Agencia del Agua ve “completamente absurdo e injusto” exportar agua con la “necesidad” que C-LM tiene de ella

El director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, ha asegurado este martes que es «completamente absurdo y, además, injusto, muy injusto» que esta Comunidad Autónoma sea exportadora de agua «con la necesidad que tenemos de ella».

Durante su intervención en la Comisión de Fomento, acompañado por la secretaria general de la Consejería, Paloma Heredero, Luengo ha repasado las actuaciones realizadas por la Agencia del Agua durante esta legislatura, «en todos los campos», poniendo especial énfasis en cómo se ha «plantado cara al Gobierno de la nación» recurriendo hasta 23 trasvases del Tajo al Segura que son «técnicamente inviables e ilegales».

«Todas las transferencias de agua desde la región son ilícitas y esta es una región seca que demanda y necesita agua para su desarrollo», ha incidido, considerando que «no sería ninguna banalidad pensar qué expectativas de futuro hidrológico podemos tener en un escenario de cambio climático con unas previsiones nada halagüeñas», siendo la del cambio climático una realidad que «ha venido para quedarse».

El director de la Agencia del Agua ha recordado que el trasvase, pese a concebirse «solo para trasvasar aguas excedentarias», eso «no ha sido así» y ha advertido de que actualmente la cabecera «está prácticamente seca, yerta», a menos del 10% de su capacidad y cerca de la zona que ha denominado «del embalse muerto».

Ha apuntado, además, que a Castilla-La Mancha no le queda «más remedio que recurrir a todas las instancias jurídicas y legales que permita la normativa actual para tratar de solucionar cuestiones como la venta de derechos de cesión» de agua, seguro de que «si establecemos un mercadeo vamos a establecer una especulación enorme del agua y una burbuja hídrica insostenible».

En este punto, y después de mostrar el diputado del PP Francisco Núñez su disposición al acuerdo para volver al Plan Hidrológico Nacional y «conseguir más recursos hídricos» para la región, Luengo ha señalado que ese plan es «una obsolescencia» y que lo que tendría sentido sería un pacto del agua en defensa de los intereses de la región, que son «medioambientales y consultivos».

En cuanto a lo realizado, en materia de abastecimiento, según Luengo, se ha avanzado en la mejora de la cantidad y la calidad del agua, citando actuaciones como la conexión desde Almoguera a Toledo y a 29 municipios de la comarca de la Sagra, la conducción desde Alcorlo a la potabilizadora de Mohernando, en Guadalajara; o los trabajos realizados en la Mancomunidad del Girasol y la Campana de Oropesa.

DEPURACIÓN PARA EL CIEN POR CIEN DE LA POBLACIÓN

Sobre los programas de depuración, ha adelantado que la intención es hacer frente a la construcción y puesta en funcionamiento de 584 depuradoras con una inversión de 620 millones de euros de cara a 2020, y el objetivo de finalizar este año con el control de 230 depuradoras por parte del Gobierno.

Preguntado por el canon de depuración, Luengo ha destacado que se ha tratado «de ajustarlo», recordando que «tiene que cubrir el coste de depuración». En este punto, ha asegurado que en materia de depuración se intenta atender «al cien por cien de la población», rechazando la falta de objetividad que ha achacado el PP en las acciones realizadas.

Asimismo, el director de la Agencia del Agua ha admitido –como criticaba el PP– que hay algunos municipios que cuentan con depuradoras «sobredimensionadas» porque, en su opinión, «sobredimensionaron» sus expectativas de crecimiento y la realidad, con la crisis, es que no crecieron tanto, aunque se va a tratar de «ajustar» esa situación.

Finalmente ha asegurado que la Junta «trata por todos los medios de solucionar los problemas de abastecimiento de todos los municipios y creo que lo estamos consiguiendo de forma loable».

PODEMOS PIDE UN PACTO DE ESTADO

Desde Podemos, su portavoz David Llorente ha mostrado su acuerdo con que se recurran todos los trasvases, incluido el último «encubierto», y ha instado al Gobierno central a asumir las indicaciones del informe sobre el Tajo de los parlamentarios europeos, que supondría «revisar al alza» los niveles de cabecera.

Igualmente, ha demandado un pacto de Estado del agua, recordando que los trasvases también generan un problema de desabastecimiento en muchos municipios, como sucede con el Guadiana.

Además, el diputado de la formación morada ha solicitado no olvidar el tema de la minería de tierras raras, por su vinculación con el tema hídrico, y ha preguntado si el Gobierno ha considerado otros modelos de depuración alternativos a los actuales que supongan un menor coste.

PSOE: EL PP NO PRESENTÓ NI UN RECURSO

La diputada socialista Carmen Torralba ha defendido la labor de la Agencia del Agua durante estos dos años de Gobierno en los que ha estado «trabajando y defendiendo una planificación hidrológica más equitativo y justa» para la región, por ejemplo recurriendo esos 23 trasvases que suman «casi 400 hm3», y los cuatro planes de cuenca que afectan a Castilla-La Mancha.

Torralba, que ha reseñado que durante los cuatro años de gobierno de María Dolores de Cospedal se aprobó el trasvase de 1.642 hm3 de agua y no se presentó «ni un solo recurso», ha aplaudido el plan de depuradoras del Ejecutivo actual.

En este contexto, la socialista ha adelantado que el PSOE en el Congreso de los Diputados va a presentar próximamente una iniciativa «para que no haya cesiones intercuencas, que se sustituya el agua trasvasada por desaladoras» y que «se prohíban» las ventas de este recurso.

PP VE «DOS AÑOS DE FOTO Y PALABRERÍO»

Por parte del PP, la parlamentaria María Roldán ha lamentado que en materia de agua el Ejecutivo regional lleva «dos años y medio con una política de la foto y del palabrerío» mientras la política real «se la dejan en casa».

Roldán ha criticado que el Gobierno lleve «dos años y medio con un parón absoluto» en inversiones en este ámbito y que las pocas actuaciones que realiza son «sectarias», ya que en el 90% de los pueblos se han ejecutado donde gobierna el PSOE, destacando la falta de objetividad de la Administración en un tema en el que deberían primar los criterios técnicos.

Contestando a las críticas a la gestión del PP, ha destacado que, cuando llegaron al Gobierno, la Agencia tenía «500 millones de euros» de deuda, lo que obligó a suspender temporalmente, ha justificado, las obras en ejecución.