En España, el empleo del hogar muestra con claridad cómo se reparten las cargas dentro de la sociedad. Cientos de miles de mujeres —muchas de ellas migrantes— sostienen cada día la vida en miles de casas mientras sobreviven con salarios reducidos, largas jornadas y una soledad laboral que impide cualquier defensa real de sus derechos. Este sector ha sido durante décadas un espacio donde la desigualdad se naturaliza: a la discriminación de clase se suma la de género y origen, y el resultado es una precariedad profunda que nunca ha sido casual.
Los derechos que hoy existen no surgieron por impulso institucional, sino porque sindicatos y colectivos feministas empujaron durante años para que se reconociera lo elemental. Que las trabajadoras tengan derecho a prestación por desempleo o que los empleadores deban identificar riesgos dentro de sus hogares rompe con la vieja ficción que mezclaba lo laboral con lo doméstico para justificar salarios bajos y disponibilidad permanente. Lo que ahora comienza a reconocerse es que quien contrata es un empleador, no una figura paternal que actúa por “confianza”.
La exigencia de evaluar riesgos laborales en el hogar es un paso en esa dirección: obliga a asumir responsabilidades y deja atrás la idea de que el ámbito privado está fuera del derecho laboral. Las dificultades técnicas de la plataforma pública para realizar la autoevaluación han creado ruido, pero no alteran el fondo del asunto: el documento debe entregarse y la protección es obligatoria.
Mientras tanto, siguen pendientes medidas esenciales. No se ha puesto en marcha la formación en prevención que debía ofrecerse a las trabajadoras, y tampoco existe aún un protocolo frente al acoso o la violencia. En un sector donde se trabaja a solas, sin compañeros ni supervisión, estas ausencias son graves. Los riesgos reales —productos químicos mal etiquetados, esfuerzos físicos repetidos, aparatos defectuosos o tratos vejatorios— no se combaten con declaraciones, sino con herramientas concretas. Y esas herramientas siguen sin llegar.
Los sindicatos recuerdan que la prevención no puede convertirse en una simple formalidad. Debe servir para mejorar las condiciones de trabajo y para que las empleadas sepan cómo actuar ante situaciones que rara vez se denuncian por miedo a perder el empleo. La desigualdad de género y la vulnerabilidad migrante refuerzan ese silencio: quien depende del salario y carece de alternativas sabe que cualquier queja puede dejarla sin sustento.
A todo esto se suma el peso del empleo sumergido. La diferencia entre las trabajadoras dadas de alta y las que realmente ocupan el sector muestra una realidad incómoda: muchas familias siguen contratando de manera informal, aprovechando la necesidad de las empleadas o las dificultades de regularización. En esta zona gris, los derechos dejan de existir y todo depende de la voluntad del empleador. Es la reproducción doméstica de una vieja lógica: mantener el coste del trabajo por debajo de lo que dicta la ley.
La patronal intenta justificar la caída de afiliaciones señalando los aumentos del salario mínimo y otras obligaciones laborales. Es el argumento habitual cada vez que se conquista un derecho: culpar a la protección de encarecer la contratación, como si la precariedad fuera el único modo viable de organizar el sector. Pero las razones son otras. Muchas familias optan por externalizar el servicio a empresas que prometen formalidad; otras trabajadoras han encontrado empleos más estables y mejor pagados en un mercado laboral en recuperación. Cuando surge una alternativa digna, el trabajo del hogar se abandona sin dudarlo.
Ese desplazamiento muestra la verdad del sector: no se sostiene por su atractivo, sino por la falta de opciones. Si las trabajadoras salen en cuanto pueden, es porque las condiciones no ofrecen ni estabilidad ni futuro. La reducción del empleo doméstico no expresa un bienestar repentino, sino el agotamiento de un modelo basado en salarios mínimos y derechos incompletos.
España ha ratificado el Convenio 189 de la OIT, que exige igualdad efectiva para las trabajadoras del hogar. Pero su aplicación avanza a un ritmo demasiado lento. Cumplirlo implica inspecciones más firmes, reconocimientos médicos desde la sanidad pública y una vigilancia constante para evitar que los derechos queden solo en papel. Nada de esto es extraordinario: es lo mínimo para cualquier relación laboral que quiera considerarse digna.
El problema de fondo es la persistencia de una idea muy arraigada: que el hogar es un ámbito donde las normas laborales son secundarias. Esa separación ha permitido, durante décadas, que el trabajo doméstico se organice bajo criterios que no se aceptarían en ningún otro sector. Romper con esa herencia significa reconocer que en los hogares también se produce reproducción social, y que ese trabajo sostiene la vida y la economía tanto como cualquier cadena productiva.
La forma en que la sociedad trata a estas trabajadoras revela la jerarquía real de los cuidados. Se legisla con rapidez sobre sectores estratégicos, pero el empleo del hogar sigue relegado, como si fuera un asunto privado. Sin embargo, sin este trabajo nada funciona: ni la fuerza laboral que sale cada mañana a las fábricas y oficinas, ni la vida familiar, ni la continuidad de la sociedad.
El Estado ha dado pasos, pero la deuda sigue abierta. Sin mecanismos de control, sin formación efectiva y sin protección real, los avances se quedan incompletos. Lo que reclaman estas trabajadoras es sencillo: salarios que permitan vivir, jornadas claras, protección ante riesgos y un trabajo sin miedo. No piden privilegios; piden lo mismo que cualquier trabajador organizado conquistó hace décadas.
Mientras el empleo del hogar siga funcionando como un espacio donde los derechos se aplican según el empleador y no según la ley, no habrá justicia. Y mientras miles de mujeres sostengan la vida cotidiana de este país sin garantías plenas, no habrá igualdad real. Reconocer su trabajo no es un gesto; es una obligación. Porque la vida social entera se apoya en ellas, y ninguna democracia puede sostenerse sobre una injusticia tan persistente
