La llamada Transición española sigue siendo presentada, casi medio siglo después, como una obra maestra de la conciliación, un proceso modélico donde un país supuestamente fracturado, eligió el camino del consenso y derrotó pacíficamente al pasado autoritario. Esa fábula, repetida sin descanso en manuales, tertulias y homenajes oficiales, ha construido una imagen edulcorada que poco tiene que ver con lo que realmente ocurrió entre 1975 y 1982.
La Transición no fue el triunfo de la democracia sobre la dictadura, sino la reconfiguración del poder franquista bajo nuevas apariencias. Fue, en esencia, una operación de salvamento: las élites del régimen, apoyadas por el aparato militar y bendecidas por las potencias occidentales, pactaron una salida controlada para preservar sus privilegios. Esa operación tuvo cómplices y tuvo víctimas. Y entre los cómplices, lamentablemente, se situaron partes significativas de la izquierda que asumieron como inevitable lo que en realidad, era una claudicación histórica.
La traición de la Transición no es un eslogan incendiario; es un diagnóstico necesario para comprender por qué España sigue atrapada en inercias autoritarias, por qué la memoria democrática va a cuentagotas y por qué los aparatos del Estado, desde la judicatura hasta las fuerzas de seguridad, continúan reproduciendo patrones heredados del franquismo. Si la izquierda transformadora de hoy quiere construir una alternativa sólida, debe mirar de frente ese pasado, no repetir sus renuncias ni asumir la versión oficial que durante décadas se ha vendido como una epopeya pacífica.
Uno de los mitos más resistentes es el del “consenso”. Se nos ha explicado que la Transición fue un pacto entre iguales, que franquistas reformistas y oposición democrática, se sentaron en una mesa para compartir renuncias en beneficio del conjunto del país. Pero la realidad fue otra. El poder real lo tenía una estructura estatal diseñada por el franquismo y protegida férreamente por los altos mandos militares. La correlación de fuerzas no era equilibrada: la oposición venía de la cárcel, del exilio o de la clandestinidad; el régimen controlaba el Ejército, la policía, los tribunales, los medios y la economía. Hablar de pacto, en estas condiciones, es una forma elegante de ocultar que la oposición aceptó condiciones impuestas bajo amenaza de involución.
Este desequilibrio se manifestó de manera clara en dos elementos: la Ley de Amnistía de 1977 y la reforma política dirigida desde arriba. La amnistía ha sido defendida durante años como un triunfo democrático, porque liberó a presos políticos y permitió la vuelta de exiliados.
Pero también implicó la impunidad total para los crímenes de la dictadura, algo inédito en otros procesos de salida del autoritarismo. No hubo Comisiones de la Verdad, no hubo depuración de responsabilidades, no hubo justicia para los miles de represaliados. El aparato del Estado siguió intacto. Jueces franquistas pasaron a ser jueces democráticos sin mover un papel. Torturadores conocidos fueron ascendidos o jubilados con honores. La policía política del régimen, lejos de desaparecer, se recicló en cuerpos de seguridad del nuevo Estado. Y todo ello se justificó en nombre de una supuesta reconciliación nacional que en realidad fue una imposición desde arriba.
El otro pilar de la operación fue la reforma política controlada por el propio franquismo. En lugar de un proceso constituyente nacido de un mandato popular, lo que hubo fue una reforma de las leyes franquistas promovida por las élites del régimen.
La Constitución de 1978, aunque democrática en su contenido general, nació de esa dinámica, y sus límites son visibles hasta hoy: la monarquía impuesta, la sacralización de la unidad territorial, la posición privilegiada de las fuerzas armadas, la continuidad del poder judicial y económico. Todo esto, no fue fruto de un debate libre, sino de la presión explícita del Ejército, que dejó claro que no permitiría cambios sustanciales. Los episodios golpistas, desde los atentados de la extrema derecha hasta el 23F, actuaron como recordatorio permanente de quién fijaba las reglas.
En este contexto, la actitud de una parte de la izquierda resultó determinante. Tanto el PSOE como el PCE optaron por aceptar las condiciones impuestas, renunciando a sus programas históricos y asumiendo que la democracia, solo sería posible si se mantenía intacto el armazón del Estado franquista.
En el caso del PCE, la renuncia al republicanismo, al marxismo y a la ruptura democrática simbolizó el abandono de décadas de lucha antifascista. Esa mutación fue presentada, según el eurocomunismo de Santiago Carrillo, como un gesto de responsabilidad histórica, pero en realidad supuso desarmar ideológicamente al movimiento popular y dejar la iniciativa en manos del reformismo conservador.
La traición de la Transición sigue teniendo consecuencias. La falta de depuración permitió que la judicatura mantuviera un sesgo autoritario que todavía se percibe en decisiones judiciales profundamente ideológicas. La policía arrastró prácticas heredadas de la represión franquista, visibles en los años ochenta con la guerra sucia y aún palpables en ciertos comportamientos institucionales. La monarquía quedó blindada como pieza clave del sistema, pese a su origen en la designación personal de Franco. Y la izquierda institucional, atrapada durante décadas en la lógica del consenso, evitó cuestionar de raíz este modelo.
Sin embargo, desde hace algunos años, una nueva izquierda transformadora ha iniciado un proceso de revisión crítica que resulta indispensable.
No se trata de idealizar rupturas imposibles ni de repetir discursos del pasado, sino de reconocer que la Transición no fue el punto de llegada de la democracia, sino un punto de partida condicionado, limitante y, en muchos aspectos, fallido. Esta revisión no implica negar los avances sociales, económicos y políticos logrados en las últimas décadas, sino entender que esos avances se consiguieron pese a las estructuras heredadas del franquismo, no gracias a ellas.
Hoy, cuando la extrema derecha se presenta como heredera orgullosa del franquismo y, cuando sectores de poder siguen apelando al espíritu de la Transición para frenar cualquier cambio, revisar críticamente ese periodo es un acto de higiene democrática. La izquierda transformadora no puede permitir que el relato oficial siga siendo el único válido.
Necesita reconstruir una memoria honesta que reconozca las luchas populares, los sacrificios del movimiento obrero, las reivindicaciones de las nacionalidades históricas y, sobre todo, las oportunidades perdidas por aceptar un marco político impuesto.
La traición de la Transición no fue solo un pacto de silencio sobre el pasado; fue también una renuncia al futuro. Renuncia a una democracia más profunda, a una justicia social efectiva, a un reparto real del poder. Hoy, esa renuncia se está revirtiendo, poco a poco, gracias a movimientos sociales que cuestionan la sacralización de la Constitución del 78, a la recuperación de la memoria histórica y a la aparición de nuevas generaciones que no aceptan que la democracia sea un regalo concedido por las élites del franquismo reciclado.
Entender esta traición no es un ejercicio académico; es una herramienta para el presente. Solo una izquierda que asuma esa revisión con honestidad será capaz de plantear una alternativa sólida frente a los poderes que siguen bloqueando cualquier avance estructural.
Si la Transición fue una operación para mantener intacto el núcleo del poder, la tarea de la izquierda transformadora de hoy es, precisamente, abrir ese núcleo, democratizarlo y convertirlo por fin en algo que nunca llegó a ser: un proyecto al servicio de la mayoría social.
