La delegada del Gobierno, Milagros Tolón, ha informado este jueves en la subdelegación del Gobierno de Albacete que una operación coordinada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Inspección de Trabajo ha culminado con 11 detenidos y ha desarticulado una red criminal que explotaba a 322 extranjeros e introducía personas de manera irregular en España.
La organización criminal consistía en un entramado que se aprovechaba de migrantes irregulares y los introducía a través de visados de turistas en países del espacio Schengen, para luego trasladarlos a España y usarlos como mano de obra ilícita en fincas agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia e incluso Zaragoza, según ha detallado Tolón.
La operación, denominada ‘Franciskan-Everest’ debido a que la mayoría de las víctimas eran ciudadanos nepalíes, comenzó en julio de 2024, reveló una estructura de empresas falsas y propiedades sostenidas a través de testaferros para cometer los crímenes de favorecimiento de emigración irregular y tráfico ilícito de mano de obra.
La cúpula se concentraba en Barcelona y estaba dirigida por un grupo de pakistaníes y marroquíes, que forzaban a ciudadanos de Nepal, Bangladesh y Marruecos a trabajar hasta 12 horas diarias y los hacinaban en condiciones infrahumanas con escasa ventilación y salubridad.
El entramado, además, usurpa la identidad de otros extranjeros como método de acción.
Las Fuerzas de Seguridad han realizado 8 registros en Villalgordo del Júcar y otro en La Roda, municipios de la provincia de Albacete.
El Juzgado de Instrucción de la Roda ha decretado prisión provisional sin fianza para seis de los detenidos y no se descartan más detenciones.
Tolón ha indicado que se ha activado un dispositivo integral en colaboración con Cruz Roja para atender a las víctimas debido «delicada situación de vulnerabilidad por su falta de arraigo y de recursos», y algunas han sido reubicados en otras localidades donde tenían lazos familiares.
La delegada del Gobierno ha detallado que se les ha suministrado alimentos, ropa de abrigo, alojamiento alternativo y apoyo para la regularización administrativa.
En la operación han participado cerca de 150 efectivos entre Guardia Civil, Policía Nacional e Inspección de Trabajo.
