Una mañana cualquiera, un ciudadano intenta solicitar una ayuda pública desde su móvil. En lugar de una cola física, le espera una digital: pantallas que se congelan, certificados que no se reconocen y formularios que caducan al mínimo descuido. No hay papeles ni sellos, pero sigue habiendo espera. La transformación digital del sector público, celebrada como símbolo de progreso, todavía camina entre la eficiencia prometida y la frustración cotidiana.
La digitalización de la administración no es un experimento reciente. En 2025, se ha convertido en una prioridad de Estado, un proceso que redefine la relación entre el Gobierno y los ciudadanos y que, al mismo tiempo, pone a prueba la capacidad institucional para adaptarse a un nuevo paradigma tecnológico.
El impulso institucional: tecnología como soberanía
La clausura de la 19ª edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) dejó un mensaje claro: el futuro del Estado pasa por su infraestructura digital. En ese contexto se anunció la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad, dependiente de la Presidencia del Gobierno, con el objetivo de coordinar la defensa tecnológica del país. No es una simple apuesta por la eficiencia: es una cuestión de soberanía.
En paralelo, el Plan España Digital 2026 y la actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad han definido una hoja de ruta ambiciosa. Tres ejes la sostienen: consolidar el ecosistema digital, fomentar la innovación y reforzar la inversión. Más de 1.157 millones de euros se destinarán a fortalecer la seguridad cibernética, proteger infraestructuras críticas y blindar los servicios públicos frente a ciberataques cada vez más sofisticados.
“El ciberespacio ya no es un ámbito técnico, sino político”, explicaba recientemente un experto del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Desde su sede en León, el organismo ha ampliado su plantilla un 26 % en tres años y cuenta con un presupuesto reforzado. El crecimiento de INCIBE simboliza una tendencia más amplia: la necesidad de que el Estado funcione como una red resiliente, no como una suma de despachos aislados.
El ciudadano digital: trámites sin ventanilla
Más allá de los grandes planes, la digitalización se mide en gestos cotidianos. Barcelona, con su programa “Barcelona Fácil”, representa una de las experiencias más avanzadas. Su meta es ambiciosa: que en 2027 el 95 % de los trámites municipales puedan realizarse de forma digital, frente al 80 % actual.
El proyecto, dotado con 7,8 millones de euros, busca algo más que rapidez. Simplifica el uso de certificados digitales y promueve la interoperabilidad entre administraciones, es decir, que los sistemas “se hablen” entre sí y eviten al ciudadano repetir información una y otra vez. Una lógica que podría extenderse a ámbitos como el agua, el transporte o los servicios sociales.
El impacto potencial es claro: menos burocracia, más accesibilidad. Pero también plantea una cuestión esencial: ¿hasta qué punto la digitalización está realmente al servicio del ciudadano y no al revés?
Beneficios visibles, sombras persistentes
Los beneficios de esta transición son tangibles.
La eficiencia operativa se incrementa al automatizar tareas repetitivas y reducir errores humanos. La transparencia mejora gracias a sistemas que registran cada acción, fortaleciendo la rendición de cuentas. Y la toma de decisiones basada en datos permite detectar cuellos de botella o evaluar políticas públicas con más rigor.
Sin embargo, no todos los indicadores son tan positivos. La digitalización del Estado enfrenta una serie de tensiones que aún no se resuelven:
- Infraestructura crítica: La red eléctrica española opera al 83,4 % de su capacidad, lo que puede limitar el despliegue de centros de datos y servicios digitales.
- Desigualdad tecnológica: No todas las entidades locales cuentan con los recursos o la conectividad necesaria para seguir el ritmo del cambio.
- Sistemas heredados: Plataformas antiguas o incompatibles ralentizan la interoperabilidad entre organismos.
- Brecha digital: Una parte de la población carece de formación o medios para acceder a los nuevos servicios.
El riesgo, como apuntan diversos analistas, es evidente: digitalizar procesos ineficientes sin rediseñarlos no elimina los problemas estructurales, solo los acelera.
Las tres claves del cambio: personas, estándares y seguridad
Para que la transformación digital no se limite a un cambio estético, los expertos coinciden en tres prioridades.
La primera es empezar por proyectos piloto. Probar en entornos acotados permite corregir fallos y escalar soluciones efectivas. Así lo hizo la administración danesa, pionera en servicios públicos digitales, al introducir la figura del “sandbox regulatorio”: espacios de experimentación para innovar sin riesgo sistémico.
La segunda, priorizar la interoperabilidad. La digitalización solo tiene sentido si el ciudadano no percibe fronteras entre administraciones. Esto requiere adoptar estándares comunes, una arquitectura de datos compartida y protocolos abiertos que garanticen la comunicación entre sistemas.
La tercera, y quizá más decisiva, es invertir en talento y seguridad. La tecnología no se sostiene sin personas formadas ni sin una cultura de cambio institucional. La ciberseguridad, además, debe integrarse desde el diseño. “No se trata de proteger un sistema informático, sino de proteger la confianza del ciudadano en su administración”, resumía un técnico de la Agencia Española de Protección de Datos.
La frontera invisible de la exclusión digital
El verdadero reto de esta nueva administración no está en los servidores, sino en las personas que quedan fuera.
Según el INE, casi un 25 % de la población española mayor de 65 años no usa internet de manera habitual. En zonas rurales o con baja conectividad, las dificultades se multiplican. En esos entornos, la desaparición de las oficinas físicas o la reducción de la atención presencial puede equivaler a una nueva forma de exclusión administrativa.
El derecho a no digitalizarse, que algunos juristas comienzan a reivindicar, se perfila como el contrapeso necesario de una transformación que, si no se gestiona con sensibilidad, corre el riesgo de dejar atrás a quienes más necesitan los servicios públicos.
Más allá del trámite
El éxito de la digitalización estatal no se medirá por el número de certificados en la nube, sino por la calidad de la relación entre el ciudadano y su administración.
Menos formularios, más empatía. Menos burocracia, más comprensión del tiempo y las limitaciones de las personas.
España avanza con pasos firmes. El Centro Nacional de Ciberseguridad, el Plan España Digital 2026 y proyectos locales como “Barcelona Fácil” demuestran un compromiso real con la modernización. Pero el reto, en el fondo, es cultural antes que tecnológico: construir una administración que piense como un ciudadano y actúe como una red.
Quizá entonces, cuando alguien solicite una ayuda pública y todo funcione a la primera, podamos decir que la revolución digital del Estado habrá cumplido su promesa: hacer que la tecnología sirva a las personas, y no al revés.
