tanto, la vivienda se consolida como el activo financiero por excelencia. Es escasa, imprescindible y garantiza rentabilidades altas y estables. Por eso los fondos internacionales la han convertido en objetivo prioritario. Por eso barrios enteros se vacían de vecinos y se llenan de activos. Y por eso un Gobierno que se dice progresista debería haber actuado con contundencia para sacar la vivienda del circuito especulativo. No lo ha hecho. Ni Pedro Sánchez ni su ministra han impulsado expropiaciones temporales de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, ni han establecido sanciones disuasorias reales contra la desocupación especulativa, ni han impuesto un control efectivo y generalizado de los alquileres.
La ausencia de un parque público de vivienda es la prueba más clara del fracaso. España sigue a la cola de Europa en vivienda pública en alquiler. Décadas de políticas orientadas al pelotazo y a la propiedad privada han dejado un panorama desolador. Construir vivienda pública no es una cuestión técnica; es una decisión política de primer orden. Requiere inversión sostenida, planificación a largo plazo y enfrentamiento con intereses muy poderosos. Pedro Sánchez ha preferido otras prioridades. Isabel Rodríguez ha asumido ese orden sin cuestionarlo.
El resultado es una generación sin horizonte. No porque sea irresponsable o cómoda, sino porque el sistema la expulsa. La precariedad habitacional no es un fenómeno cultural; es una herramienta de disciplina social. Quien vive con el alquiler al cuello acepta peores condiciones laborales, posterga su vida y reduce sus expectativas. Sin vivienda no hay libertad real. Y sin libertad material, la democracia se vacía de contenido.
También aquí se juega la soberanía. Un país que no controla su suelo ni su vivienda es un país dependiente. Hablar de soberanía nacional mientras se permite que fondos extranjeros decidan quién vive y quién se va de nuestras ciudades es una farsa. Pedro Sánchez habla con frecuencia de autonomía estratégica, pero en vivienda ha aceptado una dependencia total de los mercados financieros. El Ministerio de Vivienda, lejos de revertir esa dinámica, la legitima con lenguaje progresista.
Frente a esta situación, no sirven los parches. Hace falta un cambio de rumbo radical. Un plan inmediato de construcción masiva de vivienda pública en alquiler, del orden de un millón de viviendas, no como promesa a diez años vista, sino como política de emergencia social. Hace falta pues recentralizar competencias cuando se utilizan para sabotear derechos fundamentales. Hace falta derogar una ley insuficiente y aprobar una normativa que sitúe el derecho a la vivienda por encima de la propiedad especulativa. Hace falta asumir el conflicto como parte inseparable de la democracia.
Nada de esto está hoy en la agenda real del Gobierno. Ni Pedro Sánchez ha demostrado voluntad de liderar esa confrontación, ni Isabel Rodríguez ha dado un solo paso que indique una ruptura con el marco dominante. Su gestión será recordada como la de una oportunidad perdida, como la de un momento histórico en el que se pudo empezar a revertir décadas de injusticia y se optó por la prudencia cobarde.
Nos repiten que no hay alternativa, que el mercado es intocable y que cualquier intento de ruptura es irresponsable. Es el mismo discurso que se usa para justificar la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos y la subordinación geopolítica. Pero es falso. La alternativa existe y empieza por llamar a las cosas por su nombre. Empieza por reconocer que la clase obrera sigue existiendo y que hoy sufre, de forma especialmente cruel, la violencia del mercado inmobiliario. Empieza por asumir que sin confrontación no hay derechos.
La vivienda es la trinchera central de nuestro tiempo. En ella se cruzan la desigualdad, la soberanía y la dignidad. Seguir gestionando esta crisis con tibieza es empujar a millones de personas a la desesperanza. Pedro Sánchez y su ministra han elegido la estabilidad del sistema frente a la justicia social. Han preferido no molestar a los poderosos antes que garantizar un derecho básico. Y esa elección no es neutra.
Construir vivienda pública, expropiar lo que no cumple una función social, enfrentarse a quienes boicotean el derecho a un hogar no es radicalismo; es democracia material. Todo lo demás es retórica. El tiempo de los discursos se ha agotado. O se gobierna para la mayoría social, o se gobierna para el mercado. En materia de vivienda, el Gobierno ya ha tomado partido. La historia, como siempre, tomará nota.
