El Gobierno de España ha aprobado este martes un real decreto que retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación digital ‘Verifactu’, inicialmente prevista para 2026. Con esta modificación, las empresas con una facturación inferior a seis millones de euros estarán obligadas a implantarlo a partir del 1 de enero de 2027, mientras que los más de 3,4 millones de autónomos deberán hacerlo a partir del 1 de julio de ese mismo año.
La medida ha sido confirmada por fuentes del Ministerio de Hacienda y adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Rac1, en la que reconoció que se trata de un compromiso adquirido con Junts per Catalunya.
‘Verifactu’, promovido en el marco de la Ley Antifraude, tiene como objetivo reforzar la trazabilidad y transparencia en los procesos de facturación, eliminando prácticas que dificultan el control fiscal, como la posibilidad de modificar facturas sin dejar rastro. A partir de su implantación, todas las facturas deberán emitirse mediante un software certificado, que genere un registro único e inalterable. Cualquier cambio deberá realizarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original.
La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de empresas, profesionales y autónomos un formulario gratuito para facilitar la emisión electrónica de facturas y el envío automático de los registros de facturación, especialmente útil para aquellos con un volumen reducido de operaciones.
Críticas de la patronal toledana
La decisión ha provocado una reacción inmediata por parte de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que ha mostrado su “estupefacción” ante el aplazamiento del sistema, al que califican de “decisión electoralista”.
“Se trata de una herramienta que se impulsó sin tener en cuenta que más del 90% del tejido empresarial español está formado por pymes y autónomos”, ha criticado la patronal en un comunicado. A su juicio, el Gobierno vuelve a legislar “como si todas las empresas fueran multinacionales”, sin valorar el impacto que este tipo de obligaciones tiene en los pequeños negocios.
Fedeto también ha expresado su malestar por la incertidumbre generada, recordando que muchas empresas ya han invertido en asesoría, formación y tecnología para adaptarse a Verifactu. “Ahora nos preguntamos qué hacemos con las pymes que se han gastado el dinero”, han señalado.
Finalmente, los empresarios toledanos han aventurado que, al haber sido paralizado por razones políticas, “Verifactu ya no se vaya a implantar”. “Si se ha paralizado en un año electoral, en 2027 tampoco saldría adelante”, han concluido.
